El 11 agosto de 2018 se dio a conocer, como parte de las actividades que desarrollaba el “equipo de transición” del presidente López Obrador, que se llevaría a cabo un “Censo, casa por casa” (sic), para detectar cuáles eran las necesidades más apremiantes de cada una de las familias del país y, con base en esa información, diseñar los nuevos programas sociales que se pondrían en marcha en la nueva administración. Posteriormente, el 7 de octubre de 2018, en gira por Aguascalientes, López Obrador afirmó que el Censo del bienestar estaría listo a mediados del mes de noviembre de ese mismo año.

El 26 de noviembre, ya siendo presidente en funciones, López Obrador “regañó” públicamente al “superdelegado” de Nayarit, con el famoso “ay Manuelito”, por el lento avance en el levantamiento del mal llamado “Censo del bienestar” en aquella entidad, y dio 30 días más a todos sus superdelegados para terminar con ese ejercicio.

En varios artículos, publicados en el ahora extinto portal del The Huffington Post, escribí que ese ejercicio pseudocensal era imposible de ser llevado a cabo en los tiempos y con los resultados que le prometieron al Presidente. Y sostuve que de ningún modo tendrían resultados listos en marzo de 2019, como se anunció en distintos espacios. El tiempo me ha dado la razón.

No se ha dado a conocer el marco muestral o censal, no se tiene conocimiento de la estrategia de capacitación; nadie conoce los manuales utilizados para el entrenamiento de encuestadores, supervisores, coordinadores zonales, etc. No se sabe nada de cuál es la estrategia operativa de levantamiento de la información; no se sabe si hay captura uniforme en todo el país mediante medios electrónicos o en papel.

No se sabe a ciencia cierta quién y cómo captura los datos; quién depura; cuál es la estrategia de análisis estadísticos; con qué equipo de cómputo se están procesando los datos; cuáles son los programas de cálculo estadístico y calibración de resultados; cuáles son los estimadores utilizados; no se sabe si se logró llegar a localidades de menos de 100 habitantes y si, en los casos en que no se haya logrado, se utilizarán métodos (y cuáles) de imputación de datos y a partir de ellos cuál será la estrategia de inferencia.

Ya es el mes de julio de 2019, y aunque el titular del Ejecutivo ha dicho que ya se concluyó con el Censo del bienestar, aún nadie conoce sus bases de datos; sus tabulados básicos; su alcance y, sobre todo, cuáles son las garantías que tenemos como ciudadanía, respecto de que los resultados de este ejercicio son metodológicamente válidos y generalizables a toda la población.

Destaca por ejemplo que, al solicitar la información vía el Portal de Transparencia, el argumento de la Presidencia de la República sea que no tiene información del Censo; y refiere que es la Secretaría de Bienestar la responsable de su operación; y cuando se le consulta a dicha Secretaría al respecto, ésta refiere a la Coordinación de Programas Sociales, adscrita a la Presidencia; pero ésta unidad no forma parte de las instancias a las que se puede consultar de manera directa; tema en el que sin duda, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, presidido por Javier Acuña, tiene mucho qué hacer para garantizar que los datos de ese Censo se hagan públicos tal como se marca en la Ley.

Es evidente que alguien engañó al Presidente con este tema. Le mintieron al asegurarle que era posible hacerlo en tres meses, luego en seis y luego de un año, no tener información clara de sus resultados; y le mintieron al decirle que puede utilizarlo para asignar presupuesto, porque da la casualidad que, al no haberlo levantado el INEGI, no tiene estatus de “información oficial”; menos aún si quienes lo pagaron, levantaron y procesaron no son funcionarios públicos o contratados por el gobierno, sino militantes de Morena.

@saularellano

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