Pablo Xavier Becerra Chávez*

El 23 de febrero el presidente López Obrador presentó en su conferencia mañanera una carta dirigida a los gobernadores de las 32 entidades federativas del país, en la cual les proponía la firma de un “acuerdo nacional por la democracia”. Un mes después, el 23 de marzo, en una sesión virtualmente clandestina de la cual no hay constancia en el sitio electrónico de la Presidencia, supuestamente se firmó tal acuerdo por el presidente de la república y la presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora.

Los medios de comunicación dieron cuenta del evento, pero sus reporteros no estuvieron presentes, porque no fueron convocados, y las pocas fotografías publicadas fueron proporcionadas por la propia Presidencia de la República. Las pocas crónicas de detalle publicadas se elaboraron sobre la base de testimonios de algunos de los gobernadores presentes, a quienes ni siquiera se les dio copia del documento firmado y menos se les permitió hablar en el evento. Ese 23 de marzo solamente hablaron el propio presidente López Obrador, la gobernadora Pavlovich, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero (¿a cuenta de qué?), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), José Agustín Ortiz Pinchetti, antiguo amigo y colaborador del presidente.

El evento no duró más de media hora. Por la importancia del supuesto acuerdo a firmar y de los asistentes, se esperaba incluso una transmisión en vivo. Queda la duda de las razones que condujeron al presidente López Obrador a realizar este evento casi en secreto, ya que supuestamente culminaba un gran esfuerzo para concitar el apoyo de los gobernadores a su proyecto de “acuerdo”, que, según él, conducirá a “establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable”.

La carta del 23 de febrero es una extensa disertación del papel de Francisco I. Madero, cuyo asesinato ocurrió el 22 de febrero de 1913, en la promoción de elecciones libres y democráticas. Abunda en citas de declaraciones de Madero en torno al tema, pero destaca ante todo la importancia que AMLO da al papel del presidente derrocado en garantizar elecciones democráticas durante su breve periodo presidencial. De ahí ha tomado AMLO un planteamiento que ha repetido en los últimos meses con relación a su propio compromiso en la materia: el de convertirse en “guardián” del sufragio efectivo, como Madero decía en mayo de 1911. En este contexto, AMLO reconoce la existencia del INE, el TEPJF y la FEDE, pero plantea implícitamente que el papel principal en garantizar elecciones libres y democráticas le corresponde al presidente de la república.

Por eso el presidente López Obrador convoca a los titulares del Poder Ejecutivo en los estados y la Ciudad de México a la firma de un “acuerdo nacional en favor de la democracia”, pero no se le ocurre pensar que debería integrar al INE o al TEPJF en ese esfuerzo. Seguramente en esta lógica dos días después de firmado el acuerdo, en la mañanera del 25 de marzo, AMLO se lanzó contra el INE, en el contexto de una supuesta conspiración para arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados por parte de sus villanos favoritos (Claudio X. González, Enrique Krauze, los intelectuales orgánicos, los medios de comunicación, etc.). Ese día planteó “yo siempre he dicho que el INE en otros tiempos se han (sic) prestado a los fraudes electorales o se han (sic) hecho de la vista gorda. Desde luego que tengo pruebas de lo que estoy diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos electorales…” Y luego reiteró que en 2006 y 2012 le robaron la presidencia con la complicidad del INE (en esos días era el IFE, pero para AMLO eso no tiene importancia). Coronó ese delirante exabrupto con el planteamiento de que en 2018 triunfó gracias al voto ciudadano, a pesar del INE, y además “he hecho el reconocimiento al presidente Peña porque no se metió, como lo hizo abiertamente el presidente Fox y el presidente Calderón”. Entonces, para AMLO su triunfo fue posible porque Peña sí respetó el proceso electoral, no gracias a la organización de la elección por parte del INE.

Más allá de su extraña lección de historia, la carta del 23 de febrero planteaba cuáles serían los principales componentes del supuesto acuerdo por la democracia: 1) no apoyar a ningún candidato de ningún partido; 2) no permitir que se use el presupuesto público para fines electorales; 3) denunciar la entrega de dinero por el crimen organizado o “delincuentes de cuello blanco” para financiar campañas; 4) impedir la compra de lealtades o conciencias; 5) no traficar con la pobreza de la gente; 6) no solapar a tramposos o “mapaches” electorales, y 7) evitar el acarreo, el relleno de urnas, la falsificación de actas y “todas las abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

Después de esta breve lista de compromisos (media cuartilla en medio de diez de historia maderista), AMLO convoca a los gobernadores a que “juntos hagamos historia” (el nombre de la coalición que apoya al presidente) para que con ese acuerdo por la democracia se pueda “establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable”.

Suponiendo que esos compromisos estuvieran sistematizados en el acuerdo por la democracia, podemos cuestionar si efectivamente su cumplimiento puede ser materializado por el presidente y los gobernadores, al margen del INE, el TEPJF y la FEDE, organismos a los que deberíamos sumar los Organismos Públicos Locales Electorales, los Tribunales Electorales Locales y las Fiscalías locales encargadas de los delitos electorales. Durante el mes que medió entre su anuncio y su firma, así como en las semanas siguientes, el propio AMLO se ha dedicado a convertir en letra muerte al supuesto acuerdo por la democracia con su intromisión permanente en el proceso electoral (sus conocidos planteamiento sobre la lucha entre los progresistas y los conservadores), sus ataques incesantes al INE, que han estimulado al partido del presidente a amenazar con juicio político a algunos de sus consejeros o incluso con la “extinción” del organismo electoral, entre otras acciones. Lo que hoy resulta evidente, ya en plenas campañas electorales, es que el multicitado acuerdo por la democracia nació muerto, y quien lo mató fue su propio promotor, el presidente López Obrador.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana