De aprobarse la iniciativa por la que se crea la Ley General para el Control de Cannabis, presentada por Mario Delgado, líder de los diputados morenistas, el Estado podrá obtener recursos para la hacienda pública a través del cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se fija en 12 por ciento a la venta de cannabis y sus derivados y dos pesos por gramo a los productos que lo contengan.

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo indicó que esta iniciativa la presenta a título personal y no como integrante del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro. Urgió sacar esta propuesta, pues el Congreso está en falta, por no cumplir un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la regulación de esa sustancia.

“Se trata de acabar con el mercado negro de la mariguana, pues la utilidad mayor está en la venta final. Queremos que estos recursos tengan un destino específico.

“El 25 por ciento de lo recaudado deberá destinarse a programas sociales en los municipios y comunidades que se haya realizado erradicación de cultivos de cannabis durante los últimos 50 años, procurando apoyar a los campesinos que cultiven cannabis a fin de que participen en la producción y venta al mayoreo de cannabis conforme a la normatividad aplicable. Otro 20% deberá destinarse a programas de prevención del uso problemático y el tratamiento de la dependencia a esta sustancia”.

PROPUESTA

La propuesta de Mario Delgado es retomada del conversatorio “Rumbo a la Regulación de la Cannabis” en el que participó Gil Kerlikowske, excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, quien enfatizó que la experiencia en materia de regulación de impuestos y uso de cannabis en los estados norteamericanos donde se ha legalizado su consumo ha sido exitosa.

Expresó que representantes del gobierno mexicano han visitado y analizado la situación de la legalización de la mariguana en el Colorado, primer territorio que legalizó el uso de la cannabis con fines lúdicos y donde se aplica el sistema de “traking”, lo cual permitió que posteriormente la fiscalización por el comercio de la mariguana fuera eficiente.