La democracia, en casi todas sus versiones, parte de considerar algo como fundamental: cada ciudadana, cada ciudadano, cuenta con un voto. No más, no menos, lo que constituye el corazón igualitario de esta forma de gobernarnos por el acuerdo de mayorías.

Es cierto que podemos formular varias objeciones a tal afirmación. Por ejemplo, podría decirse que esa igualdad no es tal, ya que las voces de algunas personas pesan más que las de otras, y en tal sentido, hay una influencia que pesa sobre la decisión de las y los votantes.

También podría decirse que existen fenómenos como la compra y la coacción del voto, merced a los cuales la decisión de quien sufraga no es propiamente personal, sino que ha sido provocada por la satisfacción de una necesidad o por el miedo a un daño.

Lo primero es cierto y connatural a la democracia. El diálogo público es el paso previo para votar, pues justamente lo que se vota (ya sea un cargo, en la democracias representativas; o una decisión de gobierno, en los mecanismos de participación ciudadana) implica una discusión de los asuntos, una búsqueda de información para formarnos una opinión personal, lo que orientará el sentido de nuestro voto.

O incluso, la decisión de abstenernos.

Así, hay voces que tienen más peso que otras en la discusión pública. Un columnista, una periodista, un político, pueden ser más escuchados que el común de las personas, de manera que sus ideas pueden orientar las opiniones de un número amplio de ciudadanos y ciudadanas.

Pero la realidad es que el grupo de personas que pueden influir en el voto es amplio. Cuente usted a las profesoras y los profesores, que según algunas encuestas tienen también un peso relevante en la toma de decisión de quienes siguen sus clases.

La compra y la coacción, en cambio, son manifestaciones patológicas de la democracia. Implican, de fondo, negar la propia calidad de ciudadanía, pues pretenden suplantar la voluntad personal mediante la dádiva culpable o la presión delictiva.

Me parece que aceptar la naturaleza igualitaria de la democracia significa reconocer varias cosas que, si no nos fijamos, parecen ocultas.

La más importante es que existe una especie de razonabilidad colectiva. Esto es, no sabemos los criterios por los que nos orientamos cada persona para decidir nuestro voto (habrá quien lo haga por creer en un partido o ideología, quien se convenza por las propuestas; incluso quien recurra a métodos adivinatorios), pero cuando concluye una elección, y ya depurada de posibles vicios, conocemos la voluntad general, la admitimos como algo hecho.

Con independencia de si nos gusta o no.

En ese momento, contemplamos la decisión como producto de una especie de mente colectiva en la que hemos participado todas y todos quienes votamos. Una decisión que se ha tomado con nuestra colaboración, que al final no es sino igual que la de cualquier otro que haya sufragado.

Esa voluntad se ha construido con el peso igual de los votos dado que, y aquí está el punto central, no reconocemos en el acto de votar la superioridad de nadie sino la igualdad de todas y todos.

Sabemos que esto es así. Que nadie puede votar doble porque sea más rico que otra persona, o por que tenga mayores grados académicos. Lo sabemos, pero a veces hay quien parece olvdiarlo.

Si esto es así, si la voluntad se basa en la igualdad esencial que es el voto (de hecho, tal vez el voto es lo que nos hace iguales, y no al revés) entonces cada decisión, esto es, cada sufragio, exige respeto para quien lo ha realizado.

Votar es un acto de razón y de emoción. Lo saben quienes hacen campañas políticas, no se gana sólo apelando a la mente, sino que es necesario hablar el lenguaje de las emociones; como esto es así, las motivaciones para decidir por quien votamos son complejas y variadas.

De forma que cada quien no tiene porqué dar explicaciones de su voto. La igualdad hace que esto sea innecesario, y salvo los casos de compra y coacción, todos los votos deben de valer igual dado que tienen el mismo peso, con absoluta independencia de las razones que estén detrás.

Por eso, el deber fundamental de quien escribe o habla sobre democracia, me parece, es de aceptar esa igualdad y expresarse desde el respeto a quien vota. Asumir una postura de crítica presuntamente ética o moral, implica colocarse en una posición de superioridad, lo que es contrario al principio de igualdad que está en el corazón de cualquier forma de democracia.

El respeto a los criterios por los cuales cada quien decide el voto es esencial para el diálogo público. Primero, porque parece una mala idea ofender a alguien acerca de su capacidad para tomar decisiones y luego pedirle que apoye a quien le ofendió; segundo, porque conduce a una negación de la democracia al asumir una postura de superioridad.

Dicho de otra forma, exponer argumentos que critican la decisión popular desde una posición de “mayor saber”, “mejor formación”, o “superioridad”, podrán justificarse desde diversas posturas, pero no desde una posición democrática.

Entiendo que esto puede generar alguna incomodidad. La decisión de la ciudadanía, cuando es contraria a la nuestra, nos puede parecer equivocada por diversas razones, y desde luego es posible realizar una apreciación crítica; pero si nos asumimos demócratas, esta crítica no podrá implicar la negación de la igualdad de razón (y de emoción) de todas las personas que votamos.