Mara Patricia Elenes, subadministradora de la Aduana de Mazatlán, comenzó a denunciar ante autoridades federales diversas corruptelas al interior de la institución. Lo hizo al menos desde enero de 2019, recién iniciada la 4T, según consta en correos electrónicos y otros documentos enviados al SAT y a la Administración General de Aduanas (AGA). Se volvió, dice, “una piedra en el zapato” para el engranaje de transas y sobornos.

El 23 de mayo de este año se contagió de COVID. Su convalecencia se prolongó hasta el 29 de junio. Al regresar, le fue informada su salida de la dependencia, sin explicación ni retribución alguna, después de 23 años de servicio: había iniciado “desde abajo”, como verificadora de mercancía, en 1997.

“Aprovecharon la enfermedad y la crisis sanitaria para quitarme del camino, porque estaba reportando todas las anomalías”.

En su relatoría —conformada de casi 100 hojas— aparece involucrado Álvaro López Naranjo, el administrador de la Aduana de Mazatlán, uno de los sobrevivientes del gobierno de Enrique Peña Nieto: burló los procesos de depuración de los dos anteriores titulares de la AGA: Ricardo Peralta y Ricardo Ahued.

Antes de la purga de Peralta, a unas semanas del arranque de la gestión lopezobradorista, tramitó una incapacidad y, en apariencia, dejó el control en manos de un subalterno, aunque fue simple fachada: se mantuvo al mando de todas las actividades aduaneras.

“Se incapacitó el 7 de diciembre de 2018, porque según se resbaló en una posada, y el papel lo extendió hasta el 1 de agosto de 2019. En realidad, siempre estuvo en funciones, con presencia permanente en la Aduana, todo mundo lo veía ir y venir, pero a nivel central la versión era que no estaba”, cuenta Mara.

Más allá de la injusticia laboral, su expediente alude el principal desafío de Horacio Duarte, con apenas tres meses como Administrador: la limpieza de fondo y sin simulación del sistema aduanero, hoy controlado por una red de funcionarios envilecidos, crimen organizado y delincuentes de cuello blanco.

CARGAS. Elenes Sauceda asumió la subadministración en marzo de 2018: fue asignada a la sección aduanera del aeropuerto internacional de Culiacán, “que lo están usando para traficar lo que quieren, es paso libre, hasta el personal que atiende vuelos internacionales les sirve para el trasiego de drogas", afirma.

En el último año y medio, previo a su despido del 1 de julio, develó -conforme a reportes dirigidos a autoridades centrales- avionetas desbordadas de fayuca, falsificación de documentos oficiales, vuelos sin revisión e importación de helicópteros ficticios.

“El 22 de julio de 2019 embargué una avioneta que venía de Tucson, Arizona, con matrícula EVRC; traía 25 cajas, siete maletas y venía un solo piloto, que sólo podía viajar con sus cosas personales. Llegué a la oficina de imprevisto, simplemente con cambiar el rol de una supuesta colaboradora se destapó la cloaca. Me exigían desde Mazatlán establecer los horarios del personal con 15 días de anticipación, ¿por qué? Lunes, martes y miércoles son los días que trafican en el aeropuerto”, describe.

“El 12 de febrero de 2019 usaron la sala internacional como si fuera una bodega y lo denuncié ante el SAT: bajaron, dizque por equivocación, 14 maletas que se cruzaron en un vuelo desde Tijuana, misteriosamente las agarraron con 40 kilos de cocaína. Si no hay vuelo internacional, no tenían por qué bajar otros equipajes”.

Antes, había frenado el arribo de otra aeronave propiedad de un piloto a cargo de la torre de control, con diversa mercancía ilegal.

En el embargo del 22 de julio, por ejemplo, estuvo al tanto el Almirante en retiro Juan Ramón Alcalá Pignol, de la Central de Operación Aduanera (quien falleció en enero de este año): “Fue él quien me instruyó detener esa avioneta, y a partir de ahí inició el acoso. En un par de ocasiones llegaron a mi casa unos muchachos para hacerme la visita cordial: ´muchas veces hemos pasado así, y no ha habido problema´, me dijeron. El administrador del puerto ordenó que se regresara la mercancía a cambio de un pago de 100 mil pesos y terminó importándose por Mazatlán. Están utilizando los aeropuertos de trampolín”.

En el recuento también destacan vuelos sin revisión autorizados por la Administración local, como el del pasado 6 de mayo, “cuando un piloto salió sin avisarme, sin checar Aduanas, ¿qué llevaba?, ¿dinero, armas, drogas?”.

Su correo electrónico institucional, descubrió Mara Patricia, estaba direccionado a subordinados con actividades sospechosas; y sus teléfonos, intervenidos. Elementos de la Policía Federal le seguían los pasos: “A la mayoría no los han movido desde hace 4 o 5 años, y es el mismo modo de operación”.

—¿Cuál es tu petición?— se le pregunta.

—Justicia, personal e institucional, porque en Aduanas hay gente debe irse. Ahora estoy enferma y sin trabajo, sin liquidación ni nada, pero no tengo miedo. Simplemente estorbaba, ya no me querían ahí.

—¿Quiénes?

—Los de cuello blanco: jefes, autoridades que siguen coadyuvando con la corrupción. Tengo un cerro de papeles con información valiosa, es cuestión de jalar el hilo, aunque, si yo tengo esos datos, ¿a poco no los tiene el SAT o Aduanas?

—Se supone que ha habido limpias en la institución…

—López Naranjo, el Administrador, se le incapacitó a Ricardo Peralta. El diablo sabe a quién se le esconde y a quién se le aparece.

—¿Qué se requiere para sanear de verdad a la AGA?

—Lo que ha decidido el presidente: enviar al Ejército y a la Marina, porque los militares, desde que baja un avión, entran con sus binomios. Son las únicas autoridades de confianza. Nadie más. Y ayuda también la rotación de la gente: no puedes dejarla estática. Se tiene ya que sellar Aduanas. Si trabajas bien, de manera honesta, ¿cuál es el problema que entre la milicia?...

El Dato

El 1 de julio, otro colaborador de operación aduanera (Jesús Manuel Partida), también fue dado de baja; curiosamente había participado en el embargo de avionetas con fayuca.