Opinión


De qué no presumir

De qué no presumir | La Crónica de Hoy

Es posible que, durante el año que está comenzando, el gobierno federal tenga cosas qué presumir. De seguro lo hará. Pero lo más probable es que termine presumiendo varias cosas que no debería.

Una, por ejemplo, es el superávit fiscal del 2% del PIB. Una cosa es tener finanzas sanas, sin endeudarse excesivamente, y otra es gastar notablemente menos de lo que se ingresa. Hay faltantes en salud, en inversión de infraestructura, en cultura, ciencia y educación superior. Estos faltantes sociales se pagan con otro tipo de interés: en retrasos en el desarrollo humano de la nación.

¿Saben quiénes estarían orgullosos de ese superávit? Los más recalcitrantes neoliberales. No lo están porque no son ellos los que están instrumentando las medidas, pero el gobierno está respetando con creces uno de los dogmas más caros de las políticas estabilizadoras que tanto gustan al FMI.

Tampoco se puede presumir del comportamiento del tipo de cambio. Si bien, las políticas pro-cíclicas del gobierno ayudan a que no se dispare la inflación, más allá de los efectos coyunturales del IEPS, desde hace años el mercado cambiario del peso mexicano se utiliza como un proxy de la percepción mundial de riesgo económico. Los especuladores juegan con el peso porque es una divisa muy líquida, que se intercambia a toda hora todos los días, y puede ser convertida en una suerte de termómetro. “Cubrirse contra el peso es como sacar un kleenex cuando sientes que vas a estornudar”.

Mientras no haya esa sensación de incertidumbre mundial, el mercado cambiario seguirá estable, pero apenas pasa algo (qué se yo, que Trump mande asesinar a un importante general iraní), hay una sacudida. Esto es independiente de lo que haga el gobierno mexicano.

Tampoco se puede presumir de austeridad nomás porque sí. Una cosa es evitar los excesos y dispendios, y otra es hacer recortes sin ningún análisis de costo-beneficio, mientras la asignación de recursos sigue siendo ineficiente. 

Las entregas de ayuda directa, estrictamente monetizada, tampoco son la mejor forma de optimizar el gasto social y combatir la desigualdad. Suelen significar un poco más de dinero en casa, pero tener que pagar por servicios que antes eran gratuitos. Estas entregas tienen el agregado de que no hay registros transparentes de beneficiarios, lo que las hace un obvio caldo de cultivo para el clientelismo político.

Los ataques a las entidades autónomas del Estado no son para presumir, tampoco. El país no se construye desde cero. Las instituciones que se crearon fueron las que, precisamente por ser autónomas, y no apéndices del gobierno, permitieron una sociedad más participativa y vigilante, un incremento en la transparencia, condiciones democráticas para la transmisión del poder con alternancia y una serie de conquistas relativas a la libertad individual y los derechos humanos.

De ningún modo se pueden presumir exhibiciones de intolerancia, incapaces de distinguir, de entrada, las críticas de buena fe de las maliciosas. Y menos, cuando esas exhibiciones se utilizan para generar división entre los mexicanos, donde la línea que define a los buenos es el acuerdo, que no puede ser sino total, con los dichos y decisiones del Señor Presidente.

No son para jactarse ni la política de contención (por usar un eufemismo) hacia los migrantes centroamericanos en el sur, ni el desprecio hacia las fuentes de energía renovable (el fetiche petrolero), ni las indecisiones (por decir una palabra amable) respecto a temas como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la legalización de algunas drogas.

Por supuesto, tampoco debería ser para ufanarse la combinación de elementos religiosos con asuntos morales, como si los segundos fueran propiedad exclusiva de las iglesias, ni lo son los intentos por hacer más delgada la línea que separa, saludablemente, a las organizaciones religiosas del Estado.

Todo esto significa que el gobierno no puede presumirse de izquierda, por mucho que acicatee verbalmente a los conservadores. Y menos en las condiciones del siglo XXI.

No hay una crítica de la política económica anterior que indique que existen las intenciones de cambiar las relaciones económicas, para modificar estructuralmente la distribución del ingreso. Mucho menos las hay para cambiar las relaciones de poder, en donde más bien hay una involución hacia viejas formas en las que el Presidente encarnaba toda la capacidad de decisión y todas las verdades.

Lo curioso de todo esto es que una parte no menor de los electores de Andrés Manuel López Obrador depositó su voto no solamente por hartazgo hacia la antigua elite, sino también en la esperanza de que las cosas iban a cambiar de fondo, en sentido progresista, y no que las transformaciones más importantes fueran sólo a través de nuevos gestos y símbolos.

Y, la verdad, está difícil presumir el gatopardismo.

 

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