El pleno de la Cámara de Diputados arrancó su sesión para discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa presidencial de Ley de Amnistía que plantea mecanismos legales que regulen la concesión de la libertad a los grupos vulnerables (como mujeres en pobreza que hayan abortado) que hayan cometido conductas delictivas a fin de garantizarles nuevas oportunidades de reinserción social.

Los posibles beneficiados de la amnistía deberán encontrarse en las siguientes condiciones: que la sentencia condenatoria en firme que tenga el inculpado sea la primera, que no se haya cometido secuestro o delitos contra la integridad personal y que no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

En el dictamen a discusión se tipifica como objeto de amnistía el aborto, delitos contra la salud por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se traten de personas en estado de vulnerabilidad, de comunidades indígenas que no hayan recibido derecho a una defensa legal en su idioma, quien haya cometido robo simple sin violencia y el delito de sedición o actos penalizados que sean de índole política por la participación en movimientos o protestas sociales.

Además, se estipula que no podrán obtener amnistía los procesados o sentenciados por delitos graves. La Secretaría de Gobernación deberá promover en las legislaturas locales la creación de leyes de amnistía por delitos semejantes a los regulados en la norma en referencia, así como facultarla para conocer los casos de personas privadas de su libertad por motivos políticos y define que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de aplicar los preceptos de la Ley.

“Se busca un modelo de pacificación en el país, por lo que se pone el acento en las personas. La justicia penal no alude al castigo, sino a la reparación del daño”, argumentó la diputada morenista Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación.