Lo que le pasa a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en su interacción con la gente, parece insólito. Es el responsable de los recortes presupuestales, de cerrar plazas y correr gente, de cobrar impuestos, de anunciar las “casi” recesiones económicas del país y sin embargo, cuentan, “lo han detenido en la calle algunas señoras y jubilados para decirle: “Oiga no se deje del Presidente, que no lo regañe, que no lo mangonee, que no lo contradiga en público...”.

Su respuesta simplemente es: “Le agradezco mucho su apoyo…”, dicen.

Llama la atención que se genere tal empatía por quien ocupa el rol de “malo” en la administración pública federal, que los comentarios en redes sociales sean generalmente a su favor y con una prensa especializada casi siempre considerada hacia quien apenas esta semana y nuevamente, fue sujeto de jalón de orejas por el presidente López Obrador al rechazar lo dicho unas horas antes por Herrera y establecer que, durante su gobierno, nunca estará de acuerdo con elevar la edad para el retiro y la jubilación.

Al estilo Guasón en la nueva trama introspectiva cinematográfica de Tod Phillips, lo que sucede con el titular de SHCP es que, pese a sus “maléficas” obligaciones, no ha marcado con dedo flamígero a sus enemigos, no ha fundamentado siempre (aunque lo ha hecho a veces) la situación financiera en decisiones del pasado y se ha reunido con exsecretarios de otros partidos y administraciones, lo que es de llamar la atención frente a lo que sucede en este mismo gobierno con funcionarios que lejos de fortalecer la confianza, credibilidad y empatía social con la que llegaron a la 4T, han venido sufriendo descrédito debido a las equivocaciones, pifias y aclaraciones que cometen sistemáticamente en el ejercicio de sus funciones.

Es el caso de la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Codero, sólida profesionalmente y de una reconocida capacidad intelectual, quien tras varias semanas de bajo perfil, apenas parece haber reactivado su presencia pública y recibida por los diputados con un cigrarro de mariguana como obsequio.

Ella fue la primera posición de gobierno anunciada por el entonces candidato electo Andrés Manuel López Obrador y que a lo largo de los meses reúne la mayor numeralia de equívocos o por lo menos de salidas públicas para hacer aclaraciones, ofrecer disculpas, solicitar fe de erratas, aceptar regaños públicos del Presidente o prometer que no volverá a cometer el mismo error, lo que denosta ampliamente su alto nivel, de la propia dependencia y del Gobierno al que pertenece.

La de esta semana fue también insólita. Tras su participación en la reunión anual de empresarios en León, Guanajuato, la Secretaria informó que el Presidente había decidido la salida de la Marina Armada de México de los operativos en el país y que se concentrarán sólo en puertos y litorales. Más tarde, la propia Secretaría de Gobernación debió salir en un mensaje a aclarar que esa medida sólo sería aplicable al estado de Guanajuato.

Una más. Cómo olvidar aquella de febrero pasado cuando en medio de una verdadera crisis por la omisión de su declaración patrimonial, sostuvo en conferencia de prensa matutina y ante el Presidente que ella había ordenado a la Secretaría de la Función Pública que la publicaran, porque además los más de 100 años trabajados por ella y su esposo justificaban sus bienes. El asunto que la confrontó con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval terminó por revelar que la exministra no siguió el camino correcto para hacer públicas sus posesiones.

Una joya también la de agosto reciente, cuando sostuvo ante medios de comunicación que la Segob había iniciado diálogo “con grupos de autodefensas de algunos estados del país que buscan deponer las armas y avanzar hacia la paz” para ser corregida fuertemente al día siguiente por el presidente López Obrador, quien negó cualquier posibilidad de que el Gobierno tenga alianzas con grupos armados o criminales.

Y luego, el revoltijo de la mea culpa de la propia Secretaria al afirmar primero que se había tratado de una “lamentable mala edición” de un comunicado de prensa escrito en tres partes, luego mediante Twitter defender que se trataba de autodefensas “no de grupos armados” (sic), para terminar varios días después admitiendo que obedecerían la orden del Presidente y que la idea  de negociar con esos grupos, había sido del recién integrado subsecretario Ricardo Peralta y que le había parecido buena.

Una tras otra, se suma también el desplazamiento que ha tenido la Segob de Sánchez Cordero en la toma de decisiones sobre el proceso migratorio, la forma en que el Instituto Nacional de Migración ha pasado a formar parte del mando policiaco y militar; la salida de uno de sus mejores colaboradores de la titularidad de ese instituto y el silencio que por meses había adoptado la Segob en el tema frente a la presencia apabullante del canciller Marcelo Ebrard.

Olga Sánchez Cordero, sin embargo, parece que no declara sin fundamento ni comete los tantos equívocos que se interpretan. Tampoco se equivoca al plantear en son de broma que son sus “traviesos” enemigos los que insisten en su dimisión o le añaden renuncias constantes al cargo; porque información es, sin duda, lo que más tiene en esa posición.

A decir de los militares, lo dicho en Guanajuato sobre el desplazamiento de los miembros de la Armada de México es una realidad a nivel nacional y la Secretaria no erró, simplemente se adelantó. Basta leer con puntalidad su declaración:

“La instrucción del Presidente fue que la Marina se fuera a los litorales, a los puertos, y ésta fue una instrucción que obviamente fue para toda la Marina, y que el Ejército se quedara digamos dentro del territorio. Por eso fue una decisión general, no nada más para el estado de Guanajuato” fueron sus palabras iniciales.

Nuevamente al aire, la exministra se enfrenta no sólo a la siguiente etapa de olas migratorias en el país, con más violencia, menos tolerancia y más cerca de las elecciones estadunidenses; a la lucha política electoral dentro de Morena, que no le permitirán mantenerse neutral, y a la verdadera guerra desatada entre el Poder Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial, donde ella no podrá mantenerse por mucho tiempo por la tangente, sin revelar los hilos que mecen la cuna. O, ahora sí, renunciar.