El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas investigan una red de administradores y subadministradores aduaneros dedicada a facilitar el cruce de camiones con mercancía diversa, sin pago de impuestos.

Este modo de operación, consolidado desde sexenios anteriores aunque extendido al actual gobierno y aún sin freno, se concentra en las garitas de las fronteras con tráfico terrestre, en especial las del norte del país.

De acuerdo con las indagatorias, el pago realizado por bandas del crimen organizado o células de contrabandistas por cada camión filtrado fluctúa entre 10 y 15 mil dólares, aunque por la cantidad de cruces al día —entre 40 y 50 unidades— el botín supera los 20 millones de dólares al mes.

La figura clave en este entramado delictivo es el del subadministrador, brazo derecho del jefe aduanal, y quien juega el papel de “operador”: es el encargado de negociar el embarque de camiones, llamados en la jerga aduanera “fantasmas o negritos”.

“Es dejar pasar un camión repleto de contrabando, mercancía sin el pago de impuestos o artículos ilícitos como armas, droga o dinero, a cambio de una cantidad fijada previamente. La negociación incluye pactar la fecha y hora del cruce”, explicó uno de los denunciantes en la Aduana de Tijuana, una de las más cotizadas para el mercado criminal.

El círculo delictivo se cierra con un tercer participante, cuya tarea es procesar los pedimentos, los cuales sirven para demostrar el pago de contribuciones al SAT. Cuando el camión llega a la garita, el chofer sólo entrega hojas en blanco y el cómplice simula procesarlas en el sistema MACT-E (Módulo de Administración Tributaria de Comercio Exterior). Habitualmente esta acción se realiza con ayuda de una pistola para escanear el código contenido en el documento fiscal.

“Es como si te formaras en la caja de un supermercado atendida por una cajera que es tu amiga o vecina. Previamente acordaste con ella que vas a llevar comida y ropa por valor de dos mil pesos, le dijiste que vas a pasar a las dos de la tarde y que sólo escaneará los productos menos costosos. Cuando llegas, ya está esperándote en la caja, escanea algunos artículos y terminas pagando 100 pesos en lugar de 2 mil; negociazo, aunque sabes que a tu amiga le tendrás que dar una parte del dinero. Así es como pasa en las Aduanas”, describió otro de los informantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las operaciones nunca quedan registradas en el sistema y se concreta así la evasión fiscal, al dejar de pagar los impuestos al Valor Agregado (IVA) y el general de Importación.

“Simplemente se les permite el paso, el camión se dirige a la salida y se consuma la evasión. No hay manera de que nadie más se pueda dar cuenta, los únicos que saben esto son los subadministradores de operación y sus cómplices en las garitas de cruce y salida”, según el testimonio de un administrativo de la Aduana de Mexicali, cuyo relato es parte de una de las denuncias en proceso.

“Dentro de los camiones filtrados viene cualquier mercancía que pueda uno imaginar, desde productos industriales como textiles, juguetes y zapatos hasta computadoras, teléfonos, tabletas, electrodomésticos y otros artículos de tecnología, pero las grandes ganancias están en el armamento, drogas y dinero en efectivo”.

—¿Y los administradores? —se le preguntó.

—No hay duda que tienen conocimiento de esto, lo ordenan a su hombre o mujer de confianza, que en este caso son los subadministradores, quienes regularmente han estado trabajando con ellos desde tiempo atrás. Esto se maneja siempre en dúo. En los gobiernos anteriores pasaban mucho tiempo en una sede, y luego se iban a otra para aparentar, pero así, se rolaban en pareja, y algo que también ha sido común es el intercambio de subadministradores, ya adiestrados en las tranzas: yo te mando al mío y tú me mandas al tuyo.

—¿Y qué ha pasado en el actual gobierno?

—Corrieron a muchos administradores, pero no a todos. En Baja California, por ejemplo, sólo los cambiaron de lugar o se dio el trueque de subadministradores, pero no ha habido un ataque de fondo. O quitaron al jefe, pero dejaron a su operador, y sigue la misma robadera.

En la administración lopezobradorista se implementó un esquema de denuncias vía teléfono, correo y aplicación móvil. Entre las acusaciones se ha ventilado también la compra de aduanas por parte de bandas delincuenciales, para tener exclusividad en las transacciones y colocar a cómplices en la nómina oficial. Se le llama abrir la aduana y ellos son considerados dueños de la plaza…

¿Limpieza simulada?

El 17 de junio fue ventilada en la conferencia presidencial una investigación por corrupción en contra de Alejandro Miramontes Armenta, designado como Administrador de la Aduana de Mexicali. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió llegar a las últimas consecuencias, aunque fue hasta principios de septiembre cuando en las instalaciones aduaneras se filtró la noticia de su destitución. Sin embargo, su nombre continuó apareciendo hasta finales de mes en la nómina gubernamental.

Conforme a la base de datos de la Función Pública, desde finales de septiembre el puesto es ocupado por Raymundo Humberto Jiménez Salazar, quien ha sido brazo derecho de Armenta desde hace varios años: fue su subadministrador en Ciudad Juárez antes de llevarlo a Mexicali y su nombre también ha sido referido en las indagatorias por sobornos y contrabando.

Jiménez también ha sido hombre de confianza de Ema María Viridiana Soria, hoy Administradora de la Aduana de Tijuana y con quien igual había trabajado en Juárez. Soria también ha sido relacionado con actos de corrupción, en especial por industriales maquiladores.

“Le están mintiendo al presidente sobre la limpieza, o  Ahued (Ricardo, quien a partir de junio es titular de la Administración General de Aduanas) no se ha dado cuenta de las tranzas, pero en realidad Jiménez siempre ha sido operador de asuntos ilícitos, acaba de comprar una cadena de restaurantes que no podría justificarse con el dinero que percibe”, se señala en una de las denuncias enviadas al SAT.

En Baja California están las aduanas de Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada, y todas continúan con operadores de administraciones anteriores.