Primera parte

La pandemia del coronavirus en México ha originado alrededor de 2 mil 700 toneladas de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), de acuerdo con los parámetros de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, involucrada en su manejo y la cual calcula la generación promedio de 2 kilos de este tipo de desechos por cada enfermo.

Para obtener esta cifra, Crónica consideró el número de casos confirmados por el gobierno federal mediante una prueba (poco más de 96 mil), sin importar si han sido hospitalizados o ambulatorios, y se ajustó a 14 días de duración de los síntomas -como refieren las autoridades sanitarias-, aunque ha habido contagiados con más tiempo en cama o atención médica. No se contempló a quienes han sorteado los padecimientos en casa, sin examen diagnóstico de por medio. El mismo método ha sido usado por la propia Semarnat para deducciones anteriores.

Como en otros asuntos, el COVID-19 ha acentuado rezagos históricos en el tema de RPBI, con un signo adicional de alerta: ante su desbordante número, ¿dónde están siendo depositados?, ¿qué nivel de riesgo representa su disposición ilegal para la salud pública?...

Tras una búsqueda de pistas en los meses de la emergencia, proliferaron los hallazgos de residuos tirados en lotes baldíos, terrenos abandonados, reservas ecológicas, áreas naturales, parajes, bosques, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua. Como reflejo de los días de alarma, también se documentaron casos en áreas públicas de colonias populares, condominios médicos, estacionamientos y hasta en autopistas, como ocurrió el pasado 21 de mayo en el kilómetro 22 de la carretera México-Puebla, en dirección a la Ciudad de México.

Más allá de la clandestinidad, se han conocido casos irregulares hasta en supuestos establecimientos con permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dos instancias federales relacionadas con la supervisión en la materia.

Ahí está el expediente -tercera semana de mayo- de un aparente centro de acopio en el municipio poblano de Cuautinchán, en el cual se encontraron residuos desparramados en el suelo, a cielo abierto, y en una bodega excedida de líquidos hemáticos y otros desperdicios biológicos; carecía de documentación sobre impacto ambiental y del equipo o condiciones necesarias para un tratamiento adecuado.

Conforme a la investigación en curso, ya en el terreno de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos contra el ambiente y la gestión ambiental -contemplados en el Código Penal Federal-, el establecimiento pertenecía a la compañía Exitium Tratamientos Ecológicos: había recibido permiso para instalar una planta de triturado y esterilización de RPBI en julio de 2018, aunque su nombre ni siquiera aparece en el directorio de empresas autorizadas publicado en la página de Semarnat, lo cual ofrece rastros sobre el desorden en este ámbito.

Las descargas ilícitas de decenas de toneladas infecciosas no se limitan a Puebla. En el lapso de la enfermedad, también se registraron en Durango, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala.

LAGUNAS Y COSTOS. El turbio panorama remarcado por el coronavirus encierra omisiones de las dependencias implicadas, falta de personal encargado de vigilancia, deficiencias en los procesos de almacenamiento, recolección, transporte y destino final, lagunas legislativas, negocios sucios o encubiertos y hasta la negativa de empresas para brindar el servicio en estos tiempos de apremio, con el argumento de la seguridad.

Con ayuda de médicos, este diario constató el rechazo de dos empresas -con aval vigente- para recoger RPBI en Atizapán de Zaragoza, Edomex, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre los estados con mayor caos hospitalario por la pandemia.

“No estamos recolectando esas cosas, ni residuos patológicos ni cepas. Es por seguridad de todos, la situación está más complicada de lo que dice el gobierno de la 4T, hemos conocido muchos casos de defunción y contagios. Sabemos que la mayoría de los lugares están generando el triple, pero nos estamos limitando a punzocortantes y no anatómicos, y eso, bien sellados, con doble bolsa; de lo contrario, no nos llevamos nada”, respondió el encargado de la empresa mexiquense, mientras la representante de la chiapaneca, objetó:

“Los residuos de COVID se están manejando de manera especial, no es tan fácil, y el costo tampoco es el mismo”. Se comprometió a compartir una cotización; pese a la insistencia, jamás la envió.

“El problema ahora es el excesivo volumen de estos residuos en las unidades de atención médica, hospitales y clínicas. Si en la normalidad, antes del COVID, se generaban cantidades muy altas que no eran manejadas adecuadamente y aparecían en ríos, terrenos o franjas boscosas, ahora nadie se está dando abasto: ni los hospitales en sus zonas de almacenamiento, ni las empresas que se dedican a recolectarlos y transportarlos, ni las que se dedican a la incineración, que no pueden recibir todo”, dice el especialista Christopher Magloire Ortiz Vidal, con experiencia de más de 20 años en el ramo y consultor de Ingeniería Especializada en Seguridad Industrial y Medio Ambiente (Iesima).

“Lo están sacando o tirando de manera ilegal. Si de por si se daba la clandestinidad, ahora se multiplicó. La pandemia ha venido a desbordar la red”.

-¿Cuál ha sido el móvil histórico de estas descargas ilícitas? -se le pregunta.

-El monetario. El disponerlos de manera apropiada tiene un costo para unidades médicas, tanto públicas como privadas. A mayor nivel, es más el gasto a realizar y muchos tratan de ahorrar dinero: los tiran en un predio que vieron abandonado y les quitan cualquier etiqueta que los pueda vincular, a costa de la salud poblacional.

El costo depende de la cantidad generada, de la distancia de transportación y del perfil de las empresas, cuya mayoría cobra por kilo, además del flete e insumos, como bolsas o recipientes.

Proliferan los hallazgos de residuos tirados en lotes baldíos, terrenos abandonados, reservas ecológicas, áreas naturales, parajes, bosques, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua.

Por medio de la consulta a diversas compañías, este reportero pudo establecer un rango de precios de entre 300 y 3 mil pesos por flete; y de entre 10 y 30 pesos por kilo recolectado. Hay centros hospitalarios con cientos de kilogramos producidos en unos cuantos días.

Pero la adversidad hoy no sólo es cuestión de dinero, sino de la desmesurada cantidad de residuos, de los vicios y vacíos del sistema…

LO QUE DICE EL CODIGO PENAL FEDERAL

Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental

Artículo 414.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a recursos naturales, flora, fauna, ecosistemas, calidad del agua, suelo, subsuelo o ambiente.

TIPOS DE RPBI

Según la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, la cual establece requisitos para su separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, pueden ser:

*Sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos

*Patológicos (tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven, muestras biológicas)

*No anatómicos (jeringas, agujas, gasas, torundas, compresas u materiales textiles de curación o absorbentes, así como cubrebocas)

*Objetos punzocortantes

Los establecimientos generadores de residuos están divididos en:

Nivel 1: unidades hospitalarias de 1 a 5 camas; laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día; unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de toma de muestras para análisis clínicos. Tienen máximo 30 días para deshacerse de ellos.

Nivel 2: unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas; laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día; establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes. Tienen máximo 15 días para deshacerse de ellos.

Nivel 3: unidades hospitalarias de más de 60 camas; centros de investigación experimental en enfermedades infecciosas; laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día, y establecimientos que generen más de 100 kilos al mes. Tienen máximo 7 días para deshacerse de ellos.

ijsm