Una de las características de Andrés Manuel López Obrador ha sido su desconfianza hacia las instituciones y órganos autónomos del Estado mexicano. Ni el INE, ni el INAI, ni la Cofetel, ni el IFT, ni el Inegi gozan de las simpatías del Presidente, tal vez porque, por ley, ninguna autoridad pública tiene poder jerárquico sobre ellos.

La idea de que estas instituciones –como también el Banco de México y la CNDH– sean autónomas, es que deben ser imparciales en su toma de decisiones, sin ser sujetos al dominio del poder político o económico.

El presupuesto para 2019 ha sido duro con la mayoría de estas instituciones, dado que su actuación no está entre las prioridades expresas del actual gobierno. El caso del Inegi resulta particularmente preocupante porque, además de las políticas de austeridad generalizadas en materia de prestaciones y salario de personal, se ha visto obligado a suspender 14 encuestas nacionales.

Entre los ejercicios estadísticos de corto plazo suspendidos destacan la Encuesta Nacional Agropecuaria, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad y la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.

La primera es uno de los insumos fundamentales del sistema de información agropecuaria nacional. En ella se obtienen, entre otros, datos de producción de cultivos, uso de suelo, superficie sembrada, tipo de riego, existencia de ganado, mano de obra ocupada y el uso de créditos y seguros.

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares es tal vez la herramienta más usada para analizar la distribución del ingreso de las familias, el origen de este ingreso (salarios, rentas, dividendos, transferencias), las características ocupacionales de la población y el equipamiento de las viviendas. La ENIGH ha sido uno de los principales instrumentos para la medición de la pobreza, las carencias, las desigualdades y el estado general de los mercados ocupacionales en el país.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad analiza las características sociodemográficas de los reclusos, sus antecedentes familiares, laborales y penales, las condiciones de su arresto (incluídas agresiones físicas o tortura), el comportamiento del Ministerio Público (la lectura de derechos, las presiones para declararse culpable), el proceso judicial (por ejemplo, el tiempo para dictar sentencia), la vida intracarcelaria, las expectativas de salida y las experiencias de corrupción.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil no sólo nos dice cuántos menores laboran, sino también en qué sectores, con qué paga y cuáles fueron las razones que los indujeron a trabajar. Ayuda también a detectar cuántos niños trabajan en ocupaciones no permitidas por ley.

La mera reseña de la materia de trabajo de esas encuestas nos da una idea de lo relevantes que son para el diagnóstico de la realidad nacional y para la toma de decisiones. Los datos que arrojan sirven para desarrollar políticas públicas con conocimiento de causa y para que estas políticas puedan ser evaluadas interna y externamente.

Todas las encuestas que he reseñado son de carácter social. Todas son de interés público, y no privado. Por lo tanto, debe ser una institución pública la que las levante.

Estamos ante una lógica de ahorro mal entendida. Si se ahorra en obtención de datos –y más, en esta época dominada por la información– se pierde mucho más en la eficiencia de las políticas públicas.

Por ejemplo, ¿cómo vamos a saber el efecto de los créditos agrícolas a la palabra sin la encuesta respectiva? ¿Cómo vamos a saber el peso real de las transferencias de los programas de pensiones o de apoyo a discapacitados en el ingreso y gasto de las familias? ¿Cómo vamos a ver el efecto en la economía familiar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cómo vamos a saber si la creación de la Guardia Nacional incidió positiva o negativamente en el trato a las personas arrestadas? Son sólo unos ejemplos.

¿Cómo vamos a poder potenciar esos programas, si no conocemos sus alcances reales, sus posibles puntos débiles? Hacer política social a ojo de buen cubero es jugar al tío Lolo.

Tal vez de eso se trata. De que las decisiones gubernamentales sean objeto de propaganda, pero no de medición. De que no se sepa su impacto real. De que, al no conocerse los efectos, las políticas sigan iguales, como fueron diseñadas desde arriba, sin cambios o modificaciones.

Tal vez también se trata de evitar que haya datos incómodos, y evaluadores críticos que puedan sustentar con datos sus análisis. La opacidad a veces es cómoda.

O tal vez no. En ese caso, se trataría solamente de una miopía extrema, que tasajea presupuestos sin tomar en cuenta las consecuencias. Y, simultáneamente, de falta de diálogo entre el gobierno y los órganos autónomos del Estado, porque podría llegarse a acuerdos sobre cuáles ejercicios estadísticos posponer, atendiendo a las prioridades nacionales.

Lo que es seguro es que el gobierno no está peleado con los censos. Ahí está, como muestra, el Censo del Bienestar, en el que se levanta un padrón gigantesco de beneficiarios de diferentes programas. Pero, claro, ese padrón no lo levanta el Inegi, que es autónomo y, por tanto, antipático.

Para decirlo en breve, los intereses son otros.

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