Tuvieron que pasar más de tres décadas para la incorporación del desarrollo sostenible a la agenda política, con el propósito de generar soluciones a una crisis creciente y diversa que aún mantiene en riesgo la salud humana y en general los recursos naturales de nuestros hábitats.

Hoy que a nivel mundial la mayoría de los países suman esfuerzos para impulsar políticas públicas para proteger con eficiencia el medio ambiente (como lo es la Agenda 2030 que abarca también las esferas económica y social) se ha impulsado la participación de las juventudes, en quienes, sin duda, han sido determinantes los cambios de paradigmas para contrarrestar el calentamiento global y los problemas ambientales conexos.

Dentro de esta necesidad de cambiar paradigmas, cabría preguntarse: ¿cuánto tiempo habrá de pasar para que las juventudes y en general los mexicanos tengamos una cultura financiera que contribuya a la resiliencia económica y que a la distancia, el vivir la vejez con dignidad no dependa de la ayuda de los hijos, de otros familiares o de programas gubernamentales?

Responder a ello implica ahondar en la importancia e impacto de la educación financiera para los mexicanos, reflexión que puede generarse a partir de tres aspectos fundamentales: uno, situación estructural; dos, coyuntura actual en esta materia, y, tres, las complejidades del sistema financiero en nuestro país.

En el primer aspecto se debe destacar que la mayor por parte de la población mexicana ignora la importancia de la educación financiera, y, por ende, no la considera un tema de interés.  De acuerdo con datos obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2018), sólo el 30% de los mexicanos cuenta con este tipo de educación.

Esta situación es altamente contrastante con lo que viven naciones como Suecia, Noruega y Dinamarca, cuyos porcentajes se elevan en un 71%. O como en Canadá, que es de un 68%, y en Reino Unido, de un 67%. En Estados Unidos este indicador equivale a 55%. Por su parte, en Latinoamérica, según informes de la OCDE, en sus sistemas educativos las iniciativas de educación financiera no forman parte de las estrategias nacionales.

Otro factor de carácter estructural que limita la educación financiera es la informalidad económica, misma que representa un gran desafío, pues según un estudio del Banco Mundial el 40% de la población económicamente activa se encuentra en esta situación, el 27% no trabaja fuera de su casa y sólo el 33% está en la formalidad.

En el segundo aspecto, la coyuntura actual de la educación financiera, apunta a los programas sociales. La nueva política social del gobierno de México se caracteriza, entre otras cosas, por su alcance cuantitativo; en ese sentido se estima que el número de beneficiarios de algún tipo de transferencia económica es de 22 millones de personas, aproximadamente, y la gran mayoría de ellos la recibirán por medios electrónicos, es decir, mediante alguna institución bancaria.

Por lo tanto, esta coyuntura representa una extraordinaria oportunidad para acompañar los apoyos otorgados con información de educación financiera, para que la población beneficiaria acceda a temas básicos en esta materia y puedan contribuir así a evitar problemas como fraudes, sobreendeudamiento, consumos innecesarios y otros riesgos, al tiempo que se le otorga a la inclusión financiera un carácter más permanente, eficiente y no sólo efímero o de autoexclusión.

El tercer aspecto, nos lleva a analizar las complejidades del sistema financiero mexicano, el cual es sumamente heterogéneo y muy grande (más de 2 mil 700 instituciones financieras reguladas por la Condusef), que ofrece una variedad impresionante de productos y servicios (casi 13 mil), es decir, en el mercado financiero coexisten, y compiten bancos globales con Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Cajas de Ahorro de carácter social; unas, supervisadas con Fondo de Protección, y otras no reconocidas como entidad financiera, pero que realizan abiertamente actividades de captación.

Esta complejidad, aunada a la cantidad y diversidad de productos y servicios que se ofrecen, complica la exigencia hacia las instituciones para que cumplan con programas de educación financiera, lo que hace de ella, hasta ahora, que siga siendo sólo un tema de política pública.

Así mismo, un aspecto complejo también es la preferencia por el pago en efectivo: 90% de las transacciones más comunes se realizan en esta modalidad. De esta manera, el pago de renta, de servicios públicos como agua, luz y gas, así como de servicios privados como cable, internet, entre otros, se hace en efectivo.

Al respecto, se considera que un buen acompañamiento de la educación financiera es la puesta en operación del Cobro Digital (CoDi), el cual busca reducir el uso de efectivo y acotar la brecha que hoy día presenta nuestro país frente a otras naciones.

Por ello, a partir del pasado 30 de septiembre del presente año, el Banco de México puso en operación la plataforma de pagos móviles conocida como CoDi, que reducirá el uso del dinero en efectivo y fomentará el pago a través de dispositivos móviles.

En países como Estados Unidos, China y otras naciones de Europa, los pagos móviles son tan comunes que incluso es extraño pagar con efectivo, por lo que con la plataforma CoDi se espera que México avance en tendencias tecnológicas, las que en el resto del mundo, desde hace varios años, son una realidad.

En conclusión, la educación financiera es un instrumento indispensable para acompañar la inclusión y sobre todo para darle permanencia; en este intento educativo es necesario llevarla a todas las escuelas de nivel básico y medio superior como asignatura obligatoria.

Es innegable que la educación financiera puede representar una palanca para la bancarización, y, mediante ésta, la inclusión, sin embargo, deben realizarse esfuerzos para generar señales de confianza a la ciudadanía y avanzar en procesos de simplificación regulatoria y de apertura de cuentas, que hagan más amigable el contacto con las instituciones financieras.