Por fin, el 19 de marzo se reunió el Consejo de Salubridad General sólo para informar “las actividades de preparación (sic) y control en México para la atención de los efectos del virus denominado COVID-19” y analizar las “propuestas, acciones y medidas a ejercer por la (sic) Administración Pública Federal”, según la orden del día contenida en el Acta de la primera sesión extraordinaria 2020 de ese órgano establecido en la Constitución, que depende directamente del Presidente y con facultades para legislar en toda la República.

“En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.” Artículo 73, fr. XVI, 2ª de la Constitución Política Mexicana.

Este Consejo, que debió reunirse desde que la Organización Mundial de Salud alertó sobre el riesgo de una pandemia, reconoció apenas ayer a la epidemia por ese virus “grave de atención prioritaria” y sancionó (sic) lo realizado hasta este momento por la Secretaría de Salud y otras entidades públicas. Asimismo, la Secretaría de Salud renunció a las facultades que le otorga la Constitución como autoridad ejecutiva en momento de crisis sanitaria para llevar a cabo acciones, incluso sin acuerdo previo con el titular del Poder Ejecutivo, y determinó que las medidas necesarias para la prevención y control serían por consenso (resic).

“La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.” Artículo 73, fr. XVI, 3ª de la Constitución Política Mexicana.

Finaliza, la sesión del Consejo con un exhorto a las autoridades locales y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a llevar a cabo planes de reconversión hospitalaria y expansión para hacer frente oportunamente al COVID-19.

Siempre me he negado a aceptar la frase de André Bretón “No intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo, México es el país más surrealista”, pero cuando testificó estos actos de sinrazón política dudo de mi convicción.

Durante varias décadas hemos intentado, los mexicanos, como sociedad y gobierno, ser más ordenados y disminuir la desigualdad social, con algunos avances y muchos rezagos, pero ese ha sido el propósito explícito. Es más, la “revuelta” electoral del 2018 atiende al reclamo mayoritario de que el gobierno hiciera mucho mejor las cosas, que fuera un auténtico gobierno, que asumiera su responsabilidad y liderazgo.

Sin embargo, el mandato otorgado en las urnas se confundió y se pretende utilizar como un cheque en blanco para impulsar caprichos y convicciones personalísimas que hunden sus raíces en el rencor y el despecho políticos.

Hoy que se requiere un gobierno fuerte, que utilice la popularidad de su líder y las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, éste desaparece por casi un mes con la única explicación que el COVID-19 produce síntomas leves y que estamos en la primera etapa de la evolución de la epidemia.

Las organizaciones públicas autónomas -aquellas que limitan al Poder Ejecutivo-, las universidades públicas y privadas, las entidades federativas y las organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con mayor prontitud que el gobierno paralizado para evitar ser igual al calderonista.

Con ello, el gobierno actual se está pareciendo al Delamadrista, en 1985, que ante el terremoto en la Ciudad de México, decidió no recibir ayuda internacional -México era especial y no requería ayuda- y bajo el argumento de que su aparato burocrático partidista lo tenía todo controlado se quedó viendo desde Palacio Nacional lo que ocurría y ocultando las cifras reales de muertos.

Hay que informarle al Presidente, que la sociedad -a pesar de las consecuencias económicas negativas que esto represente- ya inició parcialmente la cuarentena. No está esperando el 23 de marzo, que es la fecha decretada para que la epidemia empiece su expansión, y actúa con mayor responsabilidad que el gobierno.

La ausencia de una estrategia gubernamental para prevenir la epidemia se expresa en los festejos políticos con convocatoria amplia, como el de la expropiación petrolera; una reunión de más de 30 personas del Consejo de Salubridad General, que es lo contrario a lo que es una autoridad ejecutiva como lo manda la Constitución y con riesgo de que haya contagio del virus, y un acuerdo tibio, sin anuncios de medidas concretas y efectivas para contener el avance de la epidemia.

¿Dónde está el gobierno? De gira en Oaxaca, inventando fuerzas morales, mostrando estampitas y amuletos, rechazando públicamente el uso de gel antibacterial, besando y abrazando niños, pero no haciendo el trabajo para el cual fue electo. El gobierno debe ejercer sus facultades constitucionales extraordinarias para evitar un contagio masivo y no estar convocando tardíamente para la foto y compartir responsabilidades al Consejo de Salubridad General.

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