El diseño legal de los sistemas electorales no es aséptico. Es resultado de complejas negociaciones que conllevan compromisos, pues tiene el objetivo último de mantener condiciones de competencia que garanticen la no preeminencia de ninguna fuerza política por vías ilegales.

En las democracias modernas los sistemas electorales deben permitir que se exprese políticamente la pluralidad social y se les dé acceso a los diversos espacios de poder público a los candidatos mediante el sufragio popular.

El periplo mexicano, para construir un sistema electoral consensuado que diera fin al régimen autoritario y al Sistema de Partido Hegemónico, recorrió algo más de cuatro décadas. En una primera etapa (1977-1991) se abrió la puerta a la pluralidad partidaria, pero sin posibilidades de una alternancia real.

El levantamiento de los indígenas zapatistas (1994) impulsó los acuerdos para la creación de instituciones electorales que alejaran la posibilidad de fraudes electorales y de reglas que le dieran mejores condiciones de equidad a los partidos políticos al participar en elecciones.

La reforma electoral de 1996 fue uno de los factores que crearon las condiciones para la alternancia presidencial en el año 2000. El sistema electoral mostró su fragilidad en las elecciones presidenciales de 2006. El Tribunal Electoral documentó la injerencia indebida del presidente y de poderes fácticos, que el otrora IFE había pasado por alto, pero no se atrevió a anular la elección presidencial.

El conflicto poselectoral de 2006 llevó al rediseño parcial del Sistema Electoral (2008), creando un nuevo modelo de comunicación política que prohíbe a particulares contratar tiempos en los medios electrónicos, con el fin de evitar campañas a favor o en contra de los candidatos. Los partidos pudieron hacer uso de los tiempos de Estado para realizar su propaganda, al mismo tiempo quedaron impedidos a hacer contrataciones directas de tiempo en los medios electrónicos.

El proceso de cambio político en el país se apoyó indudablemente en la transformación del Sistema Electoral, debido a la conjunción de las voluntades reformadoras de la clase política en el poder y el impulso democrático de la oposición política y de sectores sociales independientes. Es necesario reconocer que, sin la voluntad de los sectores reformistas del régimen autoritario, la transformación política del país se hubiera dado por vía de la violencia, con consecuencias impredecibles para el país.

Otro aspecto que es necesario reconocer es que las reformas electorales hasta 2007-2008, buscaron enmendar deficiencias sistémicas y atender los posibles riesgos que, desde el ámbito electoral, pudieran poner en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad políticas. Aún con las deficiencias técnicas o políticas de todas estas reformas podemos afirmar que prevaleció una visión de Estado.

En la reforma electoral de 2014, se conjugaron el dolor de la derrota en la elección presidencial, la visión centralista de sectores relevantes de la clase política y la necesidad del nuevo gobierno de lograr el apoyo legislativo necesario para realizar las “reformas estructurales”.

El resultado de esa amalgama de intereses disímbolos dio como resultado un modelo de Sistema Electoral que desfiguró el sistema de la República Federal desde la esfera electoral. La consecuencia fue un sistema centralizado, que paradójicamente mantiene la autonomía constitucional de los institutos electorales locales. Desde el discurso se plantearon dos objetivos de la reforma: alejar a los gobernadores de los comicios y disminuir el costo de las elecciones. Ninguno de ellos se alcanzó.

La centralización de la organización de las elecciones parte de disposiciones constitucionales y legales, que, aunadas a la visión centralizadora dominante en el Consejo General del INE, ha nulificado la innovación, muy rica en el pasado, desde los organismos electorales locales. No abundaré sobre las deficiencias del modelo del Sistema Electoral existente, mi visión crítica sobre él está documentada desde hace años. Es necesario ver hacia adelante.

En la actual Legislatura se han presentado iniciativas de reforma a la legislación electoral: 63 en la Cámara de Diputados y en el Senado 51. La lista de los temas a modificar es extensa: género, revocación de mandato, violencia de género, delitos electorales, reducción de financiamiento, fusión de las direcciones ejecutivas de organización y capacitación electoral del INE, procedimiento de elección de consejeros del INE, etc. Sólo existe una iniciativa de reforma constitucional, en la Cámara de Diputados, para desaparecer los institutos electorales de los estados y centralizar toda la organización de las elecciones. Es evidente, no existe un rumbo claro desde una perspectiva de Estado, que tienda a mejorar el sistema.

El presidente López Obrador tocó el tema esta semana en una de las ya clásicas mañaneras: “Que se busque federalizar y sólo haya un organismo nacional. Por ejemplo (el INE). Es un acuerdo que haya austeridad”. Además, señaló que “es un aparato oneroso, costosísimo y al final no se respeta el voto, había fraudes. Todo eso debe terminarse”. Dado el estilo de gobernar, es de augurarse, sin temor a equivocación, que este tema estará en la agenda legislativa en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Lo que se dio fue una directriz.

El término federalizar se ha utilizado como sinónimo de centralizar funciones públicas, a conveniencia de quienes detentan el poder. Desde la perspectiva constitucional que nos define como una República Federal, el término federalizar debiera significar descentralizar y no utilizarse a modo.

Ubicar el asunto del modelo de Sistema Electoral sólo como un problema de elevados costos es pretender poner un velo a razones de fondo político. Si el modelo de sistema actual trastocó los equilibrios políticos del país, la centralización total los modificará profundamente. Una de las mayores virtudes de la democracia es la distribución del poder, aglutinar sólo en el INE la organización de todos los comicios es altamente riesgoso para la estabilidad política del país. Es otorgarle demasiado poder a una sola institución y renunciar a la diversidad regional, política y social.

Por otro lado, desde el punto de vista técnico financiero no se tiene ninguna claridad (ni en el INE, ni en la Presidencia, ni en el ámbito legislativo) de las repercusiones que una reforma centralizadora tendría en la institución electoral. ¿Alguien ha calculado el crecimiento en personal y de recursos materiales en el INE para organizar todas las elecciones del país? ¿Alguien tiene idea, aunque sea remota, de la dimensión de modificación normativa y el tiempo que se requiere para realizarla? La respuesta contundente es no.

Compartiendo la visión de que el costo de la organización de las elecciones es elevado, se puede disminuir delegando a los institutos electorales actividades que tiene centralizadas el INE, que con el argumento de la “calidad INE” elevó el costo de los comicios, e implementando la votación en urna electrónica, que por cierto no podría ser el deficiente modelo generado en el INE. La disminución del financiamiento a los partidos políticos se percibe complicada, pues se corre el riesgo de colocar en desventaja a la oposición o bien de propiciar el uso de dineros oscuros.

Los partidos opositores todavía no se reponen del impacto de la derrota y no se observa que tengan una posición. Pero, es de llamar la atención el prácticamente total silencio desde las instituciones electorales. Los pronunciamientos son pálidos balbuceos de que “si va a darse una reforma deben de consultar al INE” y en los institutos locales ni se diga. Al menos debieran convocar en cada estado a analizar el futuro del Sistema Electoral, para encontrar caminos, que no sólo disminuyan el costo electoral, sino que fortalezcan los mecanismos de participación democrática.

Al final del día, no debemos olvidar que el Sistema Electoral no actúa en el vacío. Los votos no llegan solos a las urnas; lo hacen expresando realidades sociopolíticas y configuraciones de poder que no se modifican con la sola reforma de la legislación electoral. Para construir un futuro mejor se requieren visiones holísticas y menos confianza en las soluciones simplistas.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

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