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Credencial para votar

Credencial para votar | La Crónica de Hoy

 

 

Distintas cerraduras se deben abrir

con diferentes llaves

Proverbio chino

 

El viernes pasado el Instituto Nacional Electoral informó de la conclusión de la licitación para producir la nueva credencial para votar. La empresa Veridos obtuvo el contrato —que se suscribirá el próximo 12 de julio—; estará vigente del 2 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2024. El contrato establece un costo máximo de 945.8 millones de pesos por la emisión de hasta 81 millones 676 mil identificaciones. Cada plástico costará $ 0.6 dólares ($ 11.52 pesos al tipo de cambio actual). Las credenciales emitidas tendrán una vigencia de 10 años. El tema es, sin duda, polémico y atraerá la atención de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y de Sergio Gutiérrez Luna, Diputado Federal de Morena a cargo de la reforma electoral.

Conviene recordar que la vigente Ley General de Población otorga a la Secretaría de Gobernación, en sus artículos 85 y 86, la facultad de registrar y acreditar a todas las personas residentes en el país, y a los nacionales que residan en el extranjero, en un Registro Nacional de Población.

Por otra parte, el uso de la credencial para votar, como medio de identificación oficial, proviene de una disposición transitoria. El artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de esa Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1992, señala que: “En tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, esta credencial (para votar con fotografía) podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral.”

Además, el registro de los electores en México proviene de una añeja disposición legal. Las “Reglas para las elecciones de diputados y de Ayuntamientos del Distrito y Territorios de la República” de Julio 12 de 1830, disponen —en su artículo 8— que: “… se empadronará a los vecinos de cada manzana o sección, que tengan derecho de votar ...”

Cinco días antes de que se anunciara el inicio del proceso licitatorio del 30 de abril, el presidente del INE se manifestó en contra de la propuesta de una nueva cédula de identificación debido, dijo, a que se cuenta con la credencial para votar para poder certificar la identidad de las personas. Argumentó que es un mecanismo que tiene un blindaje político, ya que los partidos son los auditores de ese mecanismo.

Es precisamente ese punto el que, a mi juicio, torna inviable que la credencial para votar con fotografía perdure como mecanismo de identificación oficial. Se entiende que los partidos vigilen todos los extremos de la organización de las elecciones. Entre ellos, la identidad de los electores; pues es crucial para garantizar la universalidad del voto. Pero eso, nada tiene que ver con que los partidos auditen la identidad de todos los mexicanos, incluyendo a los menores de edad. No sólo porque no hay razón válida que lo justifique, sino también porque hay antecedentes de casos acreditados y sancionados, de que algunos partidos no han salvaguardado la confidencialidad de esos datos y han propiciado que se filtren indebidamente a sitios públicos, poniendo en riesgo la integridad personal y patrimonial de las personas.

Por otra parte, a pesar de los plausibles esfuerzos de la autoridad por acrecentar las medidas de seguridad de la credencial para votar, es un hecho que la acreditación de la identidad personal, únicamente mediante credenciales de ese tipo, tiene deficiencias estructurales que la han vuelto obsoleta.

Para entenderlo, hay que tener claro que la seguridad de ese mecanismo se asienta en tres factores a cargo del revisor, quien: 1) deberá constatar la correspondencia entre el portador y la credencial; 2) deberá garantizar que la credencial sea legítima y no una falsificación y 3) deberá actuar de buena fe. Este último elemento es crucial, pues si alguien que ofrece un bien o servicio es cómplice de quien es portador de una identificación falsa, o que no le pertenece, dará por buena la identificación y admitirá la operación en perjuicio de un tercero. Es, en ese contexto, que se ha extendido el robo de identidad (que ocurre en un 67% de los casos por pérdida de documentos; en un 63 % por el robo de las carteras que los contienen y en un 53% por información tomada directamente de una tarjeta bancaria).

No es por ello extraño que, a la luz de esas fisuras, actualmente, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, se extienda la acreditación de la identidad por medios biométricos (rostro, huella dactilar, iris). De ello da muestra el hecho de que el pasado 29 de diciembre de 2018, el presidente de la Asociación de Bancos de México informara que los bancos con operaciones en el país acordaron crear una base de datos biométricos compartida que contendrá la información de los clientes. Su objetivo es tener un sistema de identificación único y, para alcanzarlo, la Banca buscará la colaboración del Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo con los procedimientos vigentes las instituciones financieras tendrán que cotejar las huellas digitales con las bases de datos del organismo electoral. Actualmente el INE resguarda los datos biométricos (huellas dactilares y rostro) de 90 millones de mexicanos.

¿Por qué, entonces, no establecer, desde ahora, los mecanismos institucionales de identidad personal con herramientas acordes con las nuevas condiciones de nuestra realidad y el auxilio tecnológico disponible; que serían sustancialmente más económicos que los actuales?

 

@rodolfo_torresv

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