La CONSAR está publicando apuntes para llevar a cabo un debate de ideas sobre el futuro de las pensiones de la Generación Afore (GA). En el segundo, difundido el 11 de noviembre, llama la atención la importancia que pone al impacto positivo de la suma de pensiones contributivas, aquellas que otorgan un instituto de seguridad social con base en cotizaciones previas —y las no contributivas que se cubren con el presupuesto sin que haya aportación del beneficiario.

Este argumento parece justo, pero no lo es: primero, hay transferencias sin importar el ingreso de los grupos beneficiados con lo que hay un segmento, el más rico, que recibe apoyo gubernamental sin justificación social, ni esfuerzo adicional y hay incertidumbre ya que la pensión no contributiva no tiene una garantía financiera real.

La existencia de una pensión universal no contributiva requiere que haya un incremento significativo de la recaudación de impuestos con respecto al PIB, es decir, que pasemos del 16 % al 35 o 40%. y que se modifiquen los regímenes especiales que benefician, especialmente, a los servidores públicos en organismos públicos como el IMSS, PEMEX, CFE y las Instituciones de Educación Superior. Esto último es una cuestión difícil como demuestran la huelga del transporte que ha paralizado a Francia.

¿Cómo fortalecer el sistema de pensiones sin generar conflictos sociales y generacionales graves? La respuesta es sencilla, pero compleja de instrumentar y muy difícil de conseguir: aumentar el empleo y su productividad. La desigualdad social se supera con mejores salarios y mayor accesibilidad al trabajo integrado a la economía formal, no con programas sin financiamiento garantizado para el futuro, que sólo aumentan la presión fiscal y no resuelven de fondo el problema. Francia es un ejemplo de la incapacidad de asumir los costos en más de treinta años políticos y sociales de una reforma pensionaria.

La solución de quienes miran al pasado corporativista controlado por los sindicatos o de quienes conciben al mundo como una lucha de clases al estilo del siglo XX es aumentar las cuotas del seguro social e inscribir a grupos de trabajadores en este esquema rígido que sólo beneficia a los segmentos de altos ingresos y estabilidad en el empleo como sucede, principalmente, en las organizaciones públicas, y perjudica a quienes no pueden permanecer en el empleo por grado de especialización o tipo de trabajo como sucede con los puestos de baja capacitación u operativos en los sectores privados o sociales.

Abierto el debate pongamos a la reflexión pública una propuesta distinta, que consiste en incrementar significativamente el monto de la cuota social del gobierno que se deposita en la cuenta individual de los trabajadores, es decir, aprovechar que es un esquema que beneficia a las personas de menores ingresos, tal y como se demuestra en los apuntes de la CONSAR.

Además, el ahorro acumulado en las cuentas individuales puede invertirse en proyectos productivos financiados con capital nacional para el desarrollo sostenible e incluyente, que es lo que busca el gobierno de la 4T como la vía para superar muchos males crónicos.

Otro efecto positivo es que al disminuir el porcentaje obligatorio de cotización de los patrones y trabajadores se generarían incentivos para la creación de empleos formales y la inscripción oportuna y correcta en el IMSS, así como la vinculación de la aportación del patrón y el trabajador a una mayor productividad de la empresa.

Lo anterior se puede lograr con un esquema de aportación voluntaria diferenciada topada al 10% del salario base de cotización, es decir, la aportación tripartita pudiera ser variable, a elección del trabajador, de tal forma que si éste cotizara con un 3%, 6% o 10% el patrón y el gobierno depositarían porcentajes iguales o crecientes en sintonía con el esfuerzo del trabajador. Esto sería un incentivo real a la cotización correcta y oportuna.

La propuesta favorece el empleo formal en razón a que disminuiría el costo de la seguridad social y habría una mejora en la densidad de la cotización, es decir, en la permanencia en el empleo.

Por su parte, el incremento en el monto de la cuota social. que es una transferencia, que beneficia a los trabajadores de bajos ingresos, haría más justo al sistema y más atractivo el empleo formal. La aportación voluntaria diferenciada premiaría a quien cotiza más y más tiempo en el sistema, lo que incidiría en el aumento de la productividad.

Esta propuesta sumada a otras como la atención médica universal financiada con el presupuesto general y no con impuestos al trabajo pudiera ayudar a revertir la relación negativa empleo formal-informal.

La formalización de la economía es el camino para que haya mejores salarios y más prestaciones. El otorgamiento de pensiones no contributivas difiere la solución del problema, no ataca de fondo sus causas (continuará).

Carlos Matute

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