Iniciamos este año con muchos cambios, pero no necesariamente aquellos que demandó la sociedad el pasado primero de julio. Por ello, nunca como ahora Acción Nacional debe asumir su papel como primer fuerza opositora y eregirse con responsabilidad para apoyar los cambios de un México que transite hacia un mejor futuro.

Como representantes ciudadanos, los diputados de Acción Nacional alzamos nuestra voz en cada una de las sesiones que conformaron el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de esta LXIV Legislatura velando por el interés del país y de la sociedad. Y continuaremos haciéndolo, pues debemos de exigir mejores cuentas al Ejecutivo y a la actuación de su partido como mayoría hegemónica en el Congreso. Asimismo, refrendamos nuestro compromiso para que podamos juntos alcanzar la satisfacción plena de las necesidades de los ciudadanos, el respeto a las instituciones y al estado de derecho, con un justo equilibrio de poderes.

Como una de las más recientes acciones, los diputados de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por violar con su aprobación diversos preceptos constitucionales entre los que destacan:

1. El principio de legalidad de la democracia representativa; fundamentalmente el principio deliberativo, derivado de un procedimiento legislativo viciado, irregular, arbitrario y discrecional.

2. Con la creación de la figura de superdelegados se establece un sistema centralista que rompe con lo más esencial del sistema federal; la autonomía de las entidades federativas y la descentralización política.

3. Quitarle la autonomía técnica a los órganos reguladores para que la Secretaría de Energía se coordine con la Comisión Reguladora de Energía en la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. Ello puede generar distorsiones en los mercados e incidir directamente en la competitividad como política y el derecho de la competencia económica y a la libre concurrencia de todos los participantes en el mercado eléctrico.

4. Facultar a la Consejería Jurídica para nombrar y remover a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo cual es inaceptable debido a que los Órganos Reguladores Coordinados, cuentan con personalidad jurídica propia y con autonomía técnica y de gestión en su función.

5. Asignar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de planear la política en materia de contrataciones públicas y la consolidación de los procedimientos de compra de bienes y servicios; atribuciones que corresponden a la Secretararía de la Función Pública y contravienen, entre otras leyes, la Ley de Adquisiciones, abriéndose espacios para la corrupción y falta de transparencia.

Hay más retos que afrontar como oposición en defensa de la democracia, el respeto a las instituciones y las libertades, así como de atención a las demandas de los ciudadanos ante un gobierno que ya dio muestras de ser autoritario e insensible.

En Acción Nacional, estamos en desacuerdo con la forma en que se pretende modificar o crear instituciones, como es el caso de la Guardia Nacional, avasallando las facultades constitucionales del Poder Legislativo y simulando un proceso de socialización e inclusión de todas las voces; pues mientras que estos cambios aún no se discuten a profundidad en los diversos espacios del Congreso de la Unión y en las audiencias públicas en las que se comprometieron a escuchar a quienes conocen del tema (algo pactado el 21 de diciembre), el Ejecutivo emitió, desde el 2 de enero, una convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes en una “guardia nacional” sin reglas y cuya operación no se encuentra instrumentada.

Más que hacer una Guardia Nacional, consideramos que es necesario generar reformas puntuales de carácter transitorio a diversos ordenamientos, para facultar y fortalecer al Gobierno en su labor de Seguridad Pública. Obviamente, estamos a favor de construir la paz y la seguridad combatiendo al crimen organizado y la impunidad, pero con respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales.

La pacificación que demanda nuestro país no se puede dar violentando a las instituciones ni armando a los jóvenes. La creación de la Guardia Nacional debe respetar el proceso legislativo y el Ejecutivo debe de respetar los tiempos y formas para que surtan efecto; estamos en una democracia representativa y todas las voces deben de ser escuchadas.

Creemos que en todas las acciones del Ejecutivo debe imperar la razón y las leyes que tanto esfuerzo y sangre han costado al país, no la ley del más fuerte.

La situación en la que se encuentra el país nos demanda dejar de lado las mezquindades y arrogancias; vamos juntos a construir el mejor futuro para los mexicanos; Acción Nacional seguirá dando el debate ante atropellos que quieran cometerse en los procesos legislativos .

Vicecoordinador de los diputados federales del Grupo Parlamentario de Acción NacionalTwitter: @JorgeRoHerrera