Opinión


Culiacán y la DEA

Culiacán y la DEA | La Crónica de Hoy

Si hay un funcionario gringo atrevido, capaz de exigirle a nuestro gobierno copia de su estrategia anticrimen, es porque hay también un Presidente de la República taimado hasta la humillación y un gobernador mendicante, dispuesto al envilecimiento por un puñado de dólares.

El subsecretario de Estado adjunto para Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley de Estados Unidos —tal es cargo, por arrogante que parezca—, Richard Glenn, tuvo la audacia de exigir “que México desarrolle y comparta con nosotros” una estrategia integral para confrontar al crimen organizado.

Este insolente empleado de Donald Trump habló el miércoles, ante el Subcomité para América Latina de la Cámara de Representantes, cuando en Culiacán aún no se disipaba el olor a pólvora del operativo chambón que, según todos indicios, armó la agencia antidrogas de su país para tratar de capturar a Ovidio Guzmán.

“Lo que necesitamos es ver un compromiso político más fuerte de los más altos niveles del gobierno de México”, dijo el osado Glenn, ante cuyo arrojo, debe decirse, calza perfecta la paráfrasis “no tiene la culpa el gringo…”.

Tienen la culpa de tal audacia, eso  sí, el presidente López Obrador, vociferante ante muchos de sus adversarios domésticos, pero disimulado, apocado y colaboracionista frente a las presiones del vecino del norte en el ámbito de la migración, temeroso de malograr el nuevo TLC.

La petición del subsecretario mereció de nuestro Jefe de Estado el comedido comentario de que hace falta la cooperación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía de cada país. Y que, “funcionarios de otros países”, no deben opinar sobre asuntos que sólo corresponden a nuestro gobierno, pues “es hasta de mal gusto hacerlo”.

Con puerilidad dio por buenos elogios de Trump a él y su administración, pronunciados ante la Asamblea General de la ONU, relativos a que el gobierno mexicano es respetuoso de la soberanía de Estados Unidos, tal como el de ese país es respetuoso de la soberanía de México.

“Ésta es la postura del Presidente (estadunidense), coincide con lo que nosotros estamos diciendo; vamos a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos”, dijo, con la esperanza inútil de ablandar a Trump.

A estas alturas de la historia, López Obrador ya debería saber que el grosero, primitivo e intemperante Trump, es impredecible e irrefrenable. Y que, por lo mismo, no se debe soslayar la sabiduría de la fábula, según la cual equivale a bañar un cerdo en agua de colonia el tratar de adecentar ciertas gentes, pues “el que nace lechón, muere cochino”.

El desplante de Glenn también tiene explicación en el envilecimiento de Quirino Ordaz Coppel, quien limosneando dinero de la Iniciativa Mérida o enredado quién sabe en qué clase de arreglos supranacionales invitó a Sinaloa al director de la DEA, Uttam Dhillon.

Por mandato constitucional el manejo de las relaciones internacionales y el tema del narcotráfico corresponden al orden federal, por lo que este gobernador se halla en mora de explicar con mayores detalles su intervención en estos asuntos, competencia de Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo.

La sospechosa invitación oficialmente tuvo la finalidad de presentarle datos sobre la disminución en la incidencia de homicidios y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada, algo que sólo días después la realidad se encargó de desmentir patentemente.

“Mi planteamiento fue de apoyo de recursos para equipos penales y todo lo que ayuda a ir fortaleciendo los sistemas de seguridad”, explicó sin recato el gobernador, quejumbroso porque previsiblemente la partida será pequeña; pero, al final, resignado porque “lo que venga va a ser muy bueno”.

El mandatario estatal asimismo estiró la mano para solicitar recursos para capacitación policial, y solícito, le tendió alfombra roja a Dhillon y sus acompañantes, entre otros el encargado de despacho de la embajada estadunidense, John S. Creamer.

Convocados por Ordaz Coppel, al cónclave concurrieron los comandantes Maximiliano Cruz Ramos, de la 9ª. Zona Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar, de la 3ª. Región Militar, y representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, además de integrantes del gabinete estatal.

De cara a semejantes señales, es imposible dejar de suponer que el gobierno estadunidense no tuvo participación en algún bando —sin que haya sido necesariamente el de los buenos— en el enfrentamiento entre narcos y fuerzas federales que sembró el pánico en la capital sinaloense.

Renglón aparte merece en este irritante episodio la actitud de ciertos líderes de opinión —en especial algunos de quienes en su momento aconsejaron a Felipe Calderón y, desde sus espacios periodísticos, virtualmente hicieron de mariscales en la guerra contra el narco— que avalan las exigencias del desvergonzado subsecretario.

Trabajar en consonancia y con coordinación, le llaman estos expertos a la supeditación, y le dan la razón a Glenn porque, supuestamente, decenas de miles de adictos gringos mueren por drogas que se producen o cruzan por nuestro territorio. ¡Como si el grueso de esas víctimas no lo fueran en realidad de la industria farmacéutica norteamericana!

Estos periodistas de polendas, que han hecho fama y dinero con una pretendida especialización en asuntos de drogas y seguridad nacional y pública, en realidad intentan aprovechar la coyuntura para servir intereses gringos.

Aspiran a congraciarse con la DEA con tal de recibir retazos de información interesada, que de seguro presentarán luego como periodismo de investigación de hondo calado.

Respaldan la solicitud de que ejemplares de la estrategia de la 4T les sean entregados a la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado, como si los mexicanos tuviésemos acceso y posibilidad de revisión y modificación de la genuina —la genuina, no la de consumo diplomático— política de drogas y la consecuente estrategia en la materia de la potencia hemisférica.

Ni el menos desprevenido de los observadores ignora que para el Tío Sam el tema de las drogas es menos preocupación de salud pública que pretexto intervencionista y arma de presión internacional, amén de jugosísimo negocio cuyos 95 por ciento de utilidades se queda en bancos allende el Bravo.

Son numerosos, pues, los interrogantes que aún deben ser despejados, a satisfacción de los mexicanos, tanto en la esfera federal como en la estatal, si se aspira a lograr respaldo social en la lucha antidrogas frente a la asfixiante presión de Trump y los suyos.

 

 

Aurelio Ramos Méndez

aureramos@cronica.com.mx

 

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