“Si uno no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento es favorable."
Séneca

El 13 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo del Consejo de Salubridad General “por el que mientras prevalezca la emergencia sanitaria, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte se considerarán como actividades esenciales”.

Este acuerdo contemplaba que las nuevas actividades esenciales, iniciarían su operación a partir del 18 de mayo estableciendo “estrictos protocolos de protección para todos sus trabajadores”.

Dicho documento resultó controversial porque, a las pocas horas de hacerse público, fue retirado de la página oficial del DOF y la edición de ese día se modificó de tal forma que ya no aparecía el Acuerdo del Consejo de Salubridad.

El pretexto que ofreció la Dirección General del DOF, fue que tuvieron que hacer el cambio porque el Acuerdo publicado se trataba de una “versión preliminar”.

Al día siguiente, apareció un nuevo Acuerdo del Consejo (esta vez el definitivo) que contenía un cambio sustancial: las nuevas actividades esenciales empezarían a operar hasta el 1 de junio, después de un periodo de preparación.

Como parte de esta etapa previa, el IMSS abrió un registro electrónico que estaría activo a partir del 18 de mayo y donde todas las empresas interesadas en reiniciar operaciones deberían inscribirse para cumplir con los nuevos lineamientos y protocolos del Gobierno Federal.

Sucedió que varias empresas de la construcción, desesperadas por empezar a trabajar, iniciaron los trámites desde las primeras horas del día indicado. Supuestamente recibirían una respuesta 72 horas después.

Tras no recibir ninguna comunicación por parte del IMSS, las empresas empezaron a indagar cuál sería el problema. Una semana más tarde les informaron que todos los registros que se habían hecho entre el 18 y 19 del mes, se habían perdido por un problema con el sistema y tendrían que volver a empezar de cero. Los primeros serían los últimos.

Después de esa odisea burocrática, los interesados del sector de la construcción escucharon que la Jefa de Gobierno anunciaría hasta el sábado 30 de mayo, cuáles serían las medidas que deberían cumplir para poder reabrir el lunes como parte del Programa de Reactivación Económica.

A esta altura el mensaje estaba claro: no había ninguna intención por parte de las autoridades para que la industria privada de la construcción reiniciara actividades el 1 de junio.

¿No hubiera sido más fácil decirlo así desde el principio en lugar de armar un laberinto?

Son precisamente este tipo de acciones erráticas las que terminan por desarticular la confianza en las autoridades y las estrategias conjuntas.

Como un barco que navega sin brújula, la tripulación no sabe hacia dónde dirigir las velas y el viento sopla sin ningún provecho.

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Twitter: @jorgegavino