Al tema de la pandemia que nos azota le salen cada vez más aristas. Y mientras más aristas salen, más bolas se le hacen al engrudo que ha preparado el gobierno.

Por una parte, tenemos el recrudecimiento de contagios y defunciones, que hicieron del ligero descenso otoñal un espejismo, y han puesto en evidencia dos cosas: que la medición de las camas disponibles sirve de poco, por más que se agreguen, cuando el sistema de salud está efectivamente colapsado en varias partes del país y que el método de semáforos se está convirtiendo en un asunto de ornato.

Si mueren más de mil personas al día, hay escasez y especulación con el oxígeno y, por más que haya reconversión de hospitales, ya no queda espacio, es que la situación está fuera de control. Los cálculos estuvieron mal desde el principio, cuando se corrigieron siguieron estando mal y ya no hay manera de volver a corregir.

Hay muchas maneras de ser ineficientes. Una de ellas es no prever. Cuando no hay previsión, sale caro, porque cuesta mucho más reparar que dar mantenimiento. Esto vale para la provisión de oxígeno, de personal, de medidas de prevención (y de paso para el Metro capitalino).

Pero sobre todo vale para la provisión económica. De ahí el problema de los semáforos. Cuando hay varias entidades en un rojo intenso, con los indicadores al máximo, la presión es para que las actividades económicas se normalicen lo más posible. ¿Por qué? Porque nunca hubo un programa que permitiera sobrevivir a empresas y trabajadores, y cada quien se ha tenido que rascar con sus uñas. De ahí el círculo vicioso que multiplica contagios sin evitar quiebras. Sin impedir que pedazos de la vida desaparezcan definitivamente. De ahí, también, que los semáforos se hayan convertido en indicadores aproximados, no en políticas públicas.

La falta de apoyos a trabajadores y empresas sólo tiene una explicación, y es política. López Obrador no quiso tocar sus tres proyectos insignia y tampoco quiso incurrir, como el resto de las naciones del mundo, en un déficit fiscal, porque implicaría deuda. El único país que ha dado por la pandemia menos apoyos económicos que México a su población es Uganda.

Esa misma actitud política es la que explica otras dos grandes bolas en el engrudo: una es la imposibilidad de no politizar el manejo de las vacunas y otra, la necesidad de mantener ese asunto entre la opacidad y la incertidumbre.

Dice el presidente López Obrador que sería ruin utilizar políticamente las vacunas contra el COVID. Pero nos encontramos con muchas cosas que nos dicen que está sucediendo exactamente lo contrario. Van tres ejemplos:

Uno es la utilización de los Servidores de la Nación como elemento central en las brigadas de vacunación, y ligar la entrega de apoyos sociales del gobierno con el proceso de inoculación a adultos mayores. La vacuna como generoso regalo del Señor Presidente.

Otro, igual de burdo, es la utilización del proceso de vacunación como instrumento electoral de parte de Morena. Así son los promocionales partidistas en los que aparece el logo del partido en el gobierno junto con imágenes de la fabricación de vacunas, que encima tienen el descaro de anunciar que se trata de “tiempos cedidos por Morena al cuidado de la salud”, cuando el partido no cedió sus tiempos de radio y TV. También hay carteles en los que, con el logo morenista, se presume que somos el país de América Latina que más vacunas ha aplicado (cierto en números absolutos, falso en relación al total de la población).

Finalmente, y ya para colmo, están las decisiones presidenciales de pasar por encima de los protocolos de vacunación reconocidos internacionalmente y -contra toda lógica de control de la pandemia- priorizar el único estado que está en semáforo verde, Campeche, para vacunar, no a los ancianos o a todo el personal de salud, sino a los maestros, para volver a las clases presenciales. La idea detrás de esto: dar la impresión de que se vuelve paulatinamente a la normalidad, aunque así se retrase en los hechos ese regreso.

La politización también explica la opacidad. Reservar por cinco años la información acerca de la compra de vacunas levanta sospechas naturales. Más aún cuando otras naciones han hecho explícitos tanto los montos de compra como los precios de adquisición.

Sabemos que México apartó con varios proveedores una cantidad de vacunas suficiente para proteger a toda la población. ¿Sabemos cuánto ha pagado de esas vacunas y cuándo lo hizo? ¿En qué lugar estamos de la prelación para la entrega de los activos biológicos? ¿Cuáles son las características de los distintos convenios? La sociedad debería tener derecho a saberlo, pero el gobierno dice el trato con las farmacéuticas fue no revelarlo, y ese derecho no puede ser ejercido.

Finalmente, está el tema de la compra de vacunas de parte de gobiernos estatales o particulares. Primero se dijo que no, y luego que sí. Pero para que suceda lo segundo tienen que suceder muchas cosas: que la autorización de Cofepris para las vacunas sea no sólo para uso de emergencia, que las farmacéuticas acepten vender a gobiernos estatales o a privados y que haya disponibilidad para ello, tras la entrega a los gobiernos que ya pagaron. Es como el son de la Negra: “a todos diles que sí, pero no les digas cuando”.

Uno casi podría apostar que esas vacunas estarán disponibles, pero sólo a partir de la segunda mitad del año. Uno también podría pensar mal.

El problema para López Obrador -y el drama o la tragedia para el país- es que, en estos meses que vienen, la vacunación probablemente será desordenada, ineficaz y con las prioridades sociales chuecas. Eso también tiene otro tipo de costos.

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