Gary Becker, premio Nobel de economía en 1992 señala que un delincuente tiene un comportamiento racional, es decir, busca maximizar su bienestar, lo que no es más que un principio económico que explica el comportamiento de uno de los agentes dentro de esta ciencia social. Es decir, los individuos comenten crímenes si los beneficios obtenidos superan los de las actividades legales, lo que los pone ante un escenario de elección entre lo más rentable.

Sin embargo, la pregunta que se han hecho especialistas, instituciones y gobiernos, radica en responder ¿cuáles son los incentivos externos que mueven a un individuo a cometer delitos? Nos referimos a los incentivos externos, porque no es materia de este análisis las motivaciones internas (no menos importantes) para optar por los delitos.

Precisamente sobre los factores que motivan a la economía del delito, el Senador Ricardo Monreal, en su libro con el mismo nombre lo describe de manera precisa “… las formas de violencia son promovidas, auspiciadas o permitidas por los propios centros del poder político, mediante la protección de los delincuentes, la excepción en la aplicación de la ley, la ausencia de una representación política auténtica y la falta de conocimiento y profesionalización de las autoridades… una democracia inacabada, procedimientos de selección de miembros dudosos y de parcialidad comprobada, ausencia de planeación y falta de visión de Estado… genera que los poderes constituidos… se integren por personas que obedecen a una élite incipiente, que influye de manera negativa en la conducción y desarrollo de la nave estatal, arrojando como producto de desecho más violencia y mayor criminalidad”.

Vale la pena la cita, porque nos explica que estamos ante un fenómeno que tiene condiciones estructurales que se han ido generando y enraizando con el paso del tiempo, dentro de instituciones, prácticas sociales, lenguajes y comportamientos al grado de normalizarse. Por ello, uno de los verdaderos retos para aumentar los costos y reducir los beneficios a los que se enfrentan los delincuentes pasa, necesariamente, por la generación de esquemas que ataquen de fondo sus causas (entre ellas la corrupción y la impunidad).

Pero no es una respuesta inmediata, se requiere de reconocer el peso de una serie de variables en este fenómeno, que van desde lo social, lo económico, lo político, lo institucional, por ejemplo, un análisis claro de las condiciones materiales de los entornos donde se comenten delitos, si es un entorno rural o urbano, los niveles y esquema de acceso a la educación, diferenciar entre certidumbre y severidad de los castigos, las niveles de empleo-desempleo de la sociedad, los grados de desigualdad, el nivel de oportunidades con los que cuentan las personas, la diferencia entre costos y beneficios ante los que se enfrenta un delincuente (porque de manera consciente o inconsciente realiza un análisis de factibilidad), entre otros. Se requiere hacer uso de todas las herramientas posibles, más allá de las medidas correctivas, se necesita de un escenario de prevención, valoración y conclusiones sobre si aumentar la severidad a la par de la certidumbre como efecto disuasivo para reducir los esquemas externos en la comisión de los delitos abona en esta medida pública o no.

No es una respuesta sencilla, pero al menos dentro de las medidas nacionales, dentro del objetivo de programas públicos se han entendido que no es una respuesta pública lineal, se ha reconocido que los lastres del pasado son los obstáculos del presente, pero al menos y esto de suyo es un gran paso, se reconoce que no es un tema de análisis simple como se venía entendiendo, sino, como dicen los matemáticos, es una función multivariable.

Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer