¿Qué tendrá que ocurrir o hasta qué extremos deberá llegar la violencia atroz, la barbarie en que se debate nuestro país, antes de que el Presidente López Obrador empiece a explorar mecanismos útiles para la pacificación?

Cobra sentido este interrogante a la luz de lo dicho por el mandatario respecto a que, si bien el Plan Nacional de Desarrollo propone buscar mecanismos para conseguir la paz, esto implica “un proceso que todavía no iniciamos”.

Y no ha iniciado —afirma— porque para lograr la paz “hay que ir avanzando eslabón por eslabón”. ¿Qué significa esto? Misterio.

Al escuchar a nuestro primer mandatario uno percibe cierta supina desconexión con la realidad. Porque la procura de mecanismos para la pacificación se antoja de extrema urgencia, en medio del baño de sangre que estremece la nación.

Cadáveres arracimados bajo puentes peatonales o desmembrados y amontonados a orillas de las carreteras; balaceras en centros comerciales, secuestros, extorsiones, feminicidios, hitos estadísticos en toda suerte de delitos… Nuestra cotidianidad.

Frente a tan macabra realidad, el Jefe del Estado se conforma —se deduce de sus palabras— con tratar de resolver el problema atendiendo aspectos tales como la de

sigualdad y las adicciones, atinados, sí, pero de larga maduración.

Y con el despliegue de la Guardia Nacional, de resultados más que precarios hasta ahora.

Afirma el Presidente que para tomar decisiones sobre el proceso de paz también se considera el acercamiento con diversos sectores, en especial las víctimas, y la convocatoria a un diálogo, una consulta; “pero, no estamos en eso”.

¡Pues debería estarlo! La situación ya no admite demoras.

Han transcurrido casi nueve meses de gobierno y el titular del Ejecutivo parece no tener prisa en el campo de la seguridad, hasta el grado de que sus propuestas —así sean en embrión—son desconocidas.

Consuela, no obstante, el saber que tiene noción de su circunstancia. Tal como lo dejó entrever este jueves:

“No quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada, y a los de antes de esa administración (…) Ya es nuestra responsabilidad. Ya no es para estar diagnosticando. Ya sabemos: hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar”.

Por voz de Olga Sánchez Cordero los ciudadanos nos enteramos de que el gobierno dialoga con “muchos grupos” que “han manifestado que no quieren seguir en esta violencia, sino deponer las armas y caminar hacia la paz”.

Sin embargo, la esperanzadora suposición de que este ejercicio de negociación pudiera traducirse en relativa paz, así sea al costo de concesiones del Estado a las organizaciones delictivas más grandes y temibles —o al mismísimo diablo—, se esfumó en menos de un suspiro.

La Segob, primero, y el Presidente, después, aclararon que la negociación no abarca a los grupos del crimen organizado, sino sólo las autodefensas. Lástima. La voluntad de diálogo deja fuera a los causantes de 90 por ciento de la violencia.

El gobierno sólo habla con las autodefensas, bandas infestadas de narcos y delincuentes de todo pelaje, impulsadas por Enrique Peña Nieto y —en Michoacán— por Alfredo Castillo.

Organizaciones éstas a las que Francisco García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles tienen, atinadamente, por células delictivas.

Y en alusión a las cuales esos gobernadores han denunciado que Ricardo Peralta les da dinero, aunque frente a las mismas ambos han observado una actitud contemplativa, de perfectos ineptos.

Peor aún, en el caso de Aureoles, una actitud de amorosa protección —¿o complicidad?—, si se repara en que en su equipo todavía se mantienen colaboradores clave de Castillo.

Es pésima la noticia de que el gobierno federal no negocia con cárteles de las drogas ni grupos de delincuencia organizada en general.

Significa eso que con la vigente estrategia de seguridad, sin voluntad para legalizar las drogas y atacar así, en serio, las finanzas del narco; sin disposición para una negociación política del problema del tráfico de estupefacientes, la verdadera 4T en la historia de México no la será el régimen lopezobradorista.

La 4T será el período de auge del narco y su secuela de violencia inaudita, que ya obra una transformación profunda en todos los órdenes de la vida nacional y, previsiblemente, dejará más muertos que la Independencia, la Reforma y Revolución juntas.

La eventual negociación con los carteles, que por estos días escandaliza las buenas conciencias y las induce a rasgarse las vestiduras, santiguarse e invocar el sacrosanto Estado de derecho, nada tiene que ver con la ley ni la moral. Es un imperativo político, de orden práctico, de gobernabilidad.

Se necesita un arreglo que lleve a los capos desmontar su negocio, deponer las armas, sanear y repatriar sus capitales, entregar arsenales, sembradíos, laboratorios, pistas, aviones, helicópteros, lanchas, vehículos terrestres…

Todo lo cual en modo alguno significaría impunidad, pues un eventual acuerdo tendría que incluir fórmulas jurídicas y condiciones para saldar cuentas con la justicia.

Una negociación política para pacificar no se entendería sin incluir a los jefes de las grandes organizaciones delictivas. Así se trate de personajes poco o nada fiables, que buscarían acuerdos ventajosos, y de un entendimiento fugaz, duradero hasta la irrupción en la escena de nuevos mafiosos.

Nada acerca de esta conveniencia de negociación es novedoso. Desde hace al menos 35 años lo intentó en varias ocasiones, a lo largo de una década, la sufrida Colombia, durante los gobiernos de Belisario Betancourt, Virgilio Barco y César Gaviria.

La primera, en octubre de 1983, cuando Pablo Escobar y otros mafiosos como los hermanos Ochoa —Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez— Carlos Lehder y Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, buscaron hacerle llegar a Betancourt una propuesta de arreglo, finalmente malograda.

La segunda, seis meses después, en abril de 1984, cuando el mismísimo expresidente Alfonso López Michelsen se reunió en Panamá con aquéllos y otros capos, quienes le presentaron un plan que él transfirió a Betancourt.

De aquel lance se recuerda que el entonces mandatario colombiano le hizo llegar al gobierno gringo copia del borrador de acuerdo, convencido de que ninguna posibilidad de arreglo con los capos prosperaría sin la anuencia de la Casa Blanca.

El tercer intento de negociación ocurrió en 1989, bajo el gobierno de Barco, en medio de una atroz violencia que en un solo proceso electoral presidencial cobró la vida de cuatro candidatos: Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez.

Los mafiosos exploraron un cuarto intento de acuerdo, a finales del mismo año 89, tras la muerte de El Mexicano. Esta vez a punta de secuestros masivos y de personajes importantes.

En esos esfuerzos de pacificación participarían los expresidentes López, Turbay y Misael Pastrana Borrero, y hasta el cardenal Mario Revollo.

Pero no sería sino hasta el gobierno de Gaviria cuando el diálogo con los barones de la droga prosperaría en la forma de una política de sometimiento a la justicia. por la cual Escobar se construyó su propia cárcel, de la que se fugaría tiempo después para acabar sus días sobre un tejado.

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