Opinión


El financiamiento de los partidos políticos, el disgusto suicida

 El financiamiento de los partidos políticos, el disgusto suicida | La Crónica de Hoy

Los partidos políticos no gozan de buena reputación. Nunca han logrado altos niveles de aprecio ciudadano, pero nunca como en nuestros días sus niveles de aceptación habían sido tan bajos; recurrentemente, las encuestas los ubican entre las instituciones menos apreciadas por la población. Es el desolador espectáculo de corrupción e indolencia arropada por la incompetencia, ofrecido por muchos de nuestros representantes, lo que ha llevado a denigrar a las instituciones de la República, incluyendo a los partidos políticos. La paradoja es que tampoco existen verdaderas alternativas, en una sociedad democrática, a la soberanía popular y a los partidos como instrumentos de expresión de ella.

Entonces, tomando sólo el lado negativo del actuar político es muy sencillo proferir afirmaciones de rechazo, afincadas en difusos conceptos morales, en simple y llano afán de demostración de estar en el campo de lo “políticamente correcto” (que contradictoriamente hace política con la antipolítica), o como expresión de un soterrado extremismo liberal que al postular el individualismo más recalcitrante mira con sospecha toda forma de acción colectiva (sindicatos, colectivos, e incluso organizaciones de la sociedad civil).

Así que las razones del rechazo a los partidos políticos son varias y variadas. En tal contexto, decir algo en su favor a nadie lo hace muy popular. Lo cierto, sin embargo, es que la modernidad no ha logrado construir ninguna modalidad de agrupación de visiones e intereses con la capacidad de los partidos políticos para construir agendas públicas, organizar la deliberación colectiva, llevar a personas e ideas a los cargos de elección popular con un mínimo de compromiso con los electores, y generar políticas públicas medianamente responsables y atentas al debate público.

Hoy, como desde hace algunos años, los recursos públicos que se emplean en el sostenimiento, campañas electorales y, en general, las capacidades de acción de los partidos, se constituye como un importante factor de desafección. Se reprocha la existencia misma de financiamiento público en una sociedad que presenta graves y diversas carencias. Con buenas razones, otros señalan que su cuantía es inaceptable, aunque concluyen regateando un porcentaje siempre subjetivo de disminución; otros más aprovechan la ocasión para nuevamente dolerse del modelo de comunicación política y su prohibición de contratar tiempos en radio y televisión para propaganda política.

Todas las críticas anteriores tienen su parte de verdad y su dosis de razón. Pero las posturas en favor de la cancelación o de la disminución a rajatabla del financiamiento público, soslayan que precisamente por la desigualdad social el solo financiamiento privado de la política favorecería su captura por intereses particulares. En ocasiones se asocia con una concepción de “política de notables” (que las más de las veces son simplemente notorios). “¿Para qué queremos partidos si tenemos a Televisa y otros grupos económicos?”, parecen decir. Desde las filas consciente o inconscientemente ultraliberales, pareciera postularse la existencia de personalidades con mayor fama y blasones académicos o empresariales que cualquier diputado o gobernador que podrían interpretar de mejor manera lo que es más conveniente para el país.

Pero mucho hay de razonable en el creciente consenso favorable a la disminución del financiamiento público. Los partidos políticos han destinado la parte mayor de su financiamiento público a la ampliación de su burocracia, sin resultados significativos en cuanto a su desempeño y la mejora de su vinculación con la sociedad. Es indudable, un dato fácilmente verificable, que la dotación de recursos económicos relativamente equilibrados contribuyó al pluralismo político de las últimas poco más de tres décadas. Pero también es necesario tener presente que año con año y en cada elección, la autoridad electoral impone fuertes sanciones económicas por desapegos a la normativa de fiscalización. Tan sólo en las últimas campañas locales en cinco entidades, el INE aplicó multas por un total de $78,814,965.18 a un total de 20 organizaciones políticas locales y nacionales. No puede pasarse por alto que $21,004,372.68 correspondieron a gasto no reportado, que la autoridad detectó mediante sus mecanismos de verificación.

La reforma constitucional y legal de 2007-2008, prohibió la contratación de espacios en radio y televisión, eliminando el principal destino de gasto partidista en las campañas electorales; un tema que sigue generando airadas protestas de los medios. Sin embargo, el financiamiento total se acrecentó, lejos de disminuir. Se pretendía aportar claridad al procedimiento de cálculo del total de financiamiento y, con ello, certeza. Sin embargo, con la reforma electoral de 2014, la multiplicación del padrón electoral por el 0.65% de la hoy Unidad de Medida y Actualización arrojó montos insostenibles que, por añadidura, crecen invariablemente cada año por los inevitables aumentos de cada factor. Este esquema se hizo obligatorio para todas las entidades federativas con la consiguiente carga creciente para el erario local.

Es así que resulta indispensable una reforma del modelo de financiamiento político. Pero debiéramos evitar las soluciones intuitivas y facilonas de mover uno u otro factor de cálculo o de retornar al etéreo y siempre discutible criterio del “costo mínimo de campaña” vigente entre 1992 y 2014. Disminuir el componente público e incrementar el privado pareciera una salida sensata, pero siempre será complejo determinar cuánto de cada uno de ellos más allá de la aritmética, pues el financiamiento sólo tiene sentido en el campo de la equidad en las contiendas electorales y del fortalecimiento real, efectivo, del sistema de partidos. Hoy, el financiamiento que mediante sus cuotas efectúan los militantes de los partidos está “topado” al equivalente del 2% del financiamiento total para todos los partidos. Pareciera adecuado incrementarlo, pero al mismo tiempo surge la necesidad de evitar que la polarización en las contribuciones internas afecte los mínimos de democracia interna. Sí, el financiamiento tiene que ver con las funciones constitucional y legalmente encomendadas a los partidos y las exigencias de ley de sostener órganos, sedes, publicaciones, entre otros.   

De modo que la reforma tiene que realizarse de modo integral, sin reducirse a alguno de los componentes del modelo, ni constreñirse a su aritmética sino mirando hacia el conjunto del sistema electoral y de partidos para fijar montos y mecanismos de distribución más razonables y evitar su crecimiento puramente inercial, como hasta ahora.

Esa visión integral debe comprender,  o al menos, modificar el sistema de partidos con controles corporativos, modificar la regla de equidad 70 por ciento proporcional 30 igualitario; incrementar el monto global de las aportaciones de militantes y simpatizantes; redefinir las aportaciones individuales de militantes y simpatizantes, establecer un financiamiento para campañas electorales igualitario y, entonces sí, modificar la fórmula para otorgar el financiamiento público.

Sobre todo, considero que cualquier reforma en este campo debe abandonar el plano emotivo, es decir la desafección y disgusto hacia todo lo que signifique partido político o de poder con una visión inmediatista, pues de lo contrario podríamos adoptar soluciones suicidas al vulnerar los fundamentos de nuestra democracia. El sistema de partidos cuesta, pero dejar la discusión tan sólo en los costos implica olvidar que, durante décadas, al país le resultó más onerosa la falta de democracia.

 

 

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

 

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