A una semana de su aprobación, el Congreso de la Ciudad de México anunció que hará cambios a la Ley de Cultura Cívica, debido a que “criminaliza y reprime el trabajo sexual” en la capital, lo que aclaró se trata un error.

Integrantes de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social (PES) “no coinciden con la idea de replicar las prácticas discriminatorias y siempre velaremos por la progresividad de los derechos”.

Se dio a conocer que en una revisión al articulado de la nueva ley, se detectó que se había aprobado inadvertidamente una fracción que va contra el espíritu progresista de proteger irrestrictamente los derechos de las y los trabajadores sexuales.

El Artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad, en su sesión del jueves 16 de mayo pasado, criminaliza a la prostitución y estigmatiza el trabajo sexual.

En su fracción VII, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Cívica, enviado el 19 de abril de 2019 por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, establece que la “prostitución” es una conducta que viola la “tranquilidad de las personas”.

Al respecto, los diputados recuerdan que se había interpuesto un amparo contra la anterior Ley de Cultura Cívica, en un artículo que versaba sobre la materia, por “ser inconstitucional e inconvencional” y por ser “violatoria de los derechos humanos, laborales” y de las garantías constitucionales vigentes en el país.

"En este nuevo proyecto de Ley de Cultura Cívica no solamente prevalece la pena, sino que aumenta la sanción a una Unidad de Medida y se agrega la opción de trabajo comunitario”.

Además, dicen, la nueva redacción de la ley propone que también las alcaldías podrán interponer una queja respecto de las personas “que inviten a la prostitución, la ejerzan o la soliciten”.

La Constitución, destacan los legisladores, “no prohíbe la prostitución”.

Por ello, anuncian que se analizan las rutas legales para derogar esa fracción de la ley, pues “atenta contra los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México”.

De acuerdo con un comunicado, además, junto con organizaciones de la sociedad civil, se revisan las vías para “lograr el reconocimiento formal del trabajo sexual”, según lo establecido en el Artículo 10 de la Constitución capitalina.

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