De los 26 de países que prohíben por completo el aborto, tres se encuentran en Centroamérica. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, actualmente rigen leyes que criminalizan a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, que en muchos casos se ven condenadas a someterse al aborto clandestino o, incluso, se enfrentan a penas de cárcel por perder de manera natural a sus bebés.

La restricción de la libertad reproductiva de las mujeres en estos países se rige aún por el conservadurismo y los valores católicos que se imponen en la vida política. En Guatemala y Costa Rica, pese a los intentos de asociaciones de mujeres por cambiar la legislación, el aborto sólo está despenalizado en caso de riesgo para la mujer. Mientras, Panamá tiene las leyes más laxas de Centroamérica en cuanto al aborto, que se permite si hay inviabilidad del feto, violación y peligro de vida para la mujer.

40 años de prisión en El Salvador. Durante décadas, asociaciones de mujeres y organizaciones a favor del derecho al aborto han luchado sin éxito por rebajar la dureza de la legislación en estos países. Aunque están muy lejos de conseguir la despenalización del aborto, de vez en cuando hay pequeñas victorias que devuelven la esperanza de una mayor libertad a miles de mujeres centroamericanas. 

El último símbolo de lucha por la legalización del aborto en El Salvador es Evelyn Hernández. Esta joven mujer fue exculpada el pasado lunes de un delito de homicidio agravado, por haber sufrido un aborto espontáneo. La joven, que había quedado embarazada al ser víctima de una violación, se enfrentó a un primer juicio en 2017, en el que la condenaron a 30 años de cárcel. Su caso despertó la indignación de miles de mujeres fuera y dentro del país y sirvió para denunciar las leyes a las que se tienen que enfrentar las salvadoreñas, incluso para aquellas que sufren un aborto espontáneo. Finalmente, en la celebración de un segundo juicio y tras pasar dos años y medio en la cárcel, Evelyn Hernández, quedó libre de todos los cargos.

“Hay otras muchas que están adentro y espero que se haga justicia para que salgan pronto”. Éstas fueron las primeras palabras de Hernández, después de conocer su sentencia. Actualmente, hay en El Salvador 17 mujeres en la cárcel, enfrentándose a condenas de 40 años de prisión por sufrir un aborto.

Según su código penal, el artículo 133 establece una pena de dos a ocho años a las mujeres que se sometan a un aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de interrupción del embarazo como “homicidio agravado”, un delito que acarrea de 30 a 50 años de prisión. Por fortuna, en lo que va de año, cinco mujeres sentenciadas por este tipo de casos fueron absueltas.

La línea telefónica de Honduras. El caso de Evelyn Hernández despertó una ola de solidaridad entre las mujeres salvadoreñas. Al igual que allí, en Honduras, las redes de apoyo clandestinas a mujeres son una parte fundamental para que pueda acceder a un aborto tanto seguro como ilegal.

Para luchar contra las leyes represivas el país, unas hondureñas se unieron para crear una línea telefónica de información sobre el aborto y ayudar a otras mujeres. Este servicio clandestino sirve de red de protección a aquellas  mujeres que quieren interrumpir su embarazo y les ofrecen ayuda para conseguir pastillas abortivas de manera ilegal.

En este país centroamericano, la interrupción del embarazo está prohibida en cualquier circunstancia, incluso en los caso de violación e incesto o de peligro para la salud de la madre y el feto. “El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”, establece el Código Penal Hondureño, reformado en 1997 para restringir la anterior ley del aborto. La ley también impone penas de hasta 10 años a las mujeres que interrumpan su embarazo.

Debido a la ilegalidad de este procedimiento, apenas se tienen datos sobre el número de abortos clandestinos que hay en el país. Sin embargo, un informe publicado en junio de este año por la organización Human Rights Watch señala que cada año se practican entre 50 mil y 80 mil abortos.

La revolución sandinista que negó el derecho al aborto. Las leyes que prohíben el aborto en la mayor parte de Centroamérica cuentan con el fuerte apoyo de miembros de la Iglesia católica, que utilizan su poder en contra de cualquier intento de despenalizar esta práctica. En Nicaragua, esta influencia se hizo especialmente visible después de la Revolución Sandinista, cuando en 2006 Daniel Ortega se alió con el cardenal Miguel Obando y Bravo para ganar las elecciones.

Después de 169 años, entre 1837 y 2006, en los que el aborto estuvo parcialmente despenalizado en el país, Nicaragua aprobó una ley que prohibía el aborto en cualquier circunstancia. Esta normativa estableció penas de hasta dos años de cárcel para las mujeres que abortasen y seis años para el personal médico que practicase estos procedimientos. Aunque en la práctica, desde 1990, año de la Revolución Sandinista, apenas se daban estos procedimientos por la vía legal.

Embarazo adolescente.La falta de unas leyes que garanticen los derechos reproductivos de las mujeres, unidos a una escasa educación sexual, coloca las tasas de embarazo adolescente de todos los países de Centroamérica por encima de la media mundial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, denunció el pasado año que el embarazo de niñas y adolescentes representa un 30% de los partos que se dan en la región.

Especialmente grave es la situación de Nicaragua, donde 1,740 niñas de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en 2016. A esta lista se suman: El Salvador, con 1, 440; y 2,500 casos en Guatemala, donde el aborto está despenalizado en caso de riesgo en la vida de la mujer la mujer. Según este informe, la mayoría son partos fruto de una agresión sexual.