Cuando el joven Marcelo ­Odebrecht tomó, en 2005, las riendas de la empresa familiar, no se lo pensó dos veces: iba a aprovechar el clima de impunidad en América Latina para convertir la constructora que fundó su padre (de origen alemán) en una multinacional, implantada en toda la región.

Funcionaba tan bien el esquema de sobornos a políticos a cambio de multimillonarios contratos de obra, que en 1987 se creó un departamento especial dedicado exclusivamente a la gestión del dinero sucio que entraba y salía de la sede de la empresa en Sao Paulo hacia cuentas secretas en paraísos fiscales. Concepción Andrade se convirtió en la primera secretaria de este “departamento de sobornos”. Pero entonces nadie sospechó que la joven sería clave para el estallido del mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina.

La venganza de la secretaria. Consciente del riesgo que corría trabajar para una empresa criminal, la secretaria Andrade decidió desobedecer en secreto la principal orden que recibió de sus jefes. En vez de destruir todos los papeles y datos registrados de su departamento, decidió ocultarlos… por lo que pudiera suceder. Y lo que sucedió fue que la despidieron en 1992, trece años antes de que el joven Odebrecht tomara las riendas.

Como la venganza es un plato que se toma frío, la secretaria esperó dos décadas antes de soltar la bomba. El momento propicio llegó cuando estalló en Brasil el escándalo Lava Jato, que reveló un gigantesco esquema de sobornos y mordidas, con el saqueo de Petrobras en el ojo del huracán. Cuando los medios empezaron a preguntarse en voz alta quiénes eran los empresarios que más se beneficiaron. Fue en el año 2012 cuando Andrade entregó a los jueces los documentos que había guardado durante tantos años. En todos ellos destacaba un solo nombre: Marcelo Odebrecht.

“La mayor delación del mundo”. La captura de 77 ejecutivos de la mayor constructora del país acabó con condenas ejemplares, como los 20 años de cárcel que le cayó a Odebrecht, penas que, sin embargo, fueron rebajadas a cambio de que delataran a los políticos con los que conspiraron. Más de medio centenar de funcionarios fue señalado en lo que la prensa brasileña bautizó como “la mayor delación del mundo”.

El hoyo negro Odebrecht se había puesto en marcha y su poder destructor acabó destruyendo a quien parecía un intocable: el expresidente Lula da Silva, quien desde hace un año duerme en la cárcel. Pero antes de que el símbolo de la izquierda latinoamericana cayera en desgracia, el caso saltaría las fronteras brasileñas hasta convertirse en un escándalo internacional.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un informe a partir de los datos y documentos enviados por la justicia brasileña, muchos de ellos aportados por la secretaria despedida. La denuncia contra Odebrecht fue demoledora. Entre 2001 y 2016, la constructora pagó 735 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos de 10 países latinoamericanos con el fin de hacerse de jugosos contratos de obra pública. En este periodo de tiempo logró hasta un centenar de licitaciones en toda la región.

Los datos descubiertos en estas pesquisas conducirían a que un juez federal de Brooklyn acusara a Odebrecht de violación de la Ley antisoborno estadunidense para empresas extranjeras. En total, el magistrado le impuso a la empresa una multa de 2 mil 600 millones de dólares, de los que 93 millones le correspondían a Estados Unidos, 116 millones a Suiza (por violar la ley de secreto bancario) y 2 mil 390 millones al estado brasileño.

Cárcel, Cianuro, fugas…Además de Brasil, donde ­Odebrecht entregó 349 millones en mordidas, entre los países salpicados por el escándalo destacan los casos de Argentina, donde la justicia investiga si parte de los 35 millones de dólares entregados a funcionarios cercanos al gobierno fueron a parar a los bolsillos de la expresidenta Cristina Fernández; Ecuador (33.5 millones), donde fue condenado a seis años de cárcel el exvicepresidente Jorge Glas, hombre de confianza del expresidente Rafael Correa; o Colombia (11 millones), donde el principal imputado, el empresario Jorge Enrique Pizano murió de un infarto el pasado 8 de noviembre, cuando se disponía a señalar a los funcionarios del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Tres días más tarde apareció muerto el hijo del empresario, envenenado con cianuro, tras regresar a Colombia para el funeral de su padre.

Pero donde la Justicia ha sido particularmente activa es en Panamá, con 68 procesados, entre ellos el propio presidente, Juan Carlos Varela, por una supuesta donación millonaria de Odebrecht para su campaña. Su antecesor, Ricardo Martinelli espera desde una cárcel de EU un pedido de extradición, mientras que sus hijos, también implicados, están en calidad de prófugos.

Las anomalías venezolana y mexicana. En Venezuela, el segundo país donde más dinero sucio entregó Odebrecht después de Brasil (98), la Justicia (sumisa al régimen chavista) ni siquiera disimuló en su negativa a investigar a funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

En cuanto a México, pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de centrar su gobierno en el combate a la corrupción, no hay de momento señales de que la Fiscalía tenga intención de investigar las acusaciones del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, quien admitió ante la justicia brasileña y estadunidense que entregó 10.5 millones de dólares a dos directivos de Pemex y, en un soborno adicional, 4 millones de dólares a Emilio Lozoya, quien fuera coordinador de Vinculación Internacional en la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto y director general de Pemex durante cuatro de los seis años de su presidencia.

Llegados a este punto, la desgracia del peruano Alan García fue no haber sido presidente de México.

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