"No quieran jugar a las vencidas!", les advirtió el presidente López Obrador a los temibles ladrones de combustibles de Pemex. Y, en seguida, les anticipó que si eso es lo que pretenden van a triunfar la ley y la justicia. Sonó bien, pero fue un arrebato candoroso.

El robo de combustibles está sostenido por una poderosa mafia capaz de poner en jaque al nuevo régimen y aun ­paralizar el país, tal como vemos por estos días de insuficiencia y caos en el abasto y abierto desafío a las autoridades, incluso mediante sabotajes.

Abarca ese fenómeno no sólo la ordeña de ductos, sino sobre todo el hurto desde dentro de la empresa petrolera del Estado y una red de distribución que va de los expendios callejeros a las estaciones de servicio formalmente establecidas y aun la entrega directa a grandes consumidores.

Conforma una robusta estructura que incluye ­desde cerebros financieros hasta operadores y ejecutores de campo, así como comunidades enteras —decenas de miles de personas— de algún modo vinculadas con el comercio y la protección del negocio.

La principal protección, sin embargo, corre por cuenta de políticos de todos los calibres y todos los partidos. Desde expresidentes de la República, gobernadores y alcaldes, hasta senadores y diputados federales y locales, así como funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con cifras del presente gobierno en tiempos de Vicente Fox el robo ya importaba 10 mil millones de pesos, cifra que incluso era ­descontada al momento de confeccionar los presupuestos de egresos anuales.Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el robo de carburantes llegó al equivalente a mil 300 pipas de 20 mil litros cada día; o sea, la friolera de más de 10 millones de litros diarios, o un valor de  60 mil millones de pesos al año.

Peor aún, la pinchadura de ductos era una perversa pantomima, pues 80 por ciento de este descomunal robo de gasolina, diesel, turbosina y otros carburantes se daba desde dentro de Pemex.

Es obvio que semejante volumen de combustibles no se comercializaba sólo en los puestos de bidones apilados a la orilla de algunas carreteras ni en las misceláneas de pequeños poblados o ­caseríos y ni siquiera en gasolineras piratas bien estructuradas.

La gasolina robada era vendida de manera directa y sin escalas a grandes consumidores, flotilleros y líneas de transportación en apariencia insospechables y empresas de diversos rubros con grandes parques vehiculares.

Y, por supuesto, a despecho de lo que sostienen asociaciones de expendedores, revendida en estaciones de servicio legal y debidamente concesionadas; pero escasa o fingidamente vigiladas por las autoridades.

¿En manos de quiénes está la mayor parte de las concesiones de Pemex? ¡De políticos o empresarios y personajes bien conectados con las más ­altas esferas del poder público y del gobierno!

Directivos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo afirman que en el país se venden, diariamente, 172 millones de litros de gasolina, pero no se sabe cuánto es huachicol.

Y, con la mano sobre el corazón, aseguran que nunca han defendido ni defenderán “a aquellos ‘empresarios gasolineros’ que no son empresarios sino delincuentes que de ­alguna manera tienen una franquicia”.

Estos directivos están en mora de decirle al país quienes son esos delincuentes con concesiones.

Porque, a lo largo y ancho del país, suman centenares si no es que millares, los políticos y reales o sedicentes servidores públicos posesionarios de estaciones de servicio.

Se trata de un genuino cártel, en la acepción criminal del vocablo, si se repara en el alud de denuncias ante instancias como la Profeco y otras de pretendida supervisión, ­sobre un sinfín de irregularidades entre las cuales la venta de ­litros incompletos es lo de menos.

Inclúyase entre tales irregularidades el monopolio de la distribución en numerosas regiones, el reparto del territorio nacional literalmente como un inmenso pastel, el condicionamiento del suministro a sectores completos de producción y servicios como taxistas o modestas rutas camioneras, el lavado de dinero…

Y, no nos digamos mentiras, en muchos casos la venta de gasolina robada, pues este cártel concentra un inmenso poder político y económico que hasta ahora lo había hecho intocable.

Una mirada por encimita a la nómina de socios de los principales consorcios gasolineros arroja, a guisa de ejemplo, los siguientes nombres o apellidos:

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía con Peña Nieto; Juan Camilo Mouriño, secretario Gobernación con Calderón; el empresario Paul Karam Kasaab, relacionado con el exsecretario de Energía Emilio Lozoya Thalman y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, y con ­Roberto Madrazo Pintado y Javier Duarte de Ochoa.Además, la frondosa genealogía de los Loret de Mola, cuyas raíces llegan a los tiempos del periodista y gobernador priista de Yucatán Carlos Loret de Mola; la familia Del Mazo, de extenso linaje; Emilio Gamboa Patrón y Ulises Ruiz.Y José Murat Casab, ahora emparentado con los zares del autotransporte mexiquense, cuyo ­patriarca fue el exsenador y alcalde Manuel Alcántara, padre del senador y diputado Jesús ­Alcántara Miranda, cuya dinastía es pieza ­clave en la poderosa política mexiquense.

En la vorágine de información por estos días sobre el robo de combustibles, López Obrador dijo que los directores de Pemex y los presidentes de la República tenían conocimiento de la magnitud de este ilícito.

Ansioso de figuración brincó a la palestra Calderón Hinojosa, cuyo primer director de Pemex fue Jesús Reyes Heroles González Garza, vástago del también exdirector de la empresa petrolera e ideólogo priista, Jesús Reyes Heroles, quien ya como líder del PRI, en 1974, le dio portazo a las aspiraciones de otro vástago —ni más ni menos que al del expropiador del petróleo—, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien buscaba ser ­gobernador de Michoacán.

“El gobierno que tuve el honor de encabezar combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo las del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Las pérdidas por este concepto y las fugas detectadas eran más diez veces menores de lo que hay ahora”, dijo por Twitter Calderón.

No tiene vergüenza el Expresidente. Con un mínimo de honestidad intelectual hubiera podido reconocer que fue su gobierno, en particular la guerra contra el narcotráfico, el que detonó todas las formas de delincuencia organizada que azotan el país.

Que no aluda a fallas estratégicas. Los narcos diversificaron sus giros cuando el calderonato empezó a ser perseguirlos como animales.

En todo caso, ni con la peor animadversión se puede suponer que la envergadura del huachicoleo se forjó en los 40 días del gobierno obradorista.

No es momento de regatearle apoyo al gobierno. Menos aun cuando hasta el Fondo Monetario Internacional le ha expresado respaldo, porque considera que combatir este ilícito constituye un objetivo adecuado, “un asunto de corrupción, de Estado de derecho y de generar los incentivos correctos a la inversión pública y privada”.

De otro modo, la derrota del gobierno de la 4T está garantizada y la delincuencia que ha usufructuado la riqueza petrolera se saldrá con la suya, en perjuicio de todos.

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