Cuando el lunes empezaron a llegar las noticias sobre el arresto de Aung San Suu Kyi quedaba poco margen de duda sobre lo que acababa de ocurrir en Birmania: Un golpe de Estado militar. El ejército se cansó de jugar a las urnas y, tras un paréntesis de diez años donde la democracia llegó a parecer plausible, el país regresa, al menos de momento, a la dictadura militar que ya controló con mano de hierro la vida de birmanas y birmanos de 1962 a 2011.

Detrás de todo ello está el general Min Aung Hlaing, comandante en jefe del ejército desde 2011 y, en un país donde los uniformados controlan por ley el 25 por ciento del parlamento y las carteras ministeriales claves de Defensa, Interior y Exteriores, una fuerza omnipresente de la política birmana durante la última década.

Irónicamente, se suponía que Hlaing iba a jubilarse dentro de cinco meses, cuando cumple 65 años, pero ahora es el nuevo hombre fuerte del país, un concepto que se usa para definir a autócratas, generalmente militares, que acumulan por la fuerza todo el poder en un país.

GOLPISTA

También irónicamente, o quizás no tanto, Hlaing ha logrado lo que Donald Trump no pudo: Tomar el poder por la fuerza tras unas elecciones que no le gustó cómo resultaron. Birmania celebró elecciones legislativas en noviembre de 2020, y el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), ganó con un apabullante 83 por ciento de los votos. No es de extrañar, considerando la inmensa popularidad de la que la ganadora del premio Nobel de la Paz de 1991 goza, precisamente a raíz de la lucha democrática que le valió el galardón hace treinta años.

De hecho, aunque es imposible saber si el general se vio reflejado en el espejo del expresidente estadunidense, las similitudes son llamativas: Hlaing clamó que había habido fraude electoral, y aunque sus amenazas pasaron desapercibidas en los medios occidentales, lo que estaba haciendo era preparar el terreno para un golpe militar. Porque, cuando el hombre más poderoso del país, el jefe de un ejército que ya ha dado dos golpes de Estado desde que los británicos se marcharon en 1948, y ha mantenido a Birmania bajo una férrea dictadura militar durante 40 años, dice que las elecciones no fueron válidas, parece lógico echarse a temblar. Y había motivos.

Hliang acusó a Suu Kyi el miércoles de comprar un aparato telefónico importado ilegalmente, lo que le permitió mantenerla bajo arresto domiciliario durante al menos dos semanas mientras piensa en qué cargo más severo imputarle, y ante el previsible descontento popular, este jueves ordenó bloquear el acceso a Facebook en el país.

DEMOCRATIZADOR

Quizás, lo sorprendente no es lo que ha ocurrido ahora, sino que la relación entre Hlaing y Suu Kyi se sostuviera durante los últimos cinco años. Esto, considerando que el ejército forma parte del gobierno, como mencionaba, y que la LND se encuentra en la Internacional Socialista y mantuvo un ideal anti militar durante su lucha contra la dictadura.

El origen de este efímero entendimiento debemos encontrarlo en el proceso democratizador que arrancó después de que el ejército aprobara en un referéndum dudoso la Constitución de 2008, que implantaba las cuotas militares en el ejecutivo y el legislativo, y propició unas elecciones no menos fraudulentas, en 2010. Tras ilegalizar a la LDN de Suu Kyi, los comicios dejaron un gobierno títere del ejército.

Ya con Hlaing como jefe, el ejército restableció el estatus del partido de Suu Kyi y permitió que se presentara primero a las legislativas de 2012, donde arrasó, y luego a las presidenciales de 2015, en las que la líder birmana arrasó. El general se colgó la medalla de haber facilitado el primer gobierno no completamente militar en 54 años, pero, en realidad, nunca le gustó cooperar con Suu Kyi, y ahora temió perder poder después de que la LND volviera a arrasar en las urnas.

GENOCIDA

Las diferencias entre Suu Kyi y Hlaing no son totales: Han coincidido en el desprecio por los derechos humanos de la minoría musulmana rohinyá. El gobierno y el ejército birmano emprendieron en agosto de 2017 una operación que Naciones Unidas calificó como genocidio y limpieza étnica en el estado de Rakaín para oprimir una revuelta menor de la milicia independentista local. El resultado: violaciones masivas, pueblos quemados, arrasados, denuncias de la comunidad internacional y 750 mil rohinyás, la mitad de la población local, huidos al vecino Bangladés.

Tanto Suu Kyi como Hlaing niegan el genocidio. A ella, 23 activistas, incluyendo a los también ganadores del Nobel de la Paz Desmond Tutu y Malala Yousafzai, le dedicaron una carta de repudia. A él, Estados Unidos le impuso sanciones en 2019 (las habituales: le prohibió entrar al país, hacer negocios con personas o empresas estadunidenses y le bloqueó cuentas y bienes que pudiera tener allí) y Twitter le borró la cuenta.

INCERTIDUMBRE Y TEMOR

Quizás a nadie debería sorprender el golpe de Estado que ha dado Hlaing. En Birmania empezaron a conocerlo en 2009, cuando lideró una fuerte ofensiva militar contra los comunistas rebeldes de la Alianza Nacional Democrática Armada de Birmania, y un año después de que respaldara abiertamente la salvaje represión de la Revolución Azafrán, que, a raíz de un aumento del precio de la gasolina, pedía democracia y libertades. Una represión que dejó al menos nueve manifestantes asesinados, miles de detenidos y redadas violentas en templos budistas.

Hlaing ha prometido que su objetivo es convocar nuevas elecciones, pero Naciones Unidas ha rechazado el plan y ha recordado que los comicios legítimos fueron los de noviembre. Nadie saber qué ocurrirá, pero en un país que ha vivido más de cincuenta años bajo el yugo militar, la sospecha general es que al general se le pasa por la cabeza no jubilarse y disfrutar de las mieles del poder absolutista.