La semana que recién concluyó, la organización civil México Evalúa publicó el más reciente de sus estudios sobre el mal ­desempeño de las instituciones de seguridad pública y justicia de nuestro país. En esta ocasión refinaron y ampliaron líneas de investigación que ya habían trabajado antes para ofrecer el primer diagnóstico puntual de la manera en que a los mexicanos se nos engaña con cifras de delincuencia y seguridad pública que parecen ser irrefutables, al publicar el Índice Nacional de Confiabilidad de la Estadística Criminal.

Las élites de la política en México han difundido desde hace más de 20 años la idea de que la cifra a la que le podemos confiar es la de los homicidios, pues ahí no hay modo de que la autoridad engañe, como podría ser el caso con otros delitos. Eso nunca fue cierto del todo porque en México sabemos, ya desde el siglo pasado, que hay muchas maneras de deshacerse de un cadáver. Desde la manera en que los esbirros de Arturo El Negro Durazo usaban ríos del Estado de México, como el de Los Remedios, para ir a tirar cadáveres que se descomponían rápidamente ahí y era casi imposible identificarlos. Incluso de años previos, hay una colección difícil de desestimar de narraciones, acerca de la manera en que Gustavo Díaz Ordaz y sus subordinados habrían “desaparecido” cadáveres de jóvenes asesinados en el contexto de las protestas de septiembre y octubre de 1968.

Lo que México Evalúa documenta con precisión aterradora es la manera en que los gobernadores de los estados, sin importar si trabajan con un procurador “a la antigüita" o con un fiscal “autónomo", falsifican los datos sobre los delitos. En ejercicios previos, México Evalúa había recurrido a un procedimiento más bien complejo para demostrar cómo había inconsistencias en la estadística oficial cuando ésta era sometida a análisis elementales de contabilidad forense.

Ahora, en cambio, toman las dos series estadísticas disponibles en México (la del Inegi y la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP) en materia de homicidio en México (culposo y doloso) y analizan los cambios observables. Lo que emerge de esa comparación es la constatación de procesos profundamente abusivos, por los que se “reclasifican” homicidios dolosos como culposos.

Este tipo de procedimientos fueron denunciados antes por periodistas como Humberto Padgett acerca de lo que ocurrió en el Estado de México durante las gubernaturas de Enrique Peña y Eruviel Ávila, pero—como suele ser el caso en nuestro país—los autores de este tipo de engaños se victimizaban y, lejos de aceptar su responsabilidad, acusaban a los periodistas o integrantes de organizaciones civiles que los denunciaban, de calumniarlos.

La falsificación de la estadística es más reciente en estados como Guanajuato que en el ya citado Estado de México, y llegó a situaciones verdaderamente absurdas en lugares como Oaxaca, donde las series de Inegi y SESNSP, a decir de México Evalúa, “no sólo no coinciden, sino que parece que las dos series de datos reportan fenómenos completamente distintos".Del Estado de México, México Evalúa dice: “El Estado de México presenta considerablemente menos homicidios culposos que lo que predeciría el modelo de regresión, lo cual se traduce en un subreporte sistemático de homicidios culposos y probablemente también de otros delitos"; algo similar a lo que dice de Michoacán: “en Michoacán operan incentivos para la reclasificación sistemática de homicidios, en la cual una fracción de los homicidios dolosos se reporta como homicidios culposos".

El documento completo de México Evalúa y las fichas individuales para cada una de las 32 entidades se pueden consultar en https://www.mexicoevalua.org/fallas-origen-2019-indice-confiabilidad-la-estadistica-criminal-icec/.

Manuel Gómez Granados

manuelggranados@gmail.com