Opinión


De las caravanas y la disyuntiva que éstas plantean al Estado mexicano

De las caravanas y la disyuntiva que  éstas plantean al Estado mexicano | La Crónica de Hoy

* Carmen Fernández Casanueva, CIESAS Sureste
 

El 13 de octubre sorprendió la noticia de que miles de personas provenientes principalmente de Honduras, habían dejado sus casas para caminar, manteniéndose juntos y visibilizados, como única estrategia para lograr el objetivo de llegar a Estados Unidos. A la primera caravana se le unieron otras: hombres, mujeres, niños, niñas, familias completas, movilizándose, luchando hasta la última gota por una vida, ‘que se pueda vivir’.

Migrar es una acción reivindicativa, y en este caso es un acto desesperado por sobrevivir. Lo que hoy observamos, no es un evento aislado y atemporal, sino el resultado de medidas restrictivas para la movilidad al norte, en conjunción con condiciones en los países del norte de Centroamérica, cada vez menos favorables. La intervención estadunidense en la vida política, económica, militar y social hondureña (y también salvadoreña y guatemalteca), los intereses de las oligarquías políticas y económicas, se combinan con la implementación de una política restrictiva impuesta por Estados Unidos y asumida por México, son el eje conductor que ha dado forma a lo que ahora observamos.

En línea con las medidas restrictivas estadunidenses, en México se crea el Programa Integral de la Frontera Sur, anunciado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el 7 de julio de 2014. Estas medidas comenzaron a tener efectos casi desde el inicio: según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), en 2014 registró 105,303 eventos de deportaciones (o “devoluciones” según el término utilizado por el Instituto) de personas centroamericanas, de las cuales 41,661 corresponden a hombres, mujeres e infantes de Honduras.  A la par de ello, las condiciones económicas, sociales, políticas han propiciado en Centroamérica, particularmente en Honduras y El Salvador, un contexto cada vez más deteriorado, con una mayoría empobrecida y amenazada por la escalada de violencia.

Las condiciones expulsoras continuaron, creciendo la migración, sin importar lo peligroso del camino o el aumento de medidas restrictivas. La urgencia de migrar no se erradicó, pero la estrategia de hacerse invisible, de movilizarse en la clandestinidad, era cada vez más inviable. Las personas siguieron viajando en condiciones más y más peligrosas ante la necesidad de no ser deportadas, pero a merced de una industria de la migración fortalecida donde ya no sólo se ven coyotes que llevan a pequeños grupos, sino una red bien estructurada y organizada, coludida con agentes del estado y el crimen organizado.

La urgencia de migrar no se erradicó, al punto de provocar crisis humanitarias, La primera, en 2014 con el aumento exponencial de la migración de menores; la segunda, a principios de 2018 con la decisión de Estados Unidos, de separar a niños y niñas migrantes que llegaron a su territorio con sus padres, y la tercera, este éxodo forzado sin precedentes en la región, que hoy atestiguamos. Son tres las crisis en los último cuatro años; las tres nos hablan de manera contundente que las medidas restrictivas en una lógica de externalización de fronteras no son la respuesta al problema, sino que más bien lo agravan. 

Ésta no es la primera crisis en efecto, pero sí es un giro, probablemente sin retorno, a una nueva estrategia para migrar exigiendo el ‘derecho de fuga’ del cual nos habla Sandro Mezzadra, ante una realidad intolerable en los países de origen, que grita frente a una respuesta errática de los gobiernos de la región. Es un acto reivindicativo en donde las personas menos favorecidas, las víctimas de este sistema voraz, recuerdan a quienes lo atestiguamos, que tienen agencia y son capaces de tomar decisiones y hacer frente a los obstáculos, pese a que todo está en su contra.

Lo que hay que destacar en esta ocasión es que lo que observamos hoy, si bien es un fenómeno de migración forzada sin precedentes, no es la única crisis humanitaria cuyos protagonistas han sido personas centroamericanas, sobre todo niños y niñas y familias completas; que los Estados de toda la región, están obligados a salvaguardar la integridad de las personas que migran, haciendo frente y respondiendo en conjunto de manera responsable.

Y además, que la migración en tránsito, sea clandestina como había sido hasta septiembre del año pasado, o visibilizada como en el caso de las caravanas, es un fenómeno mucho más complejo que el movimiento de un punto A a un B, y que México, es un país de tránsito y de destino, no desde octubre de 2018, sino desde mucho tiempo atrás.

México se encuentra en una disyuntiva: tiene la oportunidad de mostrar al mundo la solidaridad y responsabilidad que se debe tener con las personas que transitan por su territorio y con las que deciden comenzar una nueva vida en él, o, por el contrario, seguir la política de criminalización de las personas migrantes que predomina actualmente.

Tiene la oportunidad de que el respeto de los derechos humanos no quede tan sólo en el discurso, sino que se demuestre en las acciones. Reconocer la necesidad de ayuda y de contar con una política y un plan claro para abordar esta crisis, en lugar de endurecer acciones para la deportación y para que las personas desistan. Generar caos y cuellos de botella en ciudades como Tapachula desgasta a todas las instituciones, pero sobre todo, afecta a miles de personas.

El éxodo centroamericano plantea nuevamente al Estado mexicano una responsabilidad regional; una oportunidad para mostrar liderazgo, dado que ocupa un lugar geopolítico determinante para los flujos de Centroamérica. Esta responsabilidad abarca los más de 3,000 km entre sus fronteras sur y norte, que separan a las personas de ese futuro incierto. Esta tarea, sin embargo, no es hacer el trabajo que corresponde al país del norte, ni avalar su argumento de que estas personas son migrantes económicas y por tanto no merecedoras de recibir refugio o en necesidad de solicitarlo.

Es la oportunidad de acoger a personas que vienen huyendo por violencia, si es que deciden asentarse en México; no otorgando visas humanitarias que son soluciones que tan sólo resuelven la inmediatez de la crisis, no haciendo deportaciones masivas, sino asumiendo y, sobre todo, retomando su papel como el país solidario que algún día fue. Para ello, es imperante apuntalar al modelo de refugio en México, dotando a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de un presupuesto capaz de hacer frente a las necesidades y a la altura de las circunstancias.

 

 
Para la elaboración de esta columna, se retoman fragmentos publicados en textos Fernández Casanueva, Carte y Rosas Honduras: relato de un éxodo anunciado, publicado en Animal político el 29 de octubre, 2018, y de la introducción del número especial El éxodo centroamericano: antecedentes, crónicas y reflexiones, publicado en Ichan Tecolotl, en diciembre, 2018.

 

 

 

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