Inmersos en una lucha por el poder que busca colocar amigos y parentelas en las principales posiciones administrativas y políticas al interior del Primer Congreso CDMX, los diputados del mayoritario Partido Morena intentan manipular las disposiciones establecidas por la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Encabezados por un oscuro presidente impuesto por Alejandro Encinas, quien abandonó su escaño para brincar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, el órgano legislativo se encuentra a la deriva. Lo grave de este extravío es su incapacidad para cumplir con los plazos constitucionales de elaborar y promulgar las leyes secundarias que concreticen los derechos establecidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico y político local. Frente a ello, buscan la salida fácil de postergar su inicio. Los legisladores incurren así en un desacato a los mandatos de la Carta Magna intentando modificar arbitrariamente sus artículos transitorios.

Desacato, en términos legales y semánticos, es una ­desobediencia deliberada o dolosa a un precepto constitucional o a otros mandatos legales y se considera un incumplimiento de las obligaciones que impone un cargo público. Es más significativo en sus alcances cuando afecta a los ciudadanos toda vez que los legisladores, antes de tomar posesión de su cargo, protestaron bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución, apegándose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que buscaran contrariarla, prometiendo a sus electores el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo les impone y por cuya infracción son responsables conforme a las leyes.

Las disposiciones constitucionales son de obligatorio e ­ineludible acatamiento. Los legisladores que con toda premeditación acumulan meses de incumplimiento dejan en el desamparo a la sociedad, violando los derechos ciudadanos al posponer la aprobación de las normatividades. Han retrasado sin motivo lógico un conjunto de leyes relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, a la regulación del Sistema Integral de Derechos Humanos y a la Ley de Planeación, cuyo rezago impide la instalación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva CDMX; han buscado posponer la entrada en vigor del Plan General y del Programa de Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías, del Programa General de Ordenamiento Territorial y de las demarcaciones, así como la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura. También han demorado la entrada en funcionamiento de los juzgados de tutela de Derechos Humanos en cada alcaldía, la designación del titular y por lo tanto, el inicio de operaciones de la Fiscalía General de Justicia, así como la expedición de leyes y ordenamientos que afectan a los organismos autónomos constitucionales.

Peor aún, en algunos casos el plazo constitucional ya expiró, como ocurrió con la Ley de la Fiscalía General de Justicia cuya entrada en vigor era obligada para el 5 de diciembre de 2018 o la designación de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano que debió cumplimentarse el 31 de diciembre de ese año. Del mismo modo, la integración de la Sala Constitucional debió estar lista el pasado 31 de enero. Negarse, intencional y dolosamente, a dar cumplimiento a la necesidad de garantías públicas para la población, constituye un inconcebible atentado al estado de derecho constitucional, sin ningún asidero legal o pretexto peregrino que valga para dañar a la Ciudad de México.

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