El 50 por ciento de los recursos destinados a ciencia y tecnología durante el sexenio anterior se entregaron a la iniciativa privada, denunció María Elena Álvarez-Buylla, titular del que será el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conhacyt).

Al presentar la estrategia nacional en el sector, ventiló diversas anomalías, como la asignación de becas a discreción, la formación de “talentos” destinados al desempleo, el olvido presupuestal a la ciencia básica y la subrogación de funciones vitales del organismo en beneficio de empresas.

Además, recursos millonarios para obras incompletas, abuso de fideicomisos, duplicidad de apoyos, expedición masiva de tarjetas a altos funcionarios para el pago de restaurantes exclusivos y onerosos pagos a editoriales extranjeras para el acceso a la información científica.

En los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI) en el país, se han documentado nóminas paralelas, exceso de vehículos y facturación desmesurada de gasolina, así como la contratación de despachos de abogados sin motivo.

“El total de automóviles que utilizan los centros llega a mil, con una facturación de gasolina muy alta. En algunos de ellos se habían contratado, en estructuras paralelas, a cientos de trabajadores. No hay un ordenamiento del tipo de prestaciones. En algunos, trabajan más de 200 abogados de despachos”, detalló.

Los CPI recibieron un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos este año, el 20 por ciento de lo etiquetado para el Conacyt: “Sí hay espacio para ahorrar en gastos de representación, bonos a directores y exdirectores. No es una cantidad menor; tenemos, con toda responsabilidad, que revisar esto”.

Por corrupción, desviación de dinero y demás irregularidades, dijo, “los avances científicos han alcanzado a muy pocos e incluso, han aumentado la desigualdad”.

“Estamos viviendo un momento inédito en el cual el Estado tiene un acercamiento muy importante con el pueblo. Ante esta situación, los científicos tenemos la responsabilidad de poner al servicio del Estado y de la ciudadanía todas nuestras capacidades”.

El objetivo, en la 4T, es promover soluciones a retos nacionales como el bienestar social, el cuidado del medio ambiente, la honestidad y la seguridad. A diferencia del resto del mundo, en el cual el sector privado aporta en promedio el 61 por ciento de los recursos a ciencia y tecnología, en México sólo se contribuye con el 19 por ciento, dijo.

“Y cuando vemos cómo se distribuyeron los recursos del Conacyt, nos enfrentamos con un resultado alarmante: del total de recursos que en el sexenio pasado se destinaron al ramo, casi la mitad: 35 mil 175 millones de pesos (anuales), fueron de regreso a la iniciativa privada”, especificó.

Y en estas transacciones, hubo intermediarios. “El Conacyt se los transfirió a algunas paraestatales e instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo o los propios centros públicos de investigación y éstos, a su vez, los transfirieron a entidades privadas”.

Sobre las consecuencias de esta política, apuntó, la ciencia fundamental o frontera quedó prácticamente sin apoyo, con sólo 2 mil 936 millones de pesos. Toda la comunidad de científicos y jóvenes en formación prácticamente quedaron sin recursos para desarrollar sus labores sustantivas. “Las universidades públicas y los centros públicos de investigación, y otras instancias importantísimas como el Cinvestav o el Instituto Politécnico Nacional, quedaron también con muy pocos recursos”.

Con el otro 50 por ciento del dinero, no traspasado a las empresas, se apoyó con becas a estudiantes de diversas especialidades, maestrías y doctorados, “pero hubo problemas en la transparencia con la cual fueron asignadas. México se volvió un gran productor de talentos especializados a nivel de posgrado que, al terminar sus estudios, no encontraron trabajo”.

Sobre los fondos o fideicomisos mediante los cuales se financian los proyectos de investigación, comentó: “Había 65, esto implica un gasto de administración y de cuotas de cerca de 100 millones de pesos. Lo que se está planteando es concentrar todo en dos fondos”.

Esta demasía de mecanismos derivó en vicios: “Hemos encontrado el mismo proyecto bajado de diferentes fondos, a veces por el mismo gestor privado, es decir; esta forma de mercados independientes de fondos generó también despachos de expertos en bajar fondos del Conacyt”.

Otra mancha fueron las enormes cantidades —hasta 780 millones de pesos anuales— asignadas al Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el cual fue creado para facilitar el acceso de estudiantes, académicos, investigadores y otros usuarios a la información científica en formatos digitales.

“Esto representa, por ejemplo, mucho más de lo que se paga en Alemania, que produce muchas más investigaciones que México. Aquí había un dispendio, que es una forma de corrupción, y esto lo estamos corrigiendo mediante negociaciones adecuadas con las grandes editoriales”.

Ciencia en México… “ha aumentado desigualdad"

Antes de su exposición en Palacio Nacional, se presentó un video introductorio que, de acuerdo con la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, “resume el propósito, espíritu y quehacer de las ciencias, las humanidades y tecnologías en este nuevo régimen”.

El video señala que los “avances científicos han creado nuevas oportunidades para mejorar la vida de todos, pero hasta ahora sus beneficios han alcanzado a muy pocos e incluso han aumentado la desigualdad. En el nuevo Conacyt garantizaremos el derecho de todas las personas al conocimiento y a sus beneficios. Asumiremos el quehacer científico con una visión crítica y promoveremos soluciones a los retos del país…”.