Opinión


Déjà vu en Santa Lucía

Déjà vu en Santa Lucía | La Crónica de Hoy

Nunca, bajo ningún concepto, un amparo judicial, ese instrumento que otorga la Ley a los ciudadanos mexicanos para protegerse de los abusos del Estado, puede ser considerado  un “sabotaje legal”. El Presidente se equivoca.

Nunca, el hecho de tener una postura o emitir una opinión puede ser considerada como una falta legal o una indisciplina militar. Cuando varios miembros del Ejército mexicano, entre ellos dos Generales, han sido sancionados con recorte de hasta el 70 por ciento en su salario durante las dos quincenas de julio por externar su oposición a la destrucción de la infraestructura militar de Santa Lucía.

La Secretaría de la Defensa Nacional se equivoca y viola preceptos constitucionales que consideran al salario y prestaciones como sagrados y se equivoca, porque no será con esos métodos como someterá la creciente inconformidad de sus elementos contra Santa Lucía, como tampoco la manera de esconder que esta oposición militar existe.

La protesta está adentro y afuera.

Nunca se había visto que la movilización social, la defensa del pueblo por los terrenos que habitaron sus antepasados, el agua que riega sus cultivos y el ambiente que les asegura su futuro sean interpretados por el Gobierno como una provocación ciudadana contra el Estado. El gabinete se equivoca en su interpretación de combate y en alterar documentos para aparentar una normalidad en los permisos y estudios ambientales.

Y aunque Andrés Manuel López Obrador muchas veces ha lanzado amenazas y acusaciones directas sobre sus “enemigos” y “detractores”, nunca un funcionario público, un servidor del Estado podría calificar como “mafiosos” a quienes hacen uso de los instrumentos jurídicos y no armados o ilegales, para defender el patrimonio nacional e incluso, aun siendo en defensa de intereses particulares, para eso justamente se crearon esos recursos.

Pero con AMLO el “nunca”, es imposible.

Ya una vez, en 2001, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, violentó un amparo concedido por un juez al propietario del predio El Encino en Cuajimalpa, que lo defendía de la expropiación de sus terrenos y ordenaba la suspensión de obras realizadas por el Gobierno de la Ciudad. La expropiación se realizó cuando Rosario Robles encabezaba el gobierno, pero fue AMLO quien desobedeció el amparo de obra.

Los ciudadanos que han presentado hasta el momento amparos contra la acción del Estado por la construcción de Santa Lucía, de los cuales 80 han sido aceptados por los circuitos del Poder Judicial, lo único que están haciendo es emplear la ley a la que todo ciudadano tiene derecho, un acto que el Presidente, garante de la Constitución debe celebrar, promover y defender, así le costara la vida. Para eso protestó ante los tres poderes de la Unión.

Dice la Litis: “el amparo es una acción o un recurso, dependiendo de la legislación, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano, y del que conoce un tribunal específico como un Tribunal Constitucional, Corte Supremo o un juez tribunal ordinario”.

Es el recurso más valioso después de la Constitución, porque cumple una doble función, protege al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia Carta Magna de no ser violentada por normas generales contrarias a sus preceptos por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

El mayor experto en amparo de México, el ya fallecido maestro Ignacio Burgoa Orihuela, afirmaba que el juicio de amparo es siempre “la gran esperanza que alienta a los ciudadanos en lo que toca a sus relaciones con el poder público para que en definitiva se resuelva sobre las afectaciones autoritarias sobre sus más caros intereses”.

Lo mejor de Burgoa Orihuela fue que además de legar una inmensa cantidad de literatura sobre el tema, encabezó decenas de demandas y juicios de amparo de tipo social contra la autoridad, una de las más sonadas, en 1982, cuando denunció por traición a la patria al expresidente José López Portillo debido a las sospechas de peculado que pesaban contra el funcionario.

En 1999, junto a Raúl Carrancá y Rivas, otro gran constitucionalista mexicano, denunció penalmente a integrantes del Consejo General de Huelga de la UNAM debido a la toma de instalaciones por la Huelga estudiantil de la UNAM.

Y cual déjà vu, la historia se repite. Ambos juristas participaron en 2003 en la defensa de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en vista de la intención del gobierno mexicano de expropiarles tierras de cultivo para construir un nuevo aeropuerto.

Entonces, fueron los grupos sociales que apoyaron a López Obrador contra el intento de desafuero de un poder legislativo mayoritariamente priista, los que se movilizaron para obstaculizar la construcción del aeropuerto en Atenco.

Sin duda, el Presidente sabe del tema de amparo, a favor y en contra, usarlo para defender, suspender y usarlo para violentar.  Habrá que esperar este lunes la forma en que justifica darle un vuelco al instrumento de los ciudadanos contra el autoritarismo del Estado.

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