Recientemente fue presentado el informe de los resultados del Índice de Desarrollo Democrático de México, IDD-MEX 2019, diseñado por la Fundación Konrad Adenauer y la Consultoría Polilat, encaminado “al análisis político de fortalezas y debilidades de la democracia mexicana”.

Los resultados, aunque muestran avances con respecto al 2018, no son tan halagüeños como quisiéramos. Respecto a la dimensión denominada Democracia de los Ciudadanos (que mide el comportamiento de éstos y de las instituciones respecto de los derechos políticos y las libertades civiles) evidencian una baja en los siguientes indicadores: respeto a la elección de alguna propuesta política y su expresa adhesión; respeto de derechos políticos y de las libertades civiles; atención a la violencia de género; prevenir la exclusión social de la población indígena, y la afectación de derechos y libertades por la inseguridad. En el contexto general del estudio, sólo 10 entidades federativas aparecen con óptimo desarrollo democrático, 11 con medio, 6 con bajo y 4 con mínimo o nulo desarrollo.

Así, el documento resulta ser una herramienta didáctica respecto al diagnóstico que se realizó y, sobre todo, por el insumo que representa para el diseño e implementación de políticas y acciones específicas y generales que permitan a los gobiernos y la ciudadanía, avanzar corresponsablemente en el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Máxime si consideramos los cambios que nuestro sistema de representación política tendrá en el 2021, con las elecciones federales intermedias en las que se renovarán: la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 29 Congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos.

Ante este panorama, sin embargo, para el desarrollo democrático de cada entidad federativa en lo particular, y de nuestro país en general, no podemos considerar únicamente acciones encaminadas a generar una mayor participación ciudadana en cualquiera de las votaciones establecidas en los planes y calendarios electorales correspondientes, mediante campañas políticas y con estrategias de corto plazo, sobre una cultura cívica institucional o no gubernamental.

Hoy, ante fenómenos globales que se adecuan a las condiciones y características de cada país, y que constituyen amenazas para la convivencia comunitaria y el entramado social, como son las nuevas formas de xenofobia, racismo y discriminación, así como las diversas manifestaciones de la violencia que atenta contra sectores vulnerables, niñas, niños, adolescentes y, destacadamente, contra las mujeres, los derechos humanos e inhibe el ejercicio de los derechos políticos y las libertades civiles, se hace imprescindible reflexionar, además, en procesos educativos permanentes y de largo alcance que contribuyan al desarrollo de valores democráticos y de su congruente ejercicio individual y colectivo, que además, integren el currículo escolar y la formación en todos los niveles y se imparta en todas las instituciones de educación básica y centros de educación media superior y superior, tanto públicos como privados.

Numerosos estudios han demostrado la existencia de la correlación dialéctica entre educación y democracia, en el sentido de que aquella debe ser necesariamente un rasgo característico de ésta, y a la vez una condición que le favorezca en su desarrollo y consolidación, a través de la participación ciudadana.

En este sentido podemos hablar de una Educación para la Ciudadanía Democrática que promueva y practique los principios democráticos y que contribuya a la sana convivencia, a través de la tolerancia y el pluralismo en una sociedad compleja como la nuestra, y más aún, que permita detonar el pensamiento crítico y la formación en valores como la solidaridad, la honestidad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, así como la legalidad y la justicia.

Lo anterior, a partir de la autoconsciencia, del autoconocimiento, pero en estrecha relación con el contexto donde la existencia social del ser humano no implica la negación de su individualidad, sino una interacción compleja y dialéctica entre uno y otro para el desarrollo integral de su personalidad y de la comunidad en el que interactúa con otros individuos y con otros grupos sociales.

Por todo lo hasta aquí expuesto, la Educación para la Ciudadanía Democrática, por definición, debe contener, por un lado, temas de ética y política, que contrarresten la falacia de la neutralidad que sólo busca el desinterés, la apatía y la inmovilidad ante los fenómenos que intervienen en contra, o a favor, del desarrollo democrático y ante el desconocimiento sobre las formas de gobierno, de gobernabilidad y gobernanza de cada país, y, por otro lado, deberá encaminarse a la adquisición de competencias cívico ciudadanas basadas en valores democráticos e incluso en el manejo asertivo de las emociones, que permita a los educandos y futuros ciudadanos pasar de la vida familiar y escolar al mundo social para adaptarse, contribuir y dirigir los cambios sociales, económico y políticos que exige el presente y el futuro de nuestro país. Sin duda, la labor de la Secretaría de Educación Pública, es determinante para proceso de desarrollo democrático y la añorada transformación de México.

Twitter: @UlisesLaraCDMX