Esta semana que recién concluyó, el gobierno de México logró que su contraparte alemana se sumara a la propuesta para enfrentar el terrible problema que genera la llegada de miles de centroamericanos y personas de otras nacionalidades a Tapachula y otras ciudades de menor tamaño en la frontera con Guatemala.

Es un problema artificial, en la medida que el gobierno de Estados Unidos podría modificar sus leyes de modo que las personas que solicitan asilo lo pudieran hacer ante las embajadas o consulados estadunidenses en todo el mundo y no forzarlos a presentarse en persona en los, así llamados, “puertos de entrada” en la frontera común con México o en la que tienen con Canadá, o en cualquier otro puerto de las costas de EU en el Pacífico, el Golfo de México o el Atlántico.

Por razones que sólo EU entiende, esas condiciones no se modifican y ello alienta la llegada de esos miles de personas a ciudades mexicanas de las fronteras sur y norte que, objetivamente, no están preparadas para recibirlos. Los gobiernos previos en México optaron por hacer poco frente a esta realidad. Dejaron el control del flujo de personas a bandas criminales que hicieron del tránsito por México una verdadera vorágine.

Durante los primeros meses de este año, el gobierno de México intentó desregular el ingreso a nuestro país, pero el resultado fue terrible, pues aunque se evitaron los secuestros, aumentó el ritmo con el que los migrantes llegaban a ciudades de la frontera en las que no sólo no había recursos materiales para recibir a las personas, también había un superávit de racismo que fue aprovechado por organizaciones civiles profundamente irresponsables, como Pueblo Sin Fronteras, para tratar de dar “portazo” en garitas como la de San Ysidro en la colindancia entre San Diego y Tijuana. El resultado no se hizo esperar. EU amenazó con cerrar la frontera y el gobierno de México ha tenido que buscar una solución que no implique el retorno a la barbarie de dejar a los migrantes en manos de bandas criminales.

La solución a la que se recurrió fue pedir a la Comisión Económica Para América Latina de la Organización de Naciones Unidas, una propuesta para el desarrollo de América Central y el Sur de México que impida no sólo la migración de Honduras a EU, sino también la de Chiapas a Cancún, la Ciudad de México o Tijuana.

La propuesta no es mala y, más allá de los méritos técnicos, que los tiene, está animada por una idea que Pablo VI adelantó hace poco más de 50 años en su encíclica sobre el Desarrollo de los Pueblos, Populorum Progressio, que es que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz.

Las razones por las que México, Honduras, El Salvador y Guatemala vivimos la ola de violencia que padecemos no son difíciles de encontrar. Somos países con muy mala distribución del ingreso, países en los que se reconcentra el ingreso y en los que, como acaba de ocurrir en Honduras, o se quiere acallar la protesta social castigando a quienes critiquen a dirigentes religiosos, o se quiere reprimir esa protesta con penas de cárcel.

El que Alemania se sume a la propuesta para desarrollar en lugar de construir muros o reprimir debería ser un aliciente para insistir en esa ruta a pesar de que no existan las condiciones para pensar que Donald Trump pudiera cambiar. A pesar de ello hay otros polos a los que conviene recurrir para evitar que México siga siendo esta fosa común en la que malas políticas, tanto en EU como en México, nos convirtieron.

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