Se entiende que la variopinta y enclenque oposición proteste en contra de la llamada Ley garrote. Mas debería empezar por calibrar si las diferentes fuerzas que la conforman cuentan, por sí solas, con seguidores suficientes como para, eventualmente, convertirlas en candidatas a la aplicación de esa norma ya vigente en la tierra del edén.

Puesto de otro modo, debería ponderar si las distintas formaciones opositoras tienen pueblo con que abanderar causas genuinamente populares, organizar manifestaciones masivas dignas de este nombre, bloquear obras públicas o privadas, y en general, afectar a terceros, con el riesgo de tener que pagar 13 años de cárcel y fuertes multas.

En caso contrario, si —como todo lo indica— los núcleos antagonistas de la 4T tienen cuadros suficientes para armar un equipo de futbol o un mariachi, pero no una formación política, deberían hacer menos alharaca y tratar de sintonizarse con las verdaderas demandas de los ciudadanos.

Deberían —por antidemocrático y políticamente incorrecto que suene—no sólo respaldar aquella polémica ley promovida por Adán Augusto López, sino procurar su generalización en el país.

No se requiere levantar una encuesta y ni siquiera una consulta a mano alzada para darse cuenta de que entre las demandas más añejas y sentidas de los mexicanos, sobre todo en las grandes ciudades, está la reglamentación del difuso derecho de manifestación, del cual han hecho uso y abuso logreros de todo pelambre.

Desde hace por lo menos tres décadas, en medios de opinión de la capital del país se ha explorado la conveniencia de acotar en espacios determinados la realización de manifestaciones, debido al grave perjuicio económico, ambiental y de salud pública que deriva de la realización de centenares, si no es que millares, de concentraciones al año.

Cuando de este asunto se habla todo el mundo mira hacia el Monumento a la Revolución y al Zócalo. Como en 2017 hizo la entonces vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mariana Gómez del Campo, quien pidió convertir ambas plazas en manifestódromos, los días contingencia ambiental.

La extralimitación en el uso de las marchas y plantones ha causado daños irreparables a la economía en muchas ciudades.

Una de esas urbes es la capital oaxaqueña, donde la CNTE con su activismo ha trastornado la vida citadina —con especial impacto en el turismo—, por más de cuatro décadas, y ha hecho escuela en el empleo de este recurso de protesta y extorsión.

Tal como en Tabasco, debe decirse, Andrés Manuel López Obrador se diplomó en toma de carreteras y bloqueo de pozos petroleros, y a la vez hizo escuela, desde principios de los 90, si bien respaldado por multitudes que difícilmente podrían convocar sus actuales contradictores.

Tan hondo caló el desenfreno de la protesta tabasqueña de aquellos años, que nuestro Presidente podría legítimamente decir que “de esta cabeza y este corazón” surgieron modalidades efectistas y chantajistas de manifestación, como las que indujeron a la expedición de la Ley garrote.

Algunas de esas innovaciones fueron la crucifixión o el encadenamiento de manifestantes. Y la escalofriante extracción de sangre mediante jeringas para arrogarla luego a los frontispicios de edificio públicos. Tal como instigaba hacer el chontal Auldárico Hernández Gerónimo, a la postre —vueltas de la política—convencido de que “la mafia del poder está en Morena".Renglón aparte merece el doctorado de nuestro actual jefe de Estado con la ocupación, durante más de medio año, del Paseo de la Reforma, debido a una causa ciertamente de interés y trascendencia nacional como lo fue el inverosímil triunfo electoral de Felipe Calderón. Victoria que, a estas alturas de la historia, no defienden ni sus más aguerridos valedores de aquel entonces.

Junto con el legítimo e inalienable derecho a la protesta ejercido por grupos sociales lesionados en sus intereses lícitos, ha hecho carrera la organización de marchas, mítines, plantones, bloqueos de calles y carreteras, tomas de hospitales, de casetas de peaje, y desde luego escuelas y universidades completas.

Si la protesta es de verdad masiva, santo y bueno. Pero, en la Ciudad de México y otras urbes, han proliferado estrangulamientos de calles por apenas una o dos decenas de personas con exigencias tal vez justas y razonables, pero que en modo alguno justifican dañar los intereses también respetables de terceros, varias veces más numerosos que aquellos pocos manifestantes.

La manifestación como recurso de protesta y medio de demanda se ha convertido, en gran medida, en toda una industria. O un acto mercantil en el cual vale también todo, desde el empleo de niños como escudos humanos hasta el penoso nudismo de ancianos y aun el empleo de la violencia. Como bien saben líderes de Los 400 pueblos o Antorcha Campesina, entre decenas de jugosos membretes.

La Ley garrote, por lo demás, fue aprobada por el congreso local, dominado —guste o no—por Morena, tal como en Baja California la Ley Bonilla fue el aberrante producto de un congreso controlado por la mayoría legítima del PAN.

En vez de hacer cálculos sobre la improbable aplicación en su contra de la ley tabasqueña, los dirigentes opositores deberían explorar la manera de que —si los números les alcanzan— idénticas normas sean tramitadas en otras entidades.

Por ejemplo, en las parcelas gobernadas por Claudia Sheinbaum, Alfredo del Mazo, Jaime Rodríguez, Javier Corral o Silvano Aureoles, por sólo citar a algunos mandatarios surgidos de los partidos olorosos a naftalina PRI, PAN y PRD.

Denotan novatez o de plano afán politiquero esos dirigentes, al combatir disposiciones que deberían ser imitadas.  A final de cuentas, la simpatía política de los ciudadanos es voluble, quienes hoy apoyan mañana pueden estar en la otra orilla.

¿De dónde entonces sacan la suposición —lo dijo el panista Fernando Herrera—de que el gobierno federal utiliza los congresos como laboratorios para empujar medidas que eventualmente pueda replicar a nivel federal?La actual, abrumadora simpatía que concita el partido liderado por Yeidckol Polevnsky, no es para siempre.

Y, en  un escenario así, no resulta descabellado imaginar que la polémica Ley garrote pueda acabar siendo aplicada a los actuales militantes del partido en el poder nacional.

¡Menos aspavientos y más cercanía con los intereses de la gente!

Aurelio Ramos Méndez

aureramos@cronica.com.mx