Aleida Azamar Alonso*

Durante los miles de millones de años de historia de este mundo, en la que los seres humanos tan solo hemos existido durante un breve suspiro, han sucedido extinciones masivas y/o cambios climáticos abruptos, seguidos de apacibles periodos en los que florece la vida. Estos eventos suelen ser empleados como pautas para identificar el fin e inicio de las eras geológicas, y la era que favoreció el desarrollo y sedentarismo de nuestra especie se conoce como Holoceno, misma que data de hace más de 12 mil años.

Hasta hace poco no había sucedido algún evento lo suficientemente grave como para pensar que se había transitado hacia otra época. Sin embargo, a principios de este siglo comenzó un álgido debate sobre los traumáticos cambios ambientales y sociales que estamos provocando como especie al planeta con nuestras capacidades de producción y consumo.

La crisis climática que ha devastado la integridad ecológica durante el siglo XX se planteó como el punto de inflexión para discutir sobre si se debía o no hablar de una nueva era geológica, lo que hizo que nacieran los conceptos de Antropoceno, Capitaloceno y otros más que intentan identificar a los actores principales de los cambios negativos que están sucediendo en la actualidad.

Más allá de la innegable gravedad en la que se encuentra el ecosistema global derivado de nuestro actuar colectivo o del modelo productivo que nos rige, resulta más que evidente que son las poblaciones en vulnerabilidad económica y social las que sufren de los principales impactos de esta crisis, siendo el incremento en el número de enfermedades infecciosas graves uno de los ejemplos más claros. Además del actual COVID-19, solamente en este siglo han sucedido al menos otras seis importantes enfermedades (SARS, 2002; gripe aviar, 2005; gripe porcina, 2009; MERS, 2012; ébola, 2014 y, Zika, 2015), con miles de víctimas concentradas entre las personas más pobres de los países subdesarrollados. No es casualidad que en su mayoría estas enfermedades hayan salido de zonas rurales y periurbanas donde abundan los megacomplejos agroindustriales.

El COVID-19, es primero, un evento pronosticado desde hace más de una década por diversos especialistas en el análisis de estas enfermedades, puesto que se trata del resultado directo del agresivo crecimiento productivo de las agroindustrias en territorios silvestres y empobrecidos donde las personas y los animales de granja se mezclan y se ven afectados con la fauna local de la que se sabe poco, favoreciendo el desarrollo de este tipo de padecimientos.

Segundo, es un evento que ha puesto al descubierto la más que limitada capacidad de los sistemas de salud públicos y privados para enfrentar lo que probablemente sea uno de los muchos padecimientos de este tipo que volveremos a ver en el futuro. Tercero, ha visibilizado el abandono de las personas en las zonas rurales y en la periferia urbana donde se concentra el mayor nivel de vulnerabilidad.

Las comunidades campesinas e indígenas carecen de las mínimas capacidades institucionales para enfrentar este evento y aún así las ciudades y los mercados económicos dependen de éstas para nutrir los procesos industriales internacionales con materias primas y alimentos. Es cierto que son las grandes agro empresas las que aportan el grueso de la producción de estos bienes, pero lo hacen apoyándose en lo barato que resulta el territorio y la mano de obra.

Las adversas condiciones en las que sobreviven los pobladores rurales y de la periferia urbana son resultado de la exclusión económica de este sistema para empobrecerles y abaratar los costos empresariales, lo que ha conducido al desarrollo de monocultivos y agroindustrias carentes de las mínimas medidas de seguridad. Si estamos transitando hacia otra era debido al castigo ambiental, lo haremos sobre una pila de cadáveres de personas pobres, lo que es responsabilidad directa de este sistema económico fundamentalmente inequitativo.

Y es que si bien el COVID-19 ha provocado dolorosas pérdidas entre todos los estratos económicos, si se revisan a detalle los datos de la tasa de mortalidad entre las comunidades más pobres, periféricas y rurales, es casi siempre del doble o superior de quienes viven en condiciones superiores a la media. No es la intención de este artículo ponderar el valor de la vida dependiendo de los ingresos, sino señalar la evidente concentración de recursos médicos o económicos que excluyen y limitan la atención de quienes carecen de ingresos.

Esta enfermedad es una de las mejores alegorías del capitalismo moderno, pues mientras parece que castiga a todos por igual, en realidad se ensaña con quienes carecen de medios para refugiarse tranquilamente en sus casas, favorece la creación de negocios que crecen a costa de la muerte y al mismo tiempo se convierte en la mejor excusa para que se intensifiquen las violentas condiciones de empobrecimiento e inequidad a través de la reducción de costos (recorte de salarios y mano de obra, flexibilidad en los costos ambientales, entre otros) para salvar a la economía capitalista.

Si como especie logramos superar esta situación de crisis autoprovocada, será necesario realizar un análisis de lo que nos trajo hasta aquí, a la normalización de la muerte entre los más desfavorecidos, a la repartición de responsabilidades colectivas sobre una consecuencia de la que están completamente conscientes tanto las empresas como los Estados. Por lo anterior, es necesario discutir como colectividad qué es lo que sigue y si realmente vale la pena pagar estos costos y riesgos de vida solamente para mantener a este sistema.

*Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica.

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