La organización del sistema educativo debe ser materia, en México, de una seria revisión. La estructura de este sistema es herencia de la Revolución Mexicana y los sucesivos gobiernos de la república no han sabido evaluar en profundidad esa herencia y formular, en su caso, los cambios que sean necesarios.

El sistema educativo nació con la marca del centralismo, siguiendo el modelo establecido, en 1921, por José Vasconcelos. Todavía en los años ochenta, muchos maestros se veían obligados a viajar a la capital para resolver problemas relacionados con sus contrataciones o con el pago de sus quincenas.

En 1992, sin embargo, se realizó una descentralización, pero ese movimiento fue muy limitado: se concedió a los gobiernos de los estados la facultad de manejar la operación (administración) del sistema escolar, pero todos los aspectos normativos (como los planes de estudio) se mantuvieron centralizados.

Las vicisitudes de la descentralización son bien conocidas: la doble negociación sindical, los abusos con el presupuesto educativo, la corrupción con las plazas, etc. Mientras tanto, el sistema creció aceleradamente hasta adquirir dimensiones desproporcionadas y el aprendizaje de los alumnos declinó de forma escandalosa.

La reforma educativa de 2013-2018 fue un ejercicio centralista pues se creó un Servicio Profesional Docente que, en lo fundamental, estaba dirigido por entidades centrales como la SEP y el INEE. A las entidades federativas se les atribuyeron tareas secundarias, de carácter operativo y nunca intervinieron en los aspectos sustantivos del proyecto.

Las evaluaciones docentes de esa reforma pusieron en evidencia las enormes dificultades que surgían en una operación que intentaba movilizar a todo el magisterio para un ejercicio único y simultáneo dirigido desde el centro de la república. Este ambicioso proyecto estaba destinado a fracasar por meros problemas logísticos, pero a los problemas logísticos, como sabemos, se agregaron los problemas políticos y el malestar profundo que reinaba entre el magisterio.

Ese malestar profundo se conserva, latente, hasta hoy. ¿De dónde surge ese malestar? En mi opinión (ésta es una hipótesis), esa insatisfacción emana principalmente del sentimiento generalizado entre los docentes de que ellos, y sus escuelas, no tienen libertad o autonomía para decidir sobre algunos aspectos esenciales de su trabajo, como son los contenidos y los métodos de la enseñanza.

Los maestros perciben que están sujetos a un régimen de gobierno externo a la escuela y ese régimen es percibido como coactivo, arbitrario y muchas veces ignorante de los procesos reales, concretos, humanos, densos —muchas veces dramáticos—, que tienen lugar dentro de las aulas y en los demás ámbitos escolares.

Si revisamos los casos nacionales de educación exitosa (siempre pensamos en Finlandia) observamos que en esos países la escuela ostenta facultades que en el caso de México no existen, por ejemplo, los directores de escuela contratan directamente a los maestros y el colectivo docente tienen poder para definir su propio plan de estudios anual. ¿Sería posible —o deseable— que México avanzara gradualmente hacia un modelo como ése?

Gilberto Guevara Niebla