En el proyecto de reformas al artículo tercero constitucional que tiene la aprobación temporal de la Cámara de Diputados se introducen conceptos que implican cambios de fondo en el sistema educativo nacional.

El más importante, sin duda, es la abrogación de las evaluaciones docentes que tenían efecto sobre la permanencia en el empleo. Con la adopción de esta medida se puso punto final a un capítulo penoso de enorme malestar entre el magisterio.

De aprobarse este proyecto, el nuevo Artículo Tercero consagrará, en cambio, un conjunto de políticas que, antes que debilitar, fortalecerán la profesión magisterial. El texto reconoce al maestro como agente de transformación social, una noción extraída directamente de la época de oro de la Escuela Rural Mexicana.

Pero no sólo eso. El nuevo Artículo Tercero estaría garantizando el derecho de cada profesor a acceder a un sistema integral de formación y capacitación. Durante su formación, los maestros participarán en evaluaciones dirigidas a diagnosticar sus fortalezas y debilidades profesionales con el fin de orientar con precisión las actividades de formación que beneficiarán a los docentes.

En ningún caso las evaluaciones podrán tener carácter punitivo, lo cual significa que nunca acarrearán sanciones contra los mentores.  Por lo demás, tanto el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, como el secretario de educación, Esteban Moctezuma, han manifestado su compromiso para lanzar un conjunto de acciones dirigidas a lograr la revaloración social del magisterio.

Otra orientación de gran valor contenida en el proyecto es hacer de la equidad (justicia) un eje invariable de la acción educativa. La voluntad de cambiar la función social de la escuela para que no contribuya a la reproducción de las desigualdades sociales, sino que, al contrario, actúe para forjar una cultura igualitaria es, quizá, el contenido más encomiable de este proyecto.

Dentro de esta lógica justiciera se explica que el proyecto destaque la educación inicial o educación temprana (la que reciben los pequeños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad) puesto que este tipo de educación tiene un efecto poderoso sobre el desarrollo de los niños a lo largo de su carrera escolar. “El Estado impartirá y garantizará la educación inicial”. Y más adelante dice: “El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial”.

Todo educador valora el significado de este rubro que en épocas anteriores había sido omitido del Artículo Tercero. En otra parte el proyecto sostiene que el hacer efectivo el derecho de todos a la educación, es una palanca para combatir las desigualdades socioeconómicas.

En párrafo aparte se afirma: “En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales”.

Imposible comentar en este espacio todas las innovaciones que traerá consigo, en caso de aprobarse, este proyecto de reformas constitucionales, pero es evidente que sus contenidos están anunciando ya una nueva época, rica en realizaciones, para la educación nacional.