¿Qué sistema pensionario queremos para el futuro? Hoy el 78% de los trabajadores que cotizan a los institutos de seguridad social podrán acceder a una pensión superior a la mínima garantizada con base en el régimen de cuentas individuales. En 1988, el régimen de reparto de reservas colectivas cubría pensiones de un tercio del salario mínimo a más del 90% de los pensionados; en 1992 no había reservas para pagar pensiones y la nómina de jubilados era fondeada con el presupuesto federal.

Lo que falta es mucho, pero las condiciones son menos críticas que hace treinta años. Hoy el ahorro de fondos pensionarios representa el 15% del Producto Interno Bruto, está a la vista de los trabajadores y no oculto en las reservas de instancias gubernamentales. El cuentahabiente de una afore conoce el costo de administración (comisiones) y los rendimientos que se generan.

Lo anterior es la base, no la meta. El porcentaje de trabajadores con pensiones dignas debe aumentar, eso es irrebatible. La pregunta es cómo hacerlo y la respuesta hay que dividirla en dos partes: modificando sustancialmente la forma y fuente de cotización y administrando con mayor eficiencia los fondos de pensiones.

Hay que destacar que casi con el mismo porcentaje de cotización sobre el salario de los trabajadores, hoy tenemos ahorro (reservas) y hace cuarenta años no. Esfuerzo, trabajo y disciplina es la fórmula.

Sin embargo, el impacto financiero de las pensiones en el presupuesto es creciente, especialmente las relacionadas con los trabajadores al servicio del Estado y los regímenes derivados de contratación colectiva de entes públicos como IMSS, PEMEX, CFE y universidades autónomas estatales, que derivan de las reservas bajo el sistema de reparto, pero las pensiones de las generaciones nacidas en los años ochenta tienen una base de financiamiento que no tienen las anteriores. Las pensiones de personas de más de 40 años, en su mayoría, dependen de recursos presupuestales.

Entonces, lo primero que se debe hacer es desvincular parcialmente las pensiones de la relación laboral y sustituir su financiamiento con impuestos generales con dos efectos positivos: el aumento de las aportaciones (mayor ahorro) no afectaría al mercado laboral, ni se convertiría en un incentivo a la evasión o subdeclaración de cuotas obrero patronales. Por otro, la existencia de contratos por honorarios en el sector público es resultado de la carga social a la relación laboral y la base de beneficiarios de una pensión financiada por reservas constituidas para tal efecto, sería mayor a los trabajadores formales de la economía.

La desvinculación no sería total. El patrón y el trabajador debieran estar obligados al pago de una cuota, como complemento a la pensión pública garantizada con las reservas en cuentas individuales integradas vía presupuestal, con base en impuestos generales. Las cuentas de los inscritos en el sistema, que debiera ser universal, recibirían una aportación gubernamental previsional, más el recurso proveniente de su historia laboral formal y la aportación voluntaria.

Lo anterior aumentaría el ahorro (monto de los fondos pensionarios) y garantizaría un mínimo vital, por lo que el presupuesto público tendría menor carga para financiar este mínimo cuando las personas no ahorraran lo suficiente, como sucede actualmente, con la diferencia que en el esquema de cuentas individuales hay muy poca aportación voluntaria.

La reforma de la Ley del SAR sólo se reduce a una mejor administración de las reservas, que es necesaria, pero cualquier modificación del régimen de inversión de las pensiones debe guardar dos principios fundamentales: transparencia, es decir, que el trabajador conozca el monto de su ahorro y los resultados de su administración y una mezcla correcta de utilidad esperada contra el riesgo asumido.

La mencionada reforma sólo atiende a qué hacer con el ahorro de 22 años, que es muy apetecible para los gobiernos que quieren hacer muchas inversiones públicas, por eso José Isabel Trejo (PAN) planteó también que “no es una reforma de largo alcance ... es una aperturita, pero hay que probar y abrir el sistema. ¿Qué hacemos con tanto dinero invertido en deuda pública, que da pocos intereses?” (La jornada-28-02-2019).

¿Se vale arriesgar el ahorro de una generación en proyectos públicos improductivos? ¿los fondos pensionarios van a financiar el nuevo modelo energético con mayor presencia estatal? La decisión es importante puesto que un fracaso nos llevaría a las circunstancias de los ochenta y sin una base financiera mínima para financiar pensiones dignas. Es necesaria una segunda generación de reformas a la seguridad social viendo hacia el futuro, no al pasado estatista.

Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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