El proyecto del presidente López Obrador es restituir el presidencialismo mexicano autoritario de los años setenta al que Jorge Carpizo atribuyó facultades metaconstitucionales. Su visión del ejercicio del poder la expuso con la metáfora del florero. AMLO afirmó categórico, como justificación de su decisión de la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, que él no iba a ser un adorno más en la política nacional como sí lo fueron los presidentes del neoliberalismo.

Con este antecedente, no debiera extrañar sus ataques constantes a las autonomías constitucionales y legales que le estorban en la implantación de su proyecto político, que cada vez es más personal y caudillista. Esto no significa que carezca de apoyo popular.

La narrativa es sencilla y atractiva: los órganos con cualquier tipo de autonomía son costosos y se crearon sólo para construir burocracias y cargos donde los rémoras de siempre pudieran cobrar sueldos y asignarse prebendas.

En esta guerra por la desaparición y, en su caso, captura de los órganos con autonomía, el presidente no distingue y cual Quijote no deja títere sin cabeza cuando la obra no le gusta o es contraria a sus fantasías y con su espada desenvainada destruye el tinglado, que después su escudero, el pueblo representado por Sancho, paga al titiritero agraviado.

El presidente confunde a los órganos constitucionales autónomos INE, COFECE o IFT con una dependencia a su cargo como lo es la CRE, con un órgano descentralizado sectorizado como es el caso de la CONAPRED y con otro descentralizado no sectorizado como lo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los desprecia a todos por igual y los pone en la misma bolsa.

Un día asume las funciones del INE y el presidente se convierte en guardián de las elecciones. Otro apoya la consolidación de tres en uno (COFECE, IFT y CRE) en uno nuevo llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) debido a que gastan mucho. Otro más desconoce la existencia de la CONAPRED, cuya titular el nombró, y acepta (¿pide?) la renuncia de la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas designada por el Senado por un plazo de 5 años.

Este ataque constante a las autonomías -también incluye a la de los poderes judicial y legislativo y a la de los gobiernos estatales- pretende concentrar la toma de decisiones en su persona y su círculo cercano. En este proceso de centralización, reconoce que él y sólo él ordenó la liberación del Ovidio Guzmán – el hijo del Chapo- y manda el mensaje que nada se debe mover en la gestión de lo público si el presidente -en su calidad de máximo tlatoani- no lo conoce previamente y decide.

En este contexto, se genera el síndrome del que se “mueve no sale en la fotografía” y los servidores públicos de las dependencias, entidades y órganos autónomos se quedan expectantes de la línea que se marca en las mañaneras.

La estrategia de otorgar autonomías constitucionales y legales a diversos órganos con distintas garantías para su ejercicio como presupuesto propio, nombramiento fijo e inamovible, independencia técnica, gestión separada del Ejecutivo y no supervisada por la SHCP o la SFP, además de limitar el excesivo poder presidencial que condujo al desastre de los años ochenta, también tiene como propósito hacer más eficiente la acción del sector público y atender con base en la profesionalización y especialización a problemas complejos derivados de la globalización, la insuficiencia en la protección de los derechos de las personas y el desarrollo tecnológico.

Las autonomías otorgadas por la Constitución a diversos entes estatales no subordinados a los poderes tradicionales tienen como finalidad garantizar la función reguladora objetiva, la protección de las personas frente al poder o espacios de decisiones técnicas no influenciadas por la política o los intereses económicos. No son caprichos de una sociedad, sino una estrategia de un frente político amplio que fue acotando durante 30 años toma de decisiones unipersonales del presidencialismo autoritario.

No es conveniente que el presidente sea un florero, pero tampoco lo es que sea un cuello de botella y decida todo lo relativo a lo público. La principal misión del Poder Ejecutivo es orientar y, en su caso, inducir la acción de lo público con la fuerza que tiene como jefe de gobierno, pero no debe acumular nuevamente las facultades de los órganos constitucionales autónomos o subordinar a los otros poderes.

Lo anterior es suficiente razón para que la sociedad luche por las autonomías conquistadas y para que exija que se revise con cuidado la propuesta de desaparición del IFT, la COFECE y CRE con la absurda concentración de funciones en un órgano más expuesto a la influencia política y con altas posibilidades de ser capturado por el Ejecutivo. No podemos regresar a la época del presidente omnipresente y omnipotente. Vale.

Socio Director de Sideris, Consultoría Legalecretario del INAP
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