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El AGN retiró más de 3 mil versiones públicas de archivos históricos: expertos

Son parte del periodo 1950-1985 y sólo quedaron para consulta 455 expedientes, y algunos fueron mutilados, acusan investigadores. Demandan que el acceso no tenga restricciones

El AGN retiró más de 3 mil versiones públicas de archivos históricos: expertos | La Crónica de Hoy

Los investigadores María Magdalena Pérez Alfaro, César Enrique Valdez Chávez y Elisa Servín, ofrecieron ayer una conferencia sobre los fondos del AGN.

El Archivo General de la Nación (AGN) retiró de consulta más de tres mil versiones públicas de los archivos históricos de los fondos  de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), que corresponden al periodo entre 1950 y 1985, dejando únicamente 455 expedientes, de los cuales algunos han sido mutilados para eliminar información.

En conferencia de prensa, los investigadores exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al director del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, y al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, a que se respete el derecho de consulta de archivos históricos y el criterio profesional para el uso de la información.

Los académicos presentaron un exhorto de cinco puntos para resolver tal situación: solicitan la convocatoria para instalar el Consejo Técnico y Científico Archivístico; la presentación oficial de un informe sobre los fondos que han llegado al AGN desde el 28 de febrero del 2019; que se detallen los procesos archivísticos a los que están siendo sometidos los fondos DFS y IPS que fueron retirados; que se esclarezca la forma en que se han elaborado las versiones públicas del fondo DFS; así como la garantía por escrito de que no se afectará la organización ni el principio de procedencia de los acervos históricos.

CONTEXTO. Desde el seis de enero, el AGN anunció en un  comunicado que serían retiradas más de tres mil versiones públicas realizadas entre 2005 y 2018 para su revisión, y desde entonces negó acceso a la documentación que resguarda parte de la historia del siglo XX, mediante las nuevas “políticas de consulta”, por contener datos sensibles como edad, domicilio, religión e ideología de los personajes.

Ante el rechazo expreso de los investigadores a esta medida, el 16 de enero de 2020 en AGN emitió un comunicado en el que señaló que era responsabilidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) declarar los fondos como documentos de interés públicos. 

“El AGN en todos los documentos que ha emitido argumenta que la ley la obliga a proteger datos personales, sin embargo, ésa es una lectura sesgada de la Ley General de Archivos, la cual  establece en distintos artículos que la documentación contenida en archivos históricos es de interés público”, expresó la historiadora María Magdalena Pérez Alfaro.

Pedirle al INAI —institución que  algunas veces ha fallado a favor de los usuarios del AGN— que establezca una declaratoria de interés público para que se puedan consultar íntegramente los documentos es una contradicción, agregó la historiadora Elisa Servín. “El INAI lo que hace es decirle a las autoridades del AGN que la documentación es de acceso público, es una vuelta administrativa”.

Con lo anterior, demandan los académicos, el AGN  mantiene su política de restricciones y elude su obligación de garantizar el acceso a los acervos que resguarda. En el mismo documento emitido por la institución, se subraya la creación de una plataforma para que quienes deseen acceder a estos fondos argumenten al INAI las razones para dictar la declaratoria, para lo cual únicamente les permiten escribir 50 caracteres. 

“Nos parece una burla la respuesta que dio el AGN el 16 de enero,  diciéndonos a los usuarios que nos unamos para decirle al INAI por qué es de interés público. No le están dando seriedad ya que la plataforma sólo permite argumentar a través de 50 caracteres”, señaló Pérez Alfaro. 

No tendría que dictaminar el INAI sobre los fondos, explicó, no obstante, el AGN tiene en jurídico y su oficina de transparencia toda la documentación que los mismos investigadores han realizado sobre la importancia de los documentos resguardados en dos fondos de interés público para la investigación e historia mexicana, de los que la institución puede sacar los argumentos.

LEYES. Respecto a por qué el INAI no tendría que dictaminar sobre estos archivos, los investigadores apuntan que los artículos 11, 36 y 39 hablan de la responsabilidad del AGN con los archivos históricos, que elude la petición de una declaratoria de  interés público por parte del INAI.

Dice el artículo 11 de la ley: “Los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso su consulta será irrestricta”. 

Por su parte, el artículo 36 condensa la mayor parte de la problemática, al señalar que los documentos contenidos en los archivos históricos son puentes de acceso público, una vez que haya concluido la vigencia documental y autorizada la  transferencia a un archivo histórico. Asimismo, deberá considerarse que de acuerdo con la legislación en materia  de transparencia y acceso a la información pública, no podrá clasificarse como reservada  aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.  

Mientras que el artículo 39 estipula que el AGN está obligado a que el procedimiento de consulta facilite el acceso a los  documentos originales o a su reproducción íntegra y fiel en otro medio.

El académico de la UNAM, César Enrique Valdez Chávez, apuntó que de acuerdo con la ley se “está aplicando la normatividad de un archivo de concentración a uno histórico” ya que en esa clasificación es donde se aplican las políticas de transparencia y datos personales, y añadió: “todo lo contenido en el AGN  ya son archivos históricos, por lo tanto, según estos artículos, tendría que estar garantizada la consulta pública e irrestricta de estos documentos”.

FONDOS. “Las autoridades del AGN afirman todo el tiempo que el servicio de consulta no está cerrado, es verdad, no todo está cerrado pero la forma en que está abierto no es útil a la investigación. Las versiones públicas a las que dan acceso ni la información parcial son útiles”, señaló la historiadora María Magdalena Pérez Alfaro. 

Los académicos señalan que además, el AGN ha negado la existencia de varias versiones públicas que ya existían; se han ampliado los criterios de clasificación del DFS, y se ha negado la consulta de expedientes con argumentos como: la información solicitada no es de interés social, no tiene relevancia con violaciones a derechos humanos o no aparecen dirigentes de relevancia social.

“Lo que nos está diciendo la autoridad del AGN es que no estamos capacitados y que ellos tienen que decirnos cómo y qué. Es importante que tengamos acceso directo a los expedientes y a los documentos ya que esa información permite rastrear, encontrar y saber cómo operó la lógica dela policía, del gobierno, del estado y de los militares a lo largo del siglo XX”, apuntó Elisa Servín.

“Están sesgando la forma en la cual nosotros nos acercamos a los documentos, no nos permiten ver más allá de lo que el archivista selecciona para entregarnos” agregó César Valdez. Asimismo explicó que se están mutilando los expedientes ya que algunos de estos comprenden alrededor de 700 páginas de periodos que anteceden a 1950 pero que concluyen después de este año. 

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