Opinión


Desigualdad chilena: algo se está muriendo

Desigualdad chilena: algo se está muriendo   | La Crónica de Hoy

Lo sucedido la semana pasada en Chile es una muestra de que vivimos en un mundo en vilo. De que algo, definitivamente, se está muriendo, pero no sabemos bien a bien qué es lo que puede nacer en su lugar.

Durante algunas décadas, Chile fue presentado como la muestra de que en América Latina podía haber crecimiento económico constante y, al mismo tiempo, una democracia activa en la que partidos y coaliciones de izquierda y de derecha se sucedían en el gobierno de una manera civilizada. De repente, con un pretexto aparentemente menor, el aumento en el precio del Metro, todo lo que era sólido saltó en el aire, las masas chilenas tomaron las calles para expresar su hartazgo y la nación andina entró en una espiral de crisis política y social.

En los últimos diez años, el PIB per cápita chileno casi se duplicó, a pesar de un bache a mediados de la década, y hoy es 24 por ciento superior al mexicano, a paridad de poder de compra. En el proceso, según mediciones recientes, sólo el 8.6 por ciento de la población tiene carencias de ingresos y apenas el 2.3 por ciento está situado en la pobreza extrema. Su economía abierta no tiene el problema de depender de un solo mercado: el más grande, China, apenas tiene un poco más de la cuarta parte del comercio exterior. En muchos indicadores, Chile ha sido visto como un ejemplo a seguir.

También ha habido analistas que se han llenado la boca señalando que el problema de las naciones no es la desigualdad, sino la pobreza y que, mientras haya crecimiento económico, éste terminará, a través de los mercados, por generar suficiente riqueza para que a todo mundo le toque una parte del pastel.

En Chile, tras la dictadura de ­Pinochet, hubo elementos de la economía que quedaron “atados y bien atados” a través de la Constitución, con lo que se consolidó el desmantelamiento de las redes de protección social (pensiones, sistema educativo, sistema de salud) llevado a cabo por el régimen militar. Las reformas que siguieron en los años de la democracia fueron tímidas, y se mantuvo el marco de privatización general.

Así, la vida cotidiana de millones de chilenos está marcada por los mercados: vales o créditos bancarios para financiar la educación, pensiones insuficientes si no se accedió a un esquema financiero, un sistema de salud en el que las aseguradoras privadas tienen gran peso, servicios básicos privados, desde la electricidad hasta el agua.

En ese contexto, no extraña que la repartición de los frutos del crecimiento haya sido muy desigual. Una parte menor se dedicó a paliar la pobreza extrema y la parte del león quedó, ya no en el 10 por ciento más rico de la población, sino en el 1 por ciento. El proceso de crecimiento guiado por los mercados creó una “clase media” que en realidad tiene que hacer malabares para no ser pobre (más de la mitad de las familias requieren de dos trabajos para superar el umbral de la pobreza de ingresos) y aplastó las expectativas de las clases medias anteriormente existentes, a partir —sobre todo— de los costos en educación y transporte. Todo mundo está obligado a correr mucho para quedar en el mismo lugar.

Mientras todo esto se estaba gestando, los partidos políticos siguieron con sus discusiones de siempre. La proverbial separación entre la clase política y la gente de a pie no les permitió enterarse de cómo estaba cambiando el ánimo social. De que ya había un hartazgo hacia la elite.

Entonces, lo que fue la ocurrencia colectiva de saltarse los torniquetes del Metro tras el aumento de precio, fue desencadenando una serie de acciones torpes y reacciones espontáneas, que acabó en manifestaciones gigantescas de repudio (una suerte de repetición del “¡que se vayan todos!”), actos de violencia, saqueo y vandalismo (que mucha prensa se encargó de subrayar) y, sobre todo, en una suerte de fiesta popular de gente, principalmente jóvenes, que se reconocía en la protesta, en el enojo y en las ansiedades.

La reacción inicial e inercial del gobierno de Piñera fue, primero, la de suponer que las protestas se irían diluyendo con los días, pero atizó el fuego con declaraciones frívolas (que la gente madrugara para encontrar tarifa reducida en el Metro, que comprara flores porque no habían subido de precio, que es como decir que si no hay pan, compren pasteles) y, luego, la de hablar de “guerra” y recurrir a la represión. Resultó particularmente chocante ver a militares chilenos macanear casi por diversión a civiles, como si 45 años no fueran nada. Pero resultó más significativo constatar que la indignación crecía y la gente, en masa, desafiaba el toque de queda. Piñera tuvo que recular.

Lo primero que intentó fue echar para atrás algunas de las medidas. Siguió con un acto de contrición en el que pidió perdón. Continuó solicitando al gabinete que pusiera su renuncia sobre la mesa, cambiándolo, prometiendo reformas… y las cosas siguen fluidas hasta el momento.

Por el lado de quienes protestan, está claro qué es lo que no quieren, pero no queda del todo claro qué quieren, en términos políticos. De seguro, que se ponga fin a la cultura del privilegio y a una desigualdad tan grande. Pero no se sabe cómo, si la clase política como un todo —y no sólo los “momios” de la derecha— ha quedado desprestigiada.

Así, Chile tendrá que moverse hacia un nuevo arreglo social. El problema es que no se sabe cómo se puede arreglar el asunto, porque no hay interlocutores claros.

Lo que sí queda claro es que el actual gobierno chileno carece de las herramientas para construir otro tipo de régimen social, porque se requerirán reformas —también políticas— de largo aliento.

En resumen, aun donde parecía que el sistema en el que el Estado se retrae de sus funciones de regulación económica y de política social funcionaba, en realidad no funcionaba. Y va a tener que cambiar.

 

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