Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fue llamada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para tratar el tema migratorio, porque la dependencia que ella encabeza tiene procedimientos carcelarios y ha militarizado el caso de los migrantes. “Le voy a pedir que no se convierta en Olga, la carcelaria”, dijo Muñoz Ledo al advertir que Estados Unidos de facto nos hizo un tercer país seguro y ahora somos una jaula, luego de darse a conocer el decreto estadunidense que prohíbe dar asilo a los migrantes.

El parlamentario asistió al encuentro que Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo con los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios Frontera Norte y Frontera Sur.

En su intervención, Muñoz Ledo criticó que México haya cedido al chantaje de Estados Unido en materia arancelaria, lo que derivó en un intercambio de aranceles por carne humana, por lo que exigió que el gobierno del presidente a Andrés Manuel López Obrador dé a conocer los acuerdos firmadas con la administración de Donald Trump.

“Esta Cámara debe exigir —y exige— que sean públicos esos acuerdos”, expresó de manera enérgica el diputado de Morena.

“Hoy el señor Trump expidió una ley que prohíbe el asilo, así le llaman otras categorías legales en Estados Unidos, a personas que hayan ingresado de otro país a México. Éste es un punto de debate importante que quisiera que se aclarara.

“Significa tercer país seguro, ya no de hecho sino de derecho, y a eso sí pido que responda la Cancillería porque hace semanas, meses, que nos dijeron en la Comisión Permanente, la Secretaría de Relaciones, que no aceptaríamos el principio de tercer país; hoy se consume. Es la primera cosa a la que tenemos que responder.

Y advirtió también que el tema ahora es frenar a los polleros (traficantes de personas), porque, además, en el papel no está cumpliendo nada y en México se están poniendo campos de concentración, y en ese sentido defendió el paso de las personas de origen centroamericano, principalmente, por territorio nacional.

“Está en la Constitución, en el artículo 11 dice categóricamente que ‘toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes’. Si no acatamos, esto es simplemente violatorio de la Constitución y mucho me temo que nos estemos inclinando hacia una política (migratoria) contraria”, puntualizó Muñoz Ledo, quien pidió saber  —ante las redadas en Estados Unidos— qué están haciendo los cónsules y consulesas, como procuradores en los 50 consulados mexicanos”.

Expuso la Convención de Naciones Unidas sobre el estatuto de refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 ratificados por México en el año 2000, “y promulgamos, yo era diputado en ese entonces, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que desgraciadamente concede algunas ventajas a la autoridad, pero, en fin, permite resolver este problema.

El presidente de la Mesa Directiva indicó que es necesario en este tema de la crisis migratoria hacer crecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), porque no ha crecido.

“Una de las soluciones parciales es un crecimiento importante de Comar y de sus facultados y apoyo de Naciones Unidas para el tema del flujo migratorio”, dijo Muñoz Ledo, quien señaló, además, que la Guardia Nacional está empujando a los migrantes y no los está cuidadando.

Sobre este punto, Maximiliano Reyes explicó que la Guardia Nacional es un apoyo para los agentes del Instituto Nacional de Migración que se hacen cargo del tema migratorio.

Informó que dentro del Plan Integral de Desarrollo, puesto en marcha el sábado pasado, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) —con financiamiento internacional de dos fuentes: recursos gubernamentales y sociales. En el caso de México, la aportación es a través del Fondo Yucatán, que para este año tiene dos mil millones de pesos— ya comenzó a operar el programa federal Sembrando Vida en El Salvador, para ir generando las oportunidades de empleo de sus habitantes.

Agregó que se han iniciado pláticas con la Unión Europea y Estados Unidos para el financiamiento de este plan.