Opinión


El CONEVAL, la transparencia y los datos ciudadanos

El CONEVAL, la transparencia y los datos ciudadanos | La Crónica de Hoy

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo público descentralizado, en proceso de transformación en órgano constitucional autónomo, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México.
La misión del CONEVAL es “medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo social para mejorar sus resultados y apoyar a la rendición de cuentas”.
Entonces, el CONEVAL es una institución especializada para la transparencia, toda vez que ésta última es una de las principales herramientas para la rendición de cuentas, que permite a la sociedad contar con datos objetivos para valorar el desempeño de una entidad pública, principalmente las gubernamentales.
La mayor transparencia requiere de la existencia de tres tipos de entidades públicas especializadas en esta materia con enfoques diferenciados:
Primer grupo, aquellas que llevan a cabo funciones de autoridad, servicio público, desarrollo económico o fomento, que incorporan políticas de difusión de la información pública amplias para que se conozca sus fines y operación, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el IMSS, el ISSSTE, el INFONAVIT y el Banco de México
Segundo grupo, aquellas que observan, registran y divulgan los resultados de la acción pública, como el CONEVAL.
Tercer grupo, aquellas que garantizan que las entidades públicas cumplan con sus obligaciones de transparencia como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los tres tipos de entidades son sujetos obligados de la transparencia, pero con una relación diferenciada.
Los primeros son la mayoría y su relación con la promoción de la transparencia activa a través de establecer políticas públicas que en sí mismas son transparentes como la cuenta individual del seguro social, que permite conocer a cada trabajador su ahorro individual.
Los segundos son organismos públicos estatales y no estatales que tienen como misión el examen sistemático del quehacer gubernamental y los resultados de la aplicación de políticas públicas específicas. Por ejemplo, el CONEVAL, que proporciona con base en metodologías estadísticas robustas, información sobre la evaluación de los resultados de los programas sociales de los gobiernos federal, estatales, de la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías.
El CONEVAL, el INEGI, el IFT, el INEE (ahora Organismo para la Mejora Continua de la Educación), la PROFECO, la CONDUSEF, el Banco de México, la CONSAR, la CNBV, la CNSF, los registros públicos del comercio y de la propiedad y de los organismos descentralizados, entre otros órganos estatales, con distinto grado de autonomía y naturaleza, están facultadas para hacer un monitoreo o registrar de diversos aspectos de lo económico, lo jurídico, lo social y lo político.
En esa tesitura, las entidades púbicas de este segundo grupo proveen la información que son los “otros” datos. Son datos del ciudadano, del consumidor o del usuario de los servicios financieros distintos a los que proporciona la autoridad.
Por ejemplo, la PROFECO debe divulgar los precios en un mercado y esto puede enfadar a los comerciantes que diseñan campañas publicitarias para afirmar que tienen los precios más bajos, pero el consumidor tiene otra fuente fidedigna que sirve de contraste y le permite tomar una decisión racional e informada. Los comerciantes quisieran desaparecer a la PROFECO, pero no pueden.
El CONEVAL debe divulgar los resultados del gasto social en términos de la reducción de la pobreza e indicadores de desarrollo humano y esto puede no gustar a los gobiernos, cuya propaganda pretende demostrar que son mejores que los anteriores y que cumplen sus promesas de campaña.
Afortunadamente, la sociedad tiene una fuente autónoma que mide la realidad del efecto de los programas sociales sin importar la ideología u orientación política de la mayoría. Sólo los gobiernos autoritarios descalifican, debilitan y proponen la desaparición del CONEVAL y, lamentablemente, si lo pueden hacer cuando tienen mayoría legislativa.
El tercer grupo son los órganos garantes de la Federación y las entidades federativas, integrados en un sistema nacional, que son los responsables de verificar se cumplan las obligaciones de transparencia.
Lo anterior permite afirma que la transparencia tiene tres dimensiones, además del simple cumplimiento de las obligaciones: la promoción proactiva, la evaluación sistemática desde un ámbito autónomo de la acción gubernamental y la garantía.
Una ofensiva mediática contra el CONEVAL afectaría a la divulgación de los “otros” datos que la sociedad dispone para contrastar con los que divulga el gobierno federal. Afortunadamente el Presidente ya se retractó públicamente de su opinión inicial de desaparecer al CONEVAL.
El debilitamiento de este órgano evitaría una medición certera y objetiva de los efectos de la sustitución de políticas públicas exitosas como Prospera o el Seguro Popular por fantasías demagógicas. La ceguera ciudadana es la condición que más conviene a los estados autoritarios.

 

 

 

Carlos Matute González
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
cmatutegonzalez@gmail.com
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