Se está gestando un peligroso divorcio entre el gobierno federal y la comunidad científica del país. No es –como dicta la frivolidad en boga– por nombramientos en el Conacyt, sino por la pretensión de regular ideológicamente la manera en la que hace investigación científica y de humanidades en el país. La presentación de la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología ha sido mal vista por los investigadores del país, y con razón.

Esta ley refuerza de manera muy abierta la centralización en la toma de decisiones. En vez de hacerlo de manera colegiada, pretende la instalación de un Consejo Nacional, que en realidad es estrictamente gubernamental, para regir ciencia, tecnología y también las humanidades.

Esto significa desaparecer el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Consejo Consultivo de Ciencias y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia, y sustituirlos por foros a modo o, de plano, por una estructura vertical.

Al eliminar la participación de actores no gubernamentales que son parte del Consejo General del Conacyt, se elimina, en los hechos, su carácter colegiado y, con él, la participación plural de la comunidad científica.

Esto también puede resumirse en una frase: Todo el poder para la dirección del Cona(h)cyt. Ésta define el presupuesto para ciencia y tecnología, la política de Estado, la asesoría a los poderes de la Unión, la creación o desaparición de centros públicos de investigación, las políticas de bioseguridad y lo que usted pueda seguir sumando.

Junto con ello, la ley plantea una suerte de supervisión metodológica y de prioridades, lo que en la práctica significa dar línea política a la investigación académica.

La idea es orientar la ciencia para “resolver los problemas prioritarios de la Nación”. Parte de una concepción de las ciencias, no como generadoras de conocimiento, sino como meros instrumentos del desarrollo, predefinido éste por las prioridades del gobierno. Esto deriva, casi automáticamente, en una distinción entre ciencias útiles para resolver los problemas y las que no lo son (en principio, toda investigación teórica y de frontera).

También pone por delante las disciplinas con más posibilidades de aplicación inmediata de las que tienen efectos más de largo plazo. Las ingenierías por delante de la física, las matemáticas o la astronomía. Las ciencias sociales aplicadas por encima de la filosofía o las disciplinas artísticas.

Explícitamente, el proyecto de ley señala que el desarrollo científico y tecnológico debe quedar subordinado al proyecto de nación: es decir, a la visión nacionalista y supuestamente justiciera del lopezobradorismo. Esto significa que habrá algunas áreas de investigación o proyectos específicos que se consideren redundantes, bajo el criterio (¿de quién?) de que no corresponden al Proyecto, a la justicia social o a los intereses nacionales.

El proyecto de ley tiene conceptos peculiares, que lo hacen a uno regresar a las discusiones bizantinas universitarias de los años setenta.

Uno de estos conceptos es el de “conocimiento socialmente necesario”, que no está definido. ¿Cuál conocimiento es socialmente necesario y cuál es socialmente innecesario o, incluso, dañino? ¿Cómo se define la necesidad social de determinado conocimiento? ¿Quién es el representante de la sociedad en esa definición?

Otro es la creación de “auténticas fuerzas productivas nacionales”, tampoco definidas. Se sabe que el desarrollo de las fuerzas productivas es condición para el cambio histórico. Lo que no se sabe es cuáles son “auténticas” y cuáles no. Se sobreentiende que las hay falsas, pero no sabemos quién lo define o por qué. Y también habría que preguntarse acerca de la nacionalidad de las fuerzas productivas. Sé que no estamos pensando en la autarquía, pero hay una suerte de rechazo visceral a lo extranjero, y eso se trasmina en la propuesta de ley: pasar este rechazo a las ciencias, que se nutren del intercambio libre de conocimientos, y al desarrollo económico y social, que también se nutre de la interacción internacional, linda entre lo ridículo y lo trágico.

Hablando de cosas no definidas, el proyecto establece que “los principios de previsión, prevención y precaución regirán las actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico del país”, pero no dice de qué tratan estos principios. Tal vez tenga que ver con el deseo explícito de “minimizar o erradicar los riesgos derivados… de las actividades relativas a organismos genéticamente modificados”, en donde es claro que se trata, por razones ideológicas por aquello de “sin maíz no hay país”, de limitar la investigación y aplicación, pero no se entiende por qué se generaliza.

La cereza del pastel es que, de acuerdo con la propuesta, para ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, será necesario que el trabajo del académico “redunde en el desarrollo del conocimiento humano y la solución de problemas sociales de diversa índole”. Lo primero se da por descontado, pero ¿y si el trabajo es teórico o de temas ajenos a lo social? ¿O si alguien considera que un trabajo de ciencias sociales no resuelve problemas, sino que los magnifica, porque la metodología o el marco teórico no corresponden a la norma o contiene una crítica devastadora al Proyecto de Nación? ¿Qué pasa, entonces?

En el fondo, tal y como han señalado varios analistas especializados en ciencia, el proyecto de ley lo que hace es consolidar un grupo compacto en la cima de la toma de decisiones en materia científica, darle a dicho grupo la capacidad de cancelar proyectos de investigación y de premiar o castigar a los académicos, abrir las puertas a la censura en materia científica y, por lo tanto, acabar con la libertad de investigación, que es el pilar de esa comunidad, siempre comprometida con México y que no se merece ese trato.

En resumen, bien harían los legisladores de Morena en analizar a fondo el proyecto, y rechazarlo. Es un bodrio.

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