Como ya es costumbre desde hace varios años, el martes de la semana que recién concluyó se publicaron los resultados del Índice de Paz México 2019, (IPM19). El instrumento es elaborado por la organización civil australiana Vision of Humanity, como una contribución a la construcción de lo que distintas organizaciones multinacionales llaman la “paz positiva”, distinta de la ausencia de conflictos o violencia, la llamada “paz negativa”. La paz positiva es una condición más compleja, un concepto más ambicioso de paz. Representa la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades de sus ciudadanos, disminuir los agravios que surjan y solucionar los demás desacuerdos sin usar la violencia.

Los autores del índice dejan en claro que México sí tiene la capacidad para mejorar sus niveles de paz positiva, pues “presenta niveles más altos de Paz Positiva que de paz negativa, lo que indica que tiene la capacidad de mejorar su nivel de paz y su clasificación en el Índice de Paz Global, si fortalece sus Pilares de Paz Positiva más débiles”.

En este sentido, uno de los pilares de paz a los que el país necesita prestarle mayor atención es el de la corrupción. Desde 2005 y hasta el año pasado, la corrupción en México empeoró en doce por ciento. La corrupción es un grillete que impide que México logre muchas de las cosas que sus habitantes merecen y necesitan para tener vidas más plenas, más productivas, en las que sus derechos sean respetados y que permitan el mayor desarrollo posible de sus habilidades, pero no es el único grillete.

Otro problema central es el de la mala distribución del ingreso. México siempre ha sido, desde el periodo colonial, una sociedad profundamente desigual, injusta, discriminadora, y esas tendencias lejos de cambiar han empeorado en años recientes, lo que alienta una atmósfera que, lejos de facilitar la construcción de una paz positiva, lo hace crecientemente difícil, pues mucha de la injusticia en la distribución de ingresos sólo se sostiene gracias a distintas formas de violencia.

La violencia incluye, de manera muy destacada, la que se ejerce contra los periodistas. Ésta aumentó al mismo tiempo que aumentaba la desigualdad. Mientras que la desigualdad, medida como “distribución equitativa de los recursos” aumentó en poco más de doce por ciento de 2005 a 2017, el “libre flujo de la información” se deterioró en seis por ciento.

Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que en México faltan jueces y magistrados, algo que ya antes había adelantado el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas, y a México le faltan también policías, muchos policías. El IPM19 enfatiza que México es el país que menos invierte en seguridad tanto en América Latina como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Que lo seamos en la OCDE sería más o menos comprensible dadas las diferencias que guardamos respecto de los países que integran ese organismo multilateral. Que lo seamos en América Latina hace inevitable preguntar por qué es que gobiernos de distinto signo, tanto en el ámbito federal como estatal, consintieron una situación así. Y lo que es peor, muchos de los pocos recursos que se asignaron se fueron en el sostenimiento de los lujos que caracterizan la vida cotidiana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades de la República.

Lo que resulta de ello son monumentales pérdidas económicas que el IPM19 cifra, sólo para 2018, en 5.16 billones de pesos. El Índice está disponible en http://bit.ly/IPMx2019.

Manuel Gómez Granados

manuelggranados@gmail.com