Opinión


Delincuencia. Seguridad pública, seguridad interna y seguridad nacional

Delincuencia.  Seguridad pública, seguridad interna y seguridad nacional | La Crónica de Hoy

La construcción de una política pública de seguridad tiene que verse integralmente con el fin de definir jurídica y operacionalmente los ámbitos de competencia y acción de cada cuerpo policiaco y de las fuerzas armadas. En la coyuntura en que nos encontramos era —es— indispensable, tener claridad conceptual sobre la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. A partir de ahí tomar en consideración el diagnóstico de la delincuencia y de las capacidades de las fuerzas de seguridad del Estado.

Iniciemos con la Seguridad Pública, que tiene por objeto combatir las amenazas que atentan contra la paz en los espacios públicos o contra la libertad e integridad de los ciudadanos. Son la Federación, los estados y municipios, a través de los cuerpos policiacos, los encargados de operar y de­sarrollar políticas para su contención, sanción, investigación, pero principalmente, su prevención. Una de sus principales características es que es se rigen por una autoridad de carácter civil.

La Seguridad Interior, según el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, se define como la condición que proporciona el Estado para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y la promoción del desarrollo nacional mediante el mantenimiento y fortalecimiento del estado de derecho. Es, en concordancia con los principios constitucionales, el sostenimiento de la gobernabilidad por medio de la vía democrática en todo el territorio nacional. La seguridad interna también tiene como fin garantizar el desarrollo económico, social y cultural del país.

Por último, la Seguridad Nacional se define como el conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Aquí, sin duda alguna es el presidente de la República el encargado de coordinar las tareas de las fuerzas armadas y militares, para la salvaguarda de la soberanía nacional y la protección de la nación respecto de las amenazas externas.

Ahora pasemos a ver la fotografía de la delincuencia. Según cifras del reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018, el año pasado se cometieron un total de 40 mil 115 homicidios; 26 mil 376 fueron de carácter doloso, de los cuales 18 mil 149 se cometieron con arma de fuego. Se registraron un total de 16 mil 371 delitos que atentaron contra la libertad personal; 38 mil 478 delitos contra la libertad y la seguridad sexual; y 885 mil 289 robos que engloban todas las categorías.

Los números muestran que el fenómeno de la delincuencia ha alcanzado niveles alarmantes. Sin embargo, es necesario precisar que dicho fenómeno presenta variables y características muy particulares. La delincuencia organizada y la delincuencia común tienen fines y lógicas de operación diferenciadas. Cada una de ellas requiere de una estrategia particular, pero que deben tener vasos comunicantes y una aceitada coordinación, porque la primera tiene lazos con alguna instancia gubernamental y con frecuencia utiliza los servicios de la segunda.

La simbiosis de la delincuencia organizada con la delincuencia común ha llevado a confusiones y definiciones en su combate, en los últimos sexenios, en un asunto complejo en todos los sentidos. Las estrategias utilizadas por los distintos gobiernos para frenar la ola de violencia que azota al país dese hace décadas, no sólo ha sido ineficaz, sino que además ha trastocado el actuar de los distintos cuerpos de seguridad a lo largo y ancho del país. Por eso es relevante tener claridad de que la Seguridad Pública, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interna son conceptos estrechamente relacionados, pero con una connotación muy particular entre ellos ya que persiguen fines distintos.

El gobierno anterior tomó dos acciones relevantes: creó la gendarmería como un cuerpo de élite de la Policía Federal,  en tanto que alternativa de sustitución del ejército en las actividades de seguridad pública. Sin embargo, desconocemos los resultados que ha dado y promovió la Ley de Seguridad Interior, la cual fue desechada debido a que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gran parte de su contenido atentaba contra los protocolos de preservación y defensa de los Derechos Humanos.

La deficiencia del enfoque para combatir a la delincuencia ha sido que, en la visión sobre la seguridad pública ha prevalecido una visión federal y no nacional. Se ha carecido de una visión integral respecto a la planeación de la seguridad, pues el fenómeno delincuencial tiene diversas aristas. Por ejemplo, no se ha definido que la delincuencia organizada ya es un riesgo a la seguridad interior, porque está atentando contra la vida democrática del país. Además, está vulnerando la seguridad nacional, al ser un fenómeno delincuencial trasnacional con tentáculos financieros y de aprovisionamiento de pertrechos de nivel militar desde el extranjero.

Para atender la seguridad pública es indispensable lograr la profesionalización de las policías estatales y municipales. Su número es relevante, 243 mil 458 elementos, pero con condiciones laborales precarias, sin capacitación y con equipamiento deficiente. Para combatir a la delincuencia organizada están la policía federal y se debe regular la participación de las fuerzas armadas, porque insisto: la delincuencia organizada ya está poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Es claro constitucionalmente que de la seguridad pública se hacen cargo las policías y los ministerios públicos, de la seguridad nacional las fuerzas armadas. En caso de riesgo a la seguridad interior no existe definición.

Aquí es dónde la Guardia Nacional podría ocupar este vacío legal y material, bajo organización y mando militar, pero dejando claro que, solamente en caso de que las fuerzas policiales fueran superadas por las acciones delincuenciales y a solicitud de las autoridades civiles competentes se podría solicitar su auxilio.

Este planteamiento modifica, parcialmente, mi visión inicial sobre el tema de la creación de la Guardia Nacional, pero sigo convencido del principio constitucional que establece la responsabilidad de las autoridades civiles en materia de la seguridad pública. También es indispensable encontrar alternativas que mantengan ese principio, pero permitan dotar las acciones de las fuerzas armadas de un respaldo jurídico sólido, siempre velando por el respeto de los derechos humanos. En resumen, policías municipales, estatales y la federal, responsables de la seguridad pública, la Guardia Nacional responsable de la seguridad interior y las Fuerzas Armadas, de la seguridad nacional, pero actuando coordinadamente según la naturaleza de los hechos a enfrentar.


*Profesor UAM-I,
@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

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