Si por estos días se preguntara a los ciudadanos qué hacer con la CNDH, de seguro no serían pocos los que recomendarían eliminarla de la estructura gubernamental.

Porque no se requiere bola de cristal para prever que esta teórica defensoría del pueblo está en tránsito de la servidumbre a la esclavitud frente al Ejecutivo.

Ni dopado alguien podría suponer que con Rosario Piedra Ibarra al frente esta Comisión observará genuina independencia respecto al gobierno del presidente López Obrador.

Tal como ni los ciegos podrían sostener que Luis Raúl González Pérez ejerció a cabalidad su pretendida desvinculación del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y tal como en modo alguno podría decirse que los demás antecesores de Piedra Ibarra fueron autónomos con respecto a los mandatarios de turno, desde la fundación de esta entidad en 1992.

Basta revisar por encima la actuación de la CNDH frente a algunos de los episodios más traumáticos de nuestra historia reciente para percatarse de la marrullería, extemporaneidad, parcialidad, desdén o franca adulteración de hechos por nuestros orondos ombudsman y sus acólitos.

Díganlo si no las víctimas de sonados casos de violencia ocurridos a lo largo y ancho de la geografía nacional, de Creel a Salvarcar y San Fernando, pasando por Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, Nochixtlán, Ayotzinapa, para sólo mencionar unos pocos.

¡Cómo ha de ser la supeditación de la CNDH que esta realidad fue reconocida, de manera expresa, por los cinco miembros que renunciaron a su Consejo Consultivo, indignados por la elección de la hija de doña Rosario Ibarra!

Una elección que “presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes detentan el poder político”, dijeron Alberto Athié, María Ampudia González, Mari­claire Acosta, Angélica Cuéllar y María Olga Noriega.

En declaraciones de prensa, Acosta fue más explícita. Dijo estar triste porque “una institución que costó mucho trabajo hacerla funcional, con cierto grado de autonomía”…

Y Athié, también en declaraciones a reporteros, reveló algo “que siempre ha pasado: que tanto los gobierno anteriores como el actual, han querido injerir”.

Dijeron verdades de veinticuatro quilates los renunciantes. ¡Lástima que las develaron tarde!

Se ganaron a pulso, por lo mismo, la sutil recriminación de Ricardo Monreal relativa a que es sano que la nueva presidenta de la Comisión cuente con un nuevo equipo de trabajadores de confianza y altos funcionarios, pues los renunciantes “pudieron ser contrapeso en el interior y decidieron ausentarse”.

Cubrieron con un velo de complicidad que la CNDH ha estado soterradamente sometida a quienes detentan el poder; que es una entidad apenas funcional y con sólo cierto grado de autonomía, y que todos los gobiernos han pretendido tener injerencia en sus decisiones.

Expuestas las anomalías, vale señalar que si así funciona una institución ¡al cabo de 27 años de haber sido fundada!, es porque ha devenido en ente burocrático, esclerotizado, útil únicamente como modus vivendi de funcionarios, consejeros y empleados regiamente retribuidos.

Lo procedente, en semejante tesitura, es vigorizar el estado de derecho y hacer efectivo el acceso a la justicia y el cumplimiento de la ley, no recomendaciones éticas o morales tan atendibles como un llamado a misa.

Asimismo, denunciar los tratados, convenciones y compromisos internacionales sobre derechos humanos, y atenerse a la descertificación —merecida o no— de las naciones del primer mundo en este campo.

Además, engavetar el discurso de hondo respeto a las garantías individuales y dejarles el lujo de blandirlo a los gobiernos escandinavos, en cuyos lares estos conceptos ha regido con éxito por más de 200 años. Como quien dice: Por acá, menos choro y más justicia.

No nos digamos mentiras. En nuestro medio los DH han servido para legitimar acciones de gobierno, pagar favores y satisfacer ambiciones político-electorales.

Si en Bolivia Evo Morales invocó estos derechos para hacerse elegible por cuarta vez, en México han sido aprovechados incluso por un sinfín de membretes para la defensa de delincuentes.

Y si —por duro que suene— han servido para lavarles las manos manchadas de sangre a nuestros gobernantes, ahora también están siendo usados como catapulta partidista por el panismo.

El nombramiento de la nueva titular de la Comisión ha desatado un potente huracán político, menos por la importancia que quienes lo alientan le confieren a los derechos humanos, que por ánimo de torpedear la 4T.

Se necesita cinismo para envolverse en la bandera de los derechos del hombre, como hacen diputados, senadores y dirigentes del PAN, si se repara en que muchos de estos mismos señores cohonestaron con silencio y ceguera las atrocidades del gobierno de Felipe Calderón en la guerra antinarco. Atrocidades que, por cierto, tampoco vieron José Luis Soberanes ni Raúl Plascencia Villanueva.

Otro tanto puede decirse de políticos priistas, incluidos algunos que tuvieron responsabilidad directa en los campos de la seguridad nacional y la seguridad pública, quienes ahora se rasgan las vestiduras ante la inminencia de que la CNDH pasará del limbo al infierno.

Se engaña quien crea que a Gustavo Madero, Xóchit Gálvez o Damián Zepeda, entre otros panistas que esta semana hicieron del Senado un cantina, les interesa de verdad la defensa de los derechos humanos ,no el tratar de posicionar su partido como la única y real oposición al obradorismo.

En este afán —el de erigirse en la única oposición— les va la vida a los del banquiazul, frente la patética renuncia de hecho del PRI y el PRD a tal objetivo.

De esta renuncia partidista dice mucho el mutismo que por estos días guarda del fantasmal Alejandro Moreno —Alito, para ponerle el pantalón corto que tanto le gusta—y la desaparición de plano del combo directivo del perredismo, formado entre otros por Ángel Ávila, Fernando Belaunzarán, Karen Quiroga y Camerino Márquez.

Visto así el asunto, hizo bien Monreal en impedir que los panistas y sus comparsas se salieran con la suya.

Les ofreció reponer la elección de presidente de la CNDH y  pretendieron burlar la definitividad de las distintas fases del debate, regresar el tema al punto muerto, reabrir desde cero la discusión. La maniobra era clara.

Se trataba no de ir a una nueva votación como ya habían hecho la primera vez, sino de insistir, machaconamente, en aspectos de supuesta inelegibilidad e incondicionalidad. O sea, exprimir el punto hasta sacarle el mayor jugo político. Nones.

Cualquiera que haya sido la realidad, a nadie debería extrañarle pues, si, consultados los ciudadanos, el resultado fuese la muy atendible recomendación de cerrar la CNDH.

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