“Científicos y técnicos en todo el mundo se enfrentan al desafío de satisfacer la creciente necesidad de energía que demanda nuestra sociedad, reduciendo el impacto al medio ambiente. Avanzando en esa dirección, transitamos de un modelo basado en el empleo de combustibles fósiles a otro basado en el uso de energías renovables” (La Crónica de Hoy, 18-07-20).

En ese sentido, es incomprensible la ruta que está trazando el gobierno autollamado de la 4T en la política energética. La contrarreforma eléctrica y la construcción de la refinería de Dos Bocas son acciones opuestas al movimiento tecnológico e industrial en el mundo.

Ninguna empresa de energía (antes llamadas petroleras) tiene en sus planes de largo plazo para los países más desarrollados y los llamados emergentes como Brasil, Rusia, India y China (BRIC) o México, Argentina y Chile considerado proyectos con base en carboníferos, salvo PEMEX y CFE.

La huella de carbono no se reducirá con la velocidad deseada en la medida que las empresas globales proyectan que la quema del petróleo o el uso de combustóleo tendrá una participación importante para la industrialización y urbanización de países de bajo desarrollo económico en Asia y África hasta mediados de este siglo por la lamentable brecha tecnológica que padecen.

Es incomprensible la política energética del gobierno actual que se asemeja más a la que sería lógica para Haití, Mozambique, Myanmar (antes Birmania), Camboya o Sudán, que a los modelos avanzados. La soberanía energética que defiende se parece más a la de un país que acaba de salir de un proceso de colonización que a la de una nación con más de doscientos años de independencia y presencia política y económica en el orden mundial con una estrategia de regionalización en Norteamérica y las condiciones para integrarse con éxito al mundo globalizado.

Lo importante es la autosuficiencia energética con base en el control de nuestros recursos naturales para que la renta que se genere por su explotación se destine al desarrollo nacional sustentable, mediante mecanismos transparentes aislados de las decisiones políticas de coyuntura. Además, una estructura de almacenamiento que permita enfrentar momentos de escasez crónicos o críticos. Diría Franco a Hitler y Mussolini: “un pueblo no puede ir a una guerra si no puede garantizar el pan más de un día” Lo importante es tener reservas no producir todo lo que se necesita.

La soberanía energética no debe ser que la burocracia y los sindicatos públicos se repartan esa renta otorgándose privilegios, creando una fuente de financiamiento a sus proyectos políticos y pagándose jugosas pensiones. La soberanía energética debe basarse en modelos de gestión de los recursos, con la intervención de entidades públicas y privadas, que garanticen que los excedentes de la explotación serán distribuidos equitativamente entre los distintos sectores poblacionales y las sucesivas generaciones.

En este contexto, el litio es hoy el modelo de gestión que debemos construir como sociedad para aprovechar la riqueza que se debe generar de la explotación de los grandes yacimientos de este metal blando existentes en México.

Su importancia radica en que “está en el corazón de las baterías que alimentan a millones de dispositivos tecnológico … y el creciente mercado de los autos eléctricos de más de 70 millones en 2025” (La Crónica de Hoy 18-10-20).

¿Cuál es el modelo propuesto por el presidente de la República? Simple, que el gobierno sea el ajonjolí de todos los moles. La solución propia de un país en proceso de descolonización. La nacionalización (sic) o la expropiación (sic) que está analizando la Secretaria de Economía, encabezada por Tatiana Clouthier, la principal representante de la visión empresarial en el gabinete, y que seguramente se presentará en una mañanera como un acto festivo emulando al cardenismo ya cuasi centenario.

Técnicamente, lo procedente para que el gobierno controle directamente la exploración y explotación del litio sin la participación del sector privado y se constituya un organismo público que monopolice este mercado es que se reforme al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional y se agregue el litio como área estratégica. Una modificación de esta naturaleza seguramente alcanzará la mayoría calificada necesaria, pero pudiera recurrirse a la revocación de las concesiones vigentes por interés público, previa indemnización.

El modelo en el que el gobierno es el ajonjolí de todos los moles ya lo padecimos y fue un rotundo fracaso. Hay que recordar que en 1979 había más de dos mil entidades paraestatales y la mayoría era deficitaria y, por lo tanto, subsidiada con el excedente petrolero que no se tradujo en un desarrollo sustentable, sino que fue la causa de la gran recesión de una década y el origen de los pasivos laborales actuales de las empresas de energía del Estado. Esperemos que alguien en el gobierno sea creativo y diseñe una forma de manejar el litio que beneficie a todos y no sólo a la burocracia política y sus clientelas.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

cmatutegonzalez@gmail.com

Facebook.com/cmatutegonzalez

Twitter @cmatutegonzalez

www.carlosmatute.com.mx